Alfonso Tamayo Valencia, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional, muestra las tensiones actuales de la educación Superior: desde el exterior colonizada por políticas neoliberales y en al interior, diluida su identidad por la debilidad en el ejercicio crítico de la comunidad académica regulada por la Ley 30, que no se reforma hace 30 años.
El contexto de la docencia en la educación superior
Como bien lo han señalado diversos autores (Valencia. 2012.De Soussa.(2005) Reyes. 2020. Derrida (2002). la educación superior se enfrenta hoy a profundos retos que tienen que ver con la globalización, la sociedad del conocimiento, el uso de las nuevas tecnologías en la educación, pero también con los cambios paradigmáticos en el orden ético, político, epistemológico, psicológico y pedagógico (Tamayo.2007).
Si a esto se añade la dispersión que la Ley 30 del 1992 permitió para el sistema de formación profesional al establecer una taxonomía jerárquica entre Universidades, Instituciones de Educación superior, Institutos Tecnológicos y Técnicos que diluyó el estatuto mismo de la universidad tradicional, separó la docencia de la investigación y privilegió una cierta mirada pragmática en función de las necesidades del mercado y los empleadores, convirtiendo el SENA en el referente para la enseñanza técnica y tecnológica.
Tendríamos que reconocer que el sistema se encuentra disperso en una gama de instituciones que, aunque reguladas por la Ley 30, se mueven desde diferentes intereses, poblaciones y sujetos de formación. Según la OCDE (2016) el sistema de educación superior debe estar en función del eficientismo económico y neoliberal siempre regulado por un sistema de aseguramiento de la calidad que permita “conectar la universidad con la economía y el mercado liberal” (pag 268), se reconoce el avance en cuanto a matrícula cuya cobertura alcanza ya el 50% y pondera la labor del ICETEX y las pruebas SABER PRO…pero se queja de la autonomía consagrada como derecho en la Ley que hace que “la gestión se vuelve difusa” así como valora el apoyo del SENA que alcanza cubrir el 18% del presupuesto para la enseñanza técnica y tecnológica señalando que cada vez crece más la autofinanciación en las universidades públicas que bordea el 47% y hace un llamado a que los departamentos aporten también para el financiamiento en sus regiones.
En este informe del 2016 se señalan 32 universidades públicas, 50 privadas, 29 Instituciones de Educación superior públicas y 92 privadas, 12 Institutos tecnológicos públicos frente a 39 privados, 9 Institutos técnicos públicos y 25 privados para consolidar así 82 públicos y 206 privados. Estos números dan 288 Instituciones de Educación Superior, pero nada dicen de la jerarquización del sistema y de los abismos existentes entre el costo de las matrículas en algunas privadas, el marchitamiento de la financiación a la universidad pública y la baja calidad en la enseñanza llamada tecnológica y técnica, reducida a una formación para el trabajo ligada a competencias laborales en un modelo conductista de enseñanza programada (Casasbuenas.2020).
Comparan la educación superior en Colombia con la región y encuentran que si bien la cobertura es del 47% (con la inclusión de los alumnos del SENA) está por debajo de Chile 79% y el promedio de la OCDE 72%. Señala también la deserción que raya en el 45%, más alta en el décimo semestre y el acceso discriminado ya que el 53% de estudiantes que acceden pertenecen al quintil más adinerado mientras solamente el 9% del quintil más pobre tiene acceso a la educación superior.
La universidad no ayuda a superar las brechas de desigualdad, mucho más grave cuando se mira la distribución de la oferta en las regiones rurales y en los Departamentos más pobres.
En Bogotá un estudiante puede elegir entre 280 programas acreditados, pero no es lo mismo en Sucre, Amazonas o Putumayo. Se lamentan en el informe del bajo desempeño en las pruebas SABER PRO y muestran que la formación de docentes para el sistema de educación superior mantiene niveles bajos de formación: pregrado 37% Especialización 33.9%, Maestría 22.8% y Doctorado 5.8% sobre un total de 1.165.950 docentes. (datos 2016 es posible que haya cambiado por el auge de los posgrados)
Esto sin abordar la pregunta por las plantas de personal docente que en la universidad pública es cada vez menor, ya que con el recurso al profesor ocasional es mucho más barato contratar tres ocasionales que un profesor de planta, caso UPN donde el 83% de los docentes es vinculado por contrato de 5 meses y sin contar las particularidades de ser docente en un país con gran desigualdad social, corrupción, violencia, desplazamientos y pobreza galopante, desprecio por la vida y una deuda social histórica que en los últimos años ha “desbordado la copa”(Archila y otros.2019) y ha generado movimientos sociales que, como siempre, han sido sofocados con más violencia.
