Junio 22/18 El debate de control político fue solicitado por la congresista Olga Lucía Velásquez, a quien la Comisión III de la Cámara de Representantes (de Hacienda y Crédito Público) le aprobó realizar un debate de control político a la ministra Yaneth Giha por la propuesta de decreto que reforma el Sistema de Aseguramiento de Calidad SAC, en virtud de los impactos financieros que el mismo traería tanto al Gobierno Nacional como, especialmente, a las IES.
La citación no viene, como es tradicional, de la Comisión VI, que ve temas de educación, sino la III, que conoce temas como hacienda y crédito Público.
La solicitud se fundamentó en que el proyecto de Decreto “Por el cual se reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y para ello, se subroga el Capítulo 2 y 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 –Único Reglamentario del Sector Educación”, cuya nueva versión, que está en Presidencia de la República no se conoce, estaría afectando el derecho fundamental con connotación económica y financiera de grandes proporciones en el desarrollo de las regiones y en la sostenibilidad de las IES.
Una interpretación del decreto sugiere que las IES, en caso de no cumplir con las nuevas condiciones, difícilmente podrían recuperar las inversiones económicas en el tiempo, por cuanto podrían perder su capacidad de ofertar por decisión gubernamental. El cumplimiento exigido de las condiciones institucionales, con las nuevas reglas del Ministerio, llevaría a las IES a cerrar la matrícula para que estudiantes nuevos ingresen a sus programas, lo cual afectaría indudablemente la sostenibilidad de la IES y, por consiguiente “una muerte anunciada”, la desvinculación de docentes y un fuerte impacto rural, entre otros. Para el caso de las IES públicas, esta medida no solo afectaría su sostenibilidad, sino que tendría que realizar inversiones con un alto grado de incertidumbre, poniendo en peligro su existencia y desde luego, verse abocadas a asumir, en caso de no cumplir la “Condición Institucional” con un detrimento al patrimonio y sin lugar a dudas a un incumplimiento por parte del Estado del mandato constitucional y al principio de progresividad generando la inestabilidad financiera para las instituciones.
Uno de los argumentos de quienes no comparten la forma del decreto, es que éste va en contra de los mismos propósitos del gobierno en el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 –, que propone, entre otros aspectos:
- La construcción de la paz, la cultura ciudadana y el sentimiento de Nación. Impulsar el desarrollo humano, la sostenibilidad y la equidad de la educación.
- Reducir los altos niveles de inequidad y las brechas regionales.
- Construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de género.
- Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación.
- La importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por la participación del gasto educativo en el PIB y en el gasto del Gobierno, en todos sus niveles administrativos.
Como lo informó este Observatorio, los propios funcionarios del Ministerio han advertido a la ministra y a la viceministra sobre el riesgo procedimental, operativo y presupuestal de implementar el decreto (ver Mineducación insiste en decreto del SAC, pese a inconformismo de sus propios funcionarios), y esto se confirma en el hecho de que el Ministerio reconoce que no hizo estudios de impacto financiero ni pruebas piloto para la implementación del posible decreto.
