Oct/23 Ladino es profesor asociado de la ESAP. Doctor en Gobierno y Administración. Integrante del grupo Estado y Poder de la ESAP. Autor de libros y artículos académicos, diagnostica lo que pasa en esta IES. Tomado de https://revistametro.co/.
Hace dos semanas los estudiantes del pregrado en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP – en Bogotá se declararon en “asamblea permanente”.
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Los alumnos, cansados de la falta de atención por parte de las nuevas directivas nombradas por el presidente Gustavo Petro desde septiembre de 2022 han sabido expresar un malestar que se percibía entre los estudiantes del programa de Administración Pública Territorial, los funcionarios de la sede Bogotá, las 16 direcciones territoriales y los más de 1.200 docentes de carrera, ocasionales, visitantes y de hora cátedra.
La ESAP no es muy conocida entre la sociedad colombiana, aunque nació con el Frente Nacional, en 1958, junto con la repartición del Gobierno Nacional, el Congreso y el poder Judicial, entre los dos partidos tradicionales: Liberal y Conservador.
Además de la ESAP se dio comienzo al Departamento del Servicio Civil, el cual tenía como tarea central ayudar a definir las políticas sobre los funcionarios del Estado en todo el país.
Aunque en un principio se ubicó en la ciudad de Bogotá (junto al Palacio de Nariño, en la calle sexta con carrera séptima), 16 años más tarde se empezaron a crear las direcciones territoriales, hasta llegar a 16 en la actualidad (ver www.esap.edu.co), con el objeto de llevar los procesos de capacitación a funcionarios de los departamentos y municipios que por los 70’s ya existían en Colombia.
En los 90’s la sede Bogotá pasó a un nuevo edificio que fue premio nacional de arquitectura, en el Centro Administrativo Nacional -CAN-, junto a los Ministerios de Educación, Defensa y Transportes, el DANE, la Armada Nacional, la Clínica de la Policía Nacional y el Hospital Universitario de la Universidad Nacional, entre otras entidades.
Por esta razón la ESAP es muy conocida entre los ciudadanos que trabajan con el Estado colombiano, sea en el nivel nacional, en la Presidencia, en los Ministerios, en las Superintendencias, en el Poder Judicial, o en el Legislativo, en las Gobernaciones y los municipios y distritos del país.
Con la expedición de la Constitución de 1991 se aprobó la descentralización política, administrativa y fiscal de los departamentos colombianos y se ratificó la descentralización en los mismos aspectos que se habían iniciado con la reforma Constitucional de 1986.
Esta descentralización del poder ejecutivo que se hizo, tal vez, 40 años más tarde de lo necesario, es una explicación del porqué los actuales gobernadores y alcaldes, en todo el territorio nacional, encuentren tantas limitaciones para solucionar problemas sociales, como la falta de vivienda, de acueductos potables, de alcantarillados, de centros de salud y de instituciones educativas.
Otro aspecto que ayuda a explicar los problemas de violencia desaforados es la elevada corrupción que se desató con la entrega de los recursos públicos a grupos regionales y locales que no entendieron que de lo que se trataba era de atender a la población que llegaba angustiada a los centros urbanos y, por el contrario, están convencidos de que el máximo logro es apropiarse indebidamente de lo público.
Y con las importantes reformas que se produjeron en 1991, que significaron, entre otras, la expedición de la Ley 30 de 1992, buscando mejorar la Educación Superior en Colombia, la cual presentaba cifras muy por debajo de los demás países latinoamericanos, la ESAP no se reestructuró -como debió ser – para convertirse en universidad de Administración Pública, con tres o cuatro facultades en áreas o disciplinas diferentes del conocimiento, sino que se mantuvo como un establecimiento público adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-, y al servicio de la repartición de puestos y contratos heredada del Frente Nacional. Y así se ha mantenido hasta hoy.
Por todo ello, la llegada de Gustavo Petro al Gobierno Nacional ha generado una expectativa inmensa entre los estudiantes, funcionarios y docentes de la entidad, pues se empezó a ver, por primera vez, la probabilidad de llevar a esta institución de Educación Superior a la condición que mejor le permitirá colaborar a la sociedad colombiana y al Estado nacional: ser universidad pública dedicada a la formación de los futuros administradores públicos en las diferentes ramas del poder, en los órganos de control, en las entidades autónomas y en las entidades territoriales.