En esta mirada general al contexto podemos identificar, desde el punto de vista de la política en educación superior por lo menos cuatro imperativos que marcan el que hacer docente en la instituciones así:
Estandarización del aprendizaje y de la enseñanza -Prescripción de un currículo único basado en competencias -Modelo de reforma en función del mercado-Vigilancia y contabilidad a través de las pruebas SABER PRO y de los requisitos para el registro calificado, que ahora exigen los resultados de aprendizaje, sin ningún debate pedagógico, epistémico o ético sobre la comprensión humana y la evaluación.(Díaz 2018)
Todo esto a tono con la política internacional agenciada desde la OCDE caracterizada por el enfoque de la formación profesional centrado en los resultados de aprendizaje, el auge del uso de las nuevas tecnologías, la aplicación de un modelo gerencial en la gestión de todo el sistema y un pragmatismo del saber hacer en torno al lenguaje de las competencias en los programas.(Barnett.2001-Socolpe .2002-Evaluando-nos. 2016-Moreno.2016-)
Eficiencia, eficacia, pago por mérito, contabilidad, rúbricas, formatos de control de calidad, resultados, incentivos, evidencias, rendición de cuentas, estándares, competencias, tareas, pruebas y vigilancia permanente mediante los organismos de control, han convertido a la universidad en una empresa, los docentes en funcionarios y los estudiantes en clientes. Ese lenguaje instalado no es neutral ni consecuencia de las innovaciones posmodernas, es al contrario un real dispositivo de control que regula y direcciona la vida institucional desde los intereses de la economía neoliberal.
Dennis Shirley caracteriza esta política internacional desde cinco imperativos que hay que cambiar (Shirley.2007).
“Estos viejos imperativos del cambio educativo son el resultado de políticas que se han instaurado por más de un cuarto de siglo y que han sido codificadas en leyes para ser establecidas en las instituciones. Estos son: El imperativo ideológico, que ha enfatizado la competencia del mercado, la evaluación y la estandarización como instrumentos de mejora, a pesar de la falta de evidencia para apoyar estas directrices. El imperativo imperialista, que ha proyectado esta ideología en otras instituciones y sistemas como la mejor manera de moverse, incluso cuando estos otros sistemas ya habían tenido éxito empleando diferentes modos de organizar su trabajo. El imperativo prescriptivo, que ha estipulado el trabajo diario de los profesores desde los altos niveles de burocracia en las instituciones. El imperativo de mentalidad limitada, que sobrecargó a los educadores con demasiadas demandas desde las políticas, de tal manera que su habilidad para aprender de otras escuelas y sistemas en algún otro lugar ha sido seriamente limitada. El imperativo instrumental, que ha definido estudiantes y maestros en relación con su contribución económica, mostrando un desdén por los valores de la ética, la solidaridad o el servicio social.
Estos cinco viejos imperativos de cambio educacional han dirigido a los educadores hacia el logro de un objetivo común: evaluar para rendir cuentas, jerarquizar y excluir. Pedagogía, currículo y evaluación se volvieron estrechamente alineados uno con el otro para penetrar sin permiso en las aulas en función del dispositivo de control agenciado desde la OCDE, cuyo lenguaje sacado de la administración de empresas invisibiliza el campo de la pedagogía y reduce el docente a cumplir con los requisitos del control de calidad. (Rizvi,F y Lingard,B. 2013). Las electivas, el aprendizaje basado en proyectos y los programas interdisciplinarios de estudio fueron reemplazados con un currículo predeterminado, que apunta cuidadosamente hacía los resultados de las pruebas. Los programas de educación docente y los salarios de los maestros fueron transformados. Los viejos imperativos comercializaron agresivamente una metodología tradicional, el currículo estandarizado y el dominio de competencias, todo esto apoyado en evaluaciones”.
De acuerdo con Boaventura de Soussa Santos (2005) al modelo neoliberal y privatizante que pone la educación superior en función de las necesidades del mercado, es preciso anteponer otro democrático y público que recupere la autonomía de la comunidad académica, para organizar un gran movimiento pedagógico por la legitimidad, la institucionalidad y la hegemonía de la Universidad como epicentro de la argumentación racional, el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento científico y de saberes al servicio de un proyecto de nación.
Ante este panorama desalentador, vale la pena volver a preguntarnos: ¿y quién es el docente universitario?¿ alrededor de qué saberes identifica su profesión?¿ cómo se posiciona frente a la crisis?
Referencias bibliográfícas:
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