Marzo 3/20 Al paro estudiantil, en rechazo a la entrada del Esmad al campus, se sumó la angustia por la aparición de panfletos amenazantes, firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Incluso, estudiantes de ingeniería dicen que la universidad enfrenta problemas de caja (ver nota al respecto en Facebook). Mientras que el paro sigue, se realizan asambleas estudiantiles, y trabajadores piden a los estudiantes que los dejen ingresar a sus oficinas para laborar.
En los papeles que aparecieron en las últimas horas en varios sitios de la Universidad se amenaza a organizaciones estudiantiles y sus integrantes. Hablan de un “proceso de inteligencia” y llama guerrilleros a miembros de la comunidad universitaria (10 sindicatos y asociaciones y 5 personas son mencionadas). Entre las organizaciones amenazadas se encuentran AsoprUDEA, CooprUDEA, Sintraunico, SintraUDEA, AspUDEA, entre otros.
“Los tenemos identificados se comportan dentro de la ley, dentro de sus estatutos y cesan definitivamente las revueltas, las bombas o serán exterminados”, señala el panfleto del Clan del Golfo.
El rector de la U. de Antioquia, John Jairo Arboleda (foto), lamentó el hecho, que se da en momentos complicados para la Institución por la decisión de los estudiantes de estar en paro en rechazo a la decisión del alcalde Daniel Quintero de combatir la violencia de las manifestaciones estudiantiles autorizando el ingreso del Esmad al campus, y al mismo tiempo cuando el gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, defiende su iniciativa de quitar las rejas y las mallas de los campus universitarios.
«Nos preocupa porque es la persistencia de actores armados en un campo universitario, nosotros nos hemos declarado enemigos de cualquier acto de violencia», afirmó Juan Esteban Pérez, Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia.
Rector Arboleda rechaza Esmad y llama al diálogo
Este es el texto del comunicado:
Apreciados estudiantes, me dirijo a ustedes en medio de una coyuntura compleja para el país, que ha generado expresiones que afectan a la Universidad de Antioquia en sus actividades misionales. Cuando avanzaba en la escritura de esta comunicación conocí un escrito que amenaza a miembros de nuestra comunidad, como universitario y representante legal de la institución manifiesto mi rechazo enfático a este tipo de intimidaciones.
Hago un llamado a las autoridades competentes para que actúen de manera inmediata y diligente, en pro de garantizar la atención y protección a los directamente afectados, a quienes les expreso mi solidaridad. Insisto en mi proclama para que la Universidad sea un territorio de paz, donde los diferentes tipos de violencia —independientemente de su naturaleza y origen—, no encuentren lugar, ni acogida.
La comunidad universitaria ha expuesto, de manera cada vez más precisa y clara, su rechazo e indignación antes las intimidaciones, amenazas, el uso de artefactos explosivos, y cualquier otra acción que ponga en riesgo la integridad física y emocional de universitarios, vecinos, aliados y visitantes.
Como Rector he respaldado ese rechazo a las vías de hecho e insistido en la urgencia del debate argumentado, estoy convencido de que podemos tramitar las diferencias utilizando el diálogo como camino, con la universidad abierta y funcionando, para generar reflexión al interior de las aulas y promover espacios académicos para los temas de coyuntura, que afectan a las universidades; a la región y al país.
Asimismo, como lo he expresado en diversos medios de comunicación regionales y nacionales, y como ha quedado registrado en nuestros medios institucionales, estoy en desacuerdo con el ingreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios —Esmad— a la Ciudad Universitaria. He sido enfático en afirmar que bajo los conceptos jurídicos de razonabilidad y proporcionalidad, esa intervención es inconveniente; considero que agrava lo que pretende resolver y puede traer consecuencias delicadas para la integridad y la vida de las personas.
Desde el momento en que se conoció la decisión de la administración municipal, he realizado públicamente un llamado permanente para que se analice a fondo la medida y se disponga un espacio de diálogo con el gobierno universitario, los estamentos y las entidades y organizaciones que tienen relación con el tema. El propósito es buscar opciones efectivas para tramitar las violencias que se presentan en los espacios universitarios, deslegitiman las protestas pacíficas e inciden negativamente en la relación de la universidad con su entorno y con la sociedad a la que se debe.
Con optimismo, participé en la reunión de la comisión accidental 150 del Concejo de Medellín, que sesionó por primera vez el viernes 28 de febrero en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Como parte de las conclusiones iniciales se ha solicitado al Alcalde la suspensión de la aplicación del Protocolo de reacción contra explosivos en las universidades de la ciudad, al igual que la conformación de una mesa de trabajo que debe estudiar la situación y proponer alternativas acordes con la magnitud del problema y sus complejidades.
De otro lado, ante la idea expresada por el Gobernador de Antioquia y presidente de nuestro Consejo Superior Universitario —CSU— de integrar a la Ciudad Universitaria como un espacio urbano bajo el concepto de Univerciudad, debo decir que esta iniciativa no es nueva, en otros momentos de nuestra trayectoria reciente se ha propuesto y, como hoy, ha suscitado todo tipo de reacciones y comentarios. Como Rector considero que es indispensable conocer ampliamente la propuesta y disponer espacios de consulta y conversación que permitan la participación protagónica de la comunidad universitaria para la toma de decisiones futuras.
Por último, sé que existe interés en las organizaciones de estudiantes en conocer avances sobre el caso de agresión sexual que fue denunciado en el mes de noviembre de 2019. Al respecto, puedo decir que con base en la denuncia presentada por nuestra estudiante, hemos adelantado diferentes gestiones para que se investiguen los hechos y se brinde la mayor claridad sobre lo sucedido. Entre las diferentes acciones adelantadas están el acompañamiento legal y psicosocial a la estudiante y su familia, la activación de los protocolos contemplados por la legislación colombiana, la apertura de una investigación administrativa en el interior de la Universidad, incluyendo a la empresa que presta los servicios de vigilancia, y el seguimiento permanente al caso.
En paralelo, y dando continuidad a una tarea que se venía realizando desde antes de que se denunciara el hecho, como administración de la institución seguimos avanzando, a través de la Dirección de Bienestar Universitario, en la construcción participativa de la política para el abordaje de las violencias de género y sexuales. Al respecto, se está trabajando en una propuesta de tipificación de estas conductas como falta disciplinaria.
Como lo he expresado en otros momentos, reitero nuestra disposición como administración para mantener un diálogo permanente y fluido con los estamentos universitarios. En coyunturas como las que vivimos resulta fundamental reconocer las diferentes posturas y posibilitar acuerdos, sobre los asuntos más definitivos de la vida institucional. Mantener la universidad abierta y funcionando es mi apuesta, considero que de esa manera avanzamos en la solución de los problemas y simultáneamente mantenemos activos los espacios de deliberación y participación.