En la actualidad el programa presencial de Administración Pública tiene más de mil estudiantes, y el programa a distancia de Administración Pública Territorial cuenta con más de 17 mil, el 90% de ellos de estratos uno y dos. Es decir, que en la ESAP estudian los jóvenes de familias pobres de todo el país.
La institución cuenta con dos maestrías en Administración Pública (a distancia y presencial) y de Derechos Humanos y Transición al Postconflicto (a distancia), y ocho especializaciones presenciales y a distancia.
Pero la ESAP, con más de 700 funcionarios y 1.200 contratistas, realiza actividades de capacitación a funcionarios de los departamentos y municipios en todo el territorio nacional; también capacita a líderes comunitarios y a miembros de Juntas de Acción Comunal, de asociaciones locales y de sindicatos, etc.
En algún momento de la historia reciente, la ESAP mostraba en sus cifras que había capacitado a mas de 150 mil funcionarios y contratistas del Estado en todos los niveles.
También la ESAP adelanta consultorías en los municipios de 4, 5 y 6 categorías, que son las entidades territoriales con menor capacidad institucional o fuertes limitaciones en su toma de decisiones y ejercicio de gobierno para conseguir gobernabilidad.
De acuerdo con las necesidades que expresan los mandatarios locales, se los acompaña en procesos de planeación, de formulación de proyectos, de creación de oficinas o dependencias, de ajustes en sus nóminas de personal, del control interno o del control interno disciplinario.
Este año la ESAP está ayudando a casi 350 municipios afectados por el conflicto interno colombiano y ha venido colaborando en los PEDTS, aprobados con los acuerdos del Teatro Colón en 2016.
Cuando el presidente Gustavo Petro designó como director nacional de la ESAP al docente Jorge Iván Bula Escobar, doctor en Sociología y profesor de carrera de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, se revivió esa expectativa. Ya con un anterior director, en los tiempos del presidente Duque, se había experimentado una alegría similar y un notorio entusiasmo en su comunidad educativa tanto en Bogotá como en todo el territorio nacional.
Con la posesión del doctor Bula Escobar se pensó que había llegado la hora para superar la larga historia de desconexión entre las directivas nacionales y los docentes y estudiantes de la entidad.
Se dio un compás de espera, pues el profesor Bula no conocía la entidad, y la primera incomodidad interna fue que se deshizo de los profesores conocedores y experimentados de la entidad, para traer a un grupo de profesionales ‘externos’ que, como él, tuvieron que dedicar muchas semanas y meses a entender a esta compleja entidad heredada del Frente Nacional, con prácticas propias de la administración pública de antes del 1991, ya consideradas obsoletas por los procesos contemporáneos de gestión pública.
La gobernanza, que no es más que el arte de sentarse a gobernar conversando con los diferentes actores institucionales para tomar las decisiones estratégicas, brilló por su ausencia. Las visitas que empezaron a realizar los nuevos directivos no permitieron el diálogo sincero y profundo sobre las problemáticas institucionales que llevan varios decenios sin solución en el quehacer cotidiano de la entidad.
Un programa de doctorado en Administración Pública, diseñado con deficiencias por un grupo de asesores de las dos administraciones anteriores, debe ser replanteado por un grupo de docentes con la formación académica necesaria, acompañados de otros docentes de universidades nacionales o de otros países, para atender la formación, en primer lugar de los mismos profesores de la ESAP, en los próximos años.
Las sedes más de cinco direcciones territoriales presentan problemas serios de infraestructura, dotación y condiciones propias de una seccional universitaria del Siglo XXI: Tunja, Medellín, Cali, Neiva, Barranquilla, Santa Marta y Yopal. Aunque han aparecido en los planes de infraestructura de hace más de 10 años nunca se han mejorado. Y en Neiva y Santa Marta los edificios están a medio hacer, como evidencias de ‘elefantes blancos’ propios de la administración pública frente-nacionalista del Siglo XX.
