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Ponencia del profesor Alejandro Castillo Rivas, Vicerrector Académico de la Corp. Univ. Republicana; filósofo y magister en Dirección Universitaria, en la Cátedra Eduardo Umaña Luna, de la Universidad Nacional de Colombia, sobre los problemas que afectan la calidad y la equidad de la educación superior en Colombia. |
Agradezco de manera especial al Director de la Cátedra Eduardo Umaña Luna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, por la invitación para disertar con los estudiantes sobre las políticas, normas y problemas persistentes que afectan la calidad y equidad de la Educación Superior en Colombia, a partir de mi experiencia como docente y directivo universitario en instituciones públicas y privadas, ideas y reflexiones que están recogidas en los artículos publicados virtualmente, el Observatorio de la Universidad Colombiana, de los que destaco los siguientes: “Una visión optimista del Acuerdo por lo Superior”del 05 de Septiembre de 2014 ; “Dos décadas de intervencionismo en la Educación Superior Colombiana”del 09 Mayo 201 y “Competencias, flexibilidad, estándares y aprendizajes”del 27 de Noviembre de 2010.
La complejidad del sistema de educación superior colombiano está determinado por varios factores: su historia misma, que se remonta a la educación escolástica impuesta por la colonia española; la tipología o modalidades de instituciones que la componen (universidades, instituciones universitarias, instituciones tecnológicas y técnicas); así mismo, por su naturaleza pública y privada, calidad y cobertura; políticas y normas que la rigen; así mismo, el cúmulo diverso de intereses políticos, económicos e ideológicos, de las personas o grupos que históricamente han estado el frente del poder.
El supuesto esencial de la educación superior, es que su objeto misional recae sobre el conocimiento, la ciencia y la tecnología, para lo cual re quiere que los docentes, investigadores y estudiantes tengan condiciones de pensamiento crítico e innovativos, lo que histórica y universalmente requiere un reconocimiento de autonomía, precisamente para no perder ese sentido crítico, demostrativo y creativo, que impone la creación y recreación del conocimiento.
Sin embargo, si deseáramos hacer un inventario sobre las políticas y normas de educación superior en Colombia de los últimos 30 años, como bien lo afirma el Doctor Víctor Manuel Gómez en su libro “La Pirámide de la Desigualdad en la Educación Superior Colombiana: Diversificación y Tipología de Instituciones”, publicado en el presente año por la Universidad Nacional, en el sustenta que la década que abarca del año 1992 al 2002, es una década perdida para la educación superior colombiana, en la medida que los problemas de desarticulación de la educación en general (básica, primaria, secundaria y superior) se agudizaron, a pesar de la Ley 30 de 1992 de Educación Superior, Ley 115 de 1994 de Educación General y la posterior Ley 749 de 2002 de Educación Técnica y Tecnología, normas que fueron acompañadas en este periodo por una cascada de decreto, que en la práctica poco o nada incidieron en el mejoramiento de la calidad y en resolver las incoherencias estructurales de la educación superior, entre las que se destaca la relación entre la educación técnica, tecnológica y universitaria, así como la ruptura entre la educación superior, la educación media y básica, y la llamada educación para el trabajo.
Prueba de lo anterior, son las recomendaciones de la Misión de Educación, Ciencia y Tecnología convocada en el año 1994, al respecto invito a leer el Artículo Titulado por el Observatorio de la Educación Superior, Una visión optimista del Acuerdo por lo Superior, lo siguiente: “……… en el que afirmo que la llamada misión de sabios elaboró el documento Colombia: Al Filo de la Oportunidad, posiblemente uno de los mejores diagnóstico prospectivo de la educación; trabajo que la Presidencia de la Republica de ese entonces le asignó a un grupo selecto de expertos académicos colombianos entre los que estaban: Gabriel García Márquez, Eduardo Aldana Valdez, Luis Fernando Chavarro Osorio, Rodrigo Gutiérrez Duque, Rodolfo Llinás Riascos, Marco Palacios Rozo, Manuel Elkin Patarrollo, Eduardo Posada Flórez, Angela Restrepo Moreno, Carlos Eduardo Vasco, todos insignes colombianos de las letras y las ciencias, que bien vale la pena que las nuevas generaciones los conozcan”.
Ante los intentos fallidos del gobierno nacional en el año 2011 de imponer una reforma a la Ley 30 de 1992 de Educación Superior, se le asignó al Consejo Superior Nacional de Educación Superior (CESU), con el Ministerio de Educación Nacional y la participación de un significativo sector de la comunidad académica nacional, elaborar un nuevo diagnóstico y recomendaciones para el mejoramiento de la educación superior.
