Responsabilidad y autonomía universitaria

Uno de los mayores bienes intangibles de las universidades públicas de América Latina es el conquistado en 1918 por la Universidad de Córdoba (Argentina) y otorgado en unos casos o reconocido en otros, desde entonces, a otras universidades de la región, que hoy orgullosamente defendemos: la Autonomía Universitaria.

El voto de confianza que la sociedad y el Estado le entregan a las universidades, a través de la autonomía, las obliga a hacer uso de ella mediante un trabajo serio, transparente, responsable y que fortalezca la calidad con persistencia para lograr así el hábito de la excelencia.

Este trabajo implica que la universidad debe convertir el conocimiento en un bien público, formando ciudadanos íntegros, dispuestos y capaces de transformar la sociedad y eliminar la desigualdad. Pero para esto, las universidades deben gozar de una autonomía real que les permita fijar libremente las prioridades de formación e investigación que consideren  adecuadas para el desarrollo del país. Tener este preciado bien, no da a las instituciones patente de corzo para desconocer obligaciones esenciales ni puede ser confundida con extraterritorialidad o con mentalidad de gueto. En las universidades no podemos eludir, escudados en la autonomía, el escrutinio público, la permanente rendición de cuentas o el respeto a la Constitución y la ley.

Ahora bien, la autonomía universitaria se garantiza, principalmente, mediante la adecuada financiación. Que no es solamente una financiación superficial cuyo fin sea el incremento de la cobertura, sino también orientada hacia objetivos serios y responsables frente al fomento de la calidad. Sin una financiación sostenible de la oferta, garantizada por parte del Estado, la educación superior dejará de cumplir con su responsabilidad, pues su autonomía se verá seriamente limitada y, para subsistir, necesitará desdibujar su esencia como constructora de la nación, convirtiéndose en una empresa en busca de recursos.

Las universidades, y en mayor medida las públicas, rendimos cuentas de nuestro quehacer a la sociedad, y somos objeto de vigilancia permanente de los entes de control del Estado, tales como Contraloría y Procuraduría, como debe ser en lo fiscal y en lo disciplinario. Adicionalmente, el control sobre la calidad a través de mecanismos tales como la Acreditación Institucional, permiten un seguimiento permanente a la calidad que no es necesario duplicar con nuevos mecanismos.

Lamentablemente, con mucha frecuencia nos alertan ciertas acciones sobre las instituciones de educación superior, que sobrepasan la difusa barrera, que existe entre la responsabilidad de ejercer inspección y vigilancia y la autonomía de la que gozan las universidades. La obsesión por la vigilancia no es un buen instrumento de calidad y conduce más bien al fortalecimiento de burocracias que demandan recursos que no fomentan la tan necesaria calidad. En el medio académico, más bien, la confianza es la clave para avanzar hacia la excelencia.

El país de hoy requiere que su universidad dé ejemplo de madurez y de buen uso de su autonomía, que piense de manera crítica y socialmente responsable, con tiempo y motivación, en la Colombia del futuro. Como sucedió en Argentina en 1918, México 1929 y París 1968, en donde los estudiantes universitarios se unieron para proponer y construir esas bases universitarias globales que desde entonces se han vuelto sólidas y universales, hoy más que nunca necesitamos de esa misma fuerza propositiva estudiantil para que en Colombia logremos la paz que tanto hemos esperado.

El pasado miércoles 5 de octubre, en una marcha multitudinaria, los estudiantes universitarios colombianos demostraron su capacidad para construir y pensar un mejor país. Confío en que a la conquista final de la paz para Colombia se sumen los estudiantes y que ésta sea también una conquista para la educación que garantice la financiación, la calidad y la autonomía.