Y, mientras tanto, los estudiantes pacientemente han aceptado estudiar en condiciones deprimentes y con muchas restricciones. La sede de Cartagena, que atiende 19 Cetap en cuatro departamentos, se encuentra cerrada hace cinco meses o más por daños en una planta eléctrica. Los estudiantes realizaron un plantón el pasado viernes. En Puerto Carreño, Inírida, Mitú y Leticia, ámbitos de frontera internacional, la ESAP debe realizar una mejor presencia, como lo hace en San Andres Islas desde 2021. Así se han graduado centenares de estudiantes del programa de pregrado a distancia que se ofrece en Colombia.
La educación a distancia convertida en virtual por la pandemia del Covid-19 durante los años 2020, 2021 y 2022, no retornó a su condición inicial de “distancia tradicional” sino que las nuevas directivas, desoyendo las recomendaciones de los docentes, decidieron mantener la “tutoría remota”, rompiendo la naturaleza del programa registrado en el Mineducación y ahora con acreditación de alta calidad, sin contar con todos los apoyos tecnológicos necesarios en la plataforma Moodle que se ha contratado por razones de la mencionada pandemia.
El malestar se ha ido incrementando por la falta de sinceridad de las directivas y no aceptar que se dejó de presupuestar en los años 2021, 2022 y 2023 el recurso necesario para volver a la presencialidad en la educación a distancia.
A pesar de las prioridades que ha expresado el presidente de la República y lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, las directivas no avanzaron en la creación de programas de ‘hambre cero’, para beneficio de los más de 18 mil estudiantes de estratos 1 y 2 y de funcionarios y contratistas que reciben hasta dos salarios mínimos de remuneración mensual. Tampoco se consideró la propuesta de dotar a más de 10 mil estudiantes del programa a distancia de pregrado con dispositivos (RaspBerry pi) que les facilite la conexión, desde sus casas o lugares de estudio, con las sedes de la ESAP o las grandes ciudades, donde se ubican los docentes, a precios bastante cómodos.
Contrario a ello, se ha criticado la propuesta realizada por la Subdirección Académica de construir 86 ‘aulas híbridas’ en Bogotá y las 16 sedes territoriales (recordemos que más de seis direcciones no cuentan con sedes construidas) y con un costo aproximado de $5 mil millones. Según expresiones de docentes y algunos estudiantes, estas aulas tendrían sobrecostos y no solucionarían los problemas de los estudiantes que se conectan a las sesiones remotas usando celulares o computadoras compartidas con otros miembros de la familia (recordemos que son de estratos 1 y 2).
Todos estos elementos han generado el ‘coctel molotov’ de la asamblea general permanente que activaron los estudiantes de Bogotá y a la que se han unido estudiantes de algunas territoriales, los cuatro sindicatos de funcionarios y docentes y los docentes de Bogotá, mediante comunicados que han publicado por redes sociales en las últimas dos semanas.
El miércoles y jueves de la semana que termina el señor director nacional con su equipo directivo intentó aproximaciones con los estudiantes, quienes pidieron un tiempo prudencial para consolidar sus peticiones a la administración, reconociendo que también los funcionarios a través de sus sindicatos y los docentes tienen pliegos para presentar.
Simultáneamente, otros actores institucionales se han acercado a voceros del alto gobierno para manifestar sus propuestas entre las que se encuentra la de convertir a la ESAP en una Universidad Pública autónoma adscrita al Mineducación, conservando los recursos de Ley 21 para seguir adelantando los procesos de formación de administradores públicos, capacitación de funcionarios en todos los niveles, y asesorías a municipios de 4, 5 y 6 categorías.
El Gobierno Nacional podría tener un apoyo más sólido con una universidad autónoma que adelante procesos de formación, investigación, capacitación y consultoría hacia la sociedad colombiana y hacia las entidades estatales que lo demandan. La institucionalidad del Estado colombiano en los tres poderes públicos, los órganos de control, las entidades autónomas y las entidades territoriales, recibiría grandes beneficios en las próximas décadas de esta nueva universidad autónoma.
La siguiente semana será importante, pues de seguro se avanzará en la presentación de los pliegos que tienen los diferentes estamentos de la ESAP ante las directivas.