Culminada esta tarea, con significativo ruido mediático, la Ministra de Educación Nacional anunció en agosto del año 2014, que el “Acuerdo por lo Superior 2034: Propuesta de Política Pública de la Educación Superior en Colombina en el Escenario de la Paz”, consignaba las estrategias y metas para orientar las políticas públicas para la educación superior local, regional y nacional; a corto plazo (2014-2018), mediano plazo (2018-2024) y largo plazo (2024-2034), priorizando metas y resultados en los siguientes puntos: Aumentar su cobertura con inclusión; Mejorar radicalmente la calidad de sus instituciones y programas; Acercar la ciencia, tecnología e investigación al país; Pensar la educación desde las regiones; Acabar las distancias entre la media, la superior y la formación para el trabajo; Mejorar las condiciones de bienestar de profesores y estudiantes; Apropiarse definitivamente de las tecnologías; Avanzar en las tendencias internacionales; Diseñar un nuevo modelo de inspección y vigilancia y Asegurar la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior.
Como ha sido una constante, las instancias de poder del Estado, del gobierno y aun el sector empresarial colombiano no atendieron las recomendaciones, metas y estrategias planteadas en el “Acuerdo por lo Superior 2034”, como ya había sucedido con la Misión de Sabios de 1994, en la práctica poco o nada se acogió a las decisiones que concretan en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, aprobado por el Congreso de la Republica en junio de 2015, pues de manera discursiva se le da a la educación “toda la fuerza”, para que se transforme en el centro de la reconciliación, justicia social y desarrollo con equidad; a tal punto que el Señor Presidente de la Republica, la Ministra de Educación Nacional y el Director de Planeación Nacional, plantearon que todo estaba dirigido para que en el año 2025 Colombia fuera el país más educado de América Latina, a pesar de los nefastos resultados en las pruebas Pisa, del escaso desarrollo en ciencia y tecnología, los bajos resultados de calidad de las universidades colombianas, frente a la alta competitividad de varias de las universidades latinoamericanas (México, Argentina, Brasil y Chile), que aparecen mejor clasificadas en los ranquin internacionales, en la medida que solo dos instituciones colombianas, la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, están dentro de las 500 mejores del mundo, cuando en los otros países de la región sus mejores universidades están entre las 200 del mundo.
Para hacer creíble el eslogan gubernamental de hacer de Colombia el país más educada de américa latina, las políticas y el presupuesto asignados para la educación superior consignados en el Plan Nacional 2014-2018, deberían ser mucho más contundentes, en cuanto al fomento y expansión de la educación ofertada en las Universidad Pública con calidad, así como la importancia y jerarquía de la ciencia y la tecnología, iniciando con el presupuesto asignado a COLCIENCIAS que permanece estático, más bien con tendencia a la baja.
En este sentido, son varios los puntos críticos, que la opinión pública y sectores de la educación superior han formulado sobre las políticas, la gestión y el orden de prioridades del Gobierno Nacional, que al parecer se han reducido a un cambio de eslogan, pero que en la práctica continúan en lo mismo: expansionismo sin calidad, con acciones de fomento tímidas; como lo es el programa bandera Ser Pilo Paga, que beneficia a un reducido grupo de estudiantes, que ciertamente provienen de los estratos sociales desfavorecidos; sin embargo por la estructurando del programa favorece es a las universidades privadas, lo evidencian los datos de las instituciones donde se han matriculado los estudiantes seleccionados: Universidad del Norte, Universidad de la Salle, Universidad de los Andes; Universidad del Rosario, Pontificia Universidad Bolivariana; Universidad javeriana, esto se explica entre otras razones, por la política y los instrumentos de fomento centrados en la demanda, sin tener en cuenta particularidades de la oferta, y necesidades regionales, es decir no hay estrategias y mecanismos que estimulen, como prioridad de opción de los estudiantes de Saber Pilo Paga, para que ingresen a los programas de alta calidad de las Universidades Públicas.
Al respecto resalto la postura del profesor Salomón Kalmanovitz, en el artículo publicado en el periódico el Espectador y el Observatorio de la Universidad Colombiana el 18 de marzo de 2016, en el que demuestra como el Programa Ser Pilo Paga es un paliativo que favorece a un reducido grupos de estudiantes, cuya meta es llegar a 20.000; paradójicamente la realidad es que en el año 2014 se graduaron 503.862 bachilleres a nivel nacional, de los cuales tan solo 174.576 lograron ingresan a la educación superior, esto es una tasa de absorción de tan solo el 34.65%, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Educación Nacional ( SNIES), es contundente que más de 329.286 de jóvenes colombianos son excluidos de la educación superior cada año, esto un 65%, que no tienen acceso a las IES (Instituciones de Educación Superior) publicas ni privadas. Para solucionar esta profunda inequidad, el profesor Salomón propone, fortalecer y despolitizar las universidades públicas, fomentar la alta calidad en sus programas, crear nuevas instituciones de educación superior públicas, con suficientes recursos, competitividad académica y científica, tomar como eje de desarrollo y transformación de la educación superior, a las universidades públicas de alta calidad.
Las críticas a las actuales políticas y dirección de la Educación Superior van mucho más allá, a continuación se destacan los siguientes puntos:
| – Dudas en torno de la equidad e impacto real del Programa Ser Pilo Paga,
– Aparente abandono del Ministerio de universidades públicas con problemas de gobernabilidad, como la del Atlántico y la del Tolima, – Afán mediático por encontrar toda clase de irregularidades en las IES, sin ver prudente y jurídicamente los impactos de las declaraciones – Confuso discurso en torno de la educación terciaria, que la opinión pública no termina de entender y el sector tampoco digiere adecuadamente – Estigmatización, y golpe anímico sobre estudiantes y padres de familia, de asemejar a las IES no acreditadas como universidades de garaje – Estilo soberbio del Ministerio frente a las instituciones educativas y los rectores, a quienes poco o nada atiende. – Gusto por mostrar rankings de toda índole, que en vez de ayudar estigmatizan, pues no vienen acompañados de acciones reales de fomento. – Silencio del Gobierno ante los constantes llamados de los científicos y académico para que haya presupuesto y, sobre todo, una política seria de ciencia y tecnología – Estilo impositivo y no consultivo, como se aprobaron, entre otros, las leyes de inspección y vigilancia y del Plan Nacional de Desarrollo – Impactos negativos que traerá para las regiones y mayoría de IES la adjudicación de créditos ICETEX solo para IES o programas acreditados – Anuncios, no traducidos, en hechos reales, sobre mejoras en la financiación de la universidad pública. |
Igualmente, para algunos de los más importantes investigadores, critican con argumentos sólidos tal y como quedo en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación en cabeza de COLCIENCIAS, es un saludo a la bandera en cuanto a recursos, que para algunos analistas como el Dr. Alexander Gómez Mejia docente e investigador de la Universidad Nacional es un “canto de sirenas”, afirmando lo siguiente:
| “Nada estructural se modifica con la nueva propuesta de política CTI del CONPES. No vale la pena seguir ilusionando con reformas de papel las expectativas de un cambio real en el modelo económico del país. En esto es preferible apostar a que se concreten el acuerdo de paz que se cocina en La Habana y los progresos que se realizan actualmente en infraestructura en el país. La CTI permanece por ahora como un canto de sirenas.” Observatorio de la Universidad Colombiana, 14/01/016 |
La llamada Educación Terciaria, otro de los proyectos estratégicos del actual gobierno, donde están fincadas las expectativas para aumentar significativamente la cobertura de la educación superior en Colombia, para pasar de una cobertura actual estimada en un 47%, incluyendo los estudiantes de los programas técnicos y tecnológicos del SENA, a una población que supere el 57% de cobertura para el año 2018, propuesta que integraría al actual sistema de educación superior y los programas e instituciones de educación para el trabajo, que actualmente no hacen parte del de la Educación Superior.
Son más las dudas y conjeturas que existen sobre el pretendido Sistema de Educación Terciaria que las claridades, en la medida que el Ministerio de Educación Nacional no ha tenido la suficiente lucidez, para concretar la propuesta ante la comunidad académica. Son muchos los interrogantes en torno a su naturaleza, estrategias y recursos, que generan muchas dudas, de las cuales destaco: ¿cómo afectaría dicha propuesta a las políticas y normas de educación superior existentes?; ¿se fusionarían las IES, así como los programas de pregrado y posgrado, la investigación y la proyección social en el nuevo Sistema de la Educación Terciaria?, sin haber resuelto los graves problemas estructurales que persisten, todo por el afán de mostrar resultados cuantitativos, cuando la realidad es que las tasas deserción acumulada de estudiantes es de más del 45%, es decir de cada 100 estudiantes que ingresan a la educación superior casi la mitad no logra culminar y titularse, en lo fundamental por causas económicas, subordinando la calidad y el fortalecimiento de la universidad pública, es lo que se evidencia en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, para la educación superior, aprobado por el Congreso de la Republica.
