Feb 15/24 Tanto el rector del Politécnico Grancolombiano, Juan Fernando Montañez (foto) como el representante legal, Jaime Alberto Sarmiento, deben responder por una aparente irregular evaluación de una aspirante a ser Personera de Medellín.
Todo porque el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira de Pereira ordenó 5 días de arresto y una multa de 10 salarios minimos legales vigentes al rector del Politécnico Grancolombiano, Juan Fernando Montañez Marciales, por desacatar una tutela del 9 de febrero a favor de una concursante en un concurso de la Personería de Medellín, Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda, quien consideró que la IES había solicitado sus derechos en el trámite de una solicitud.
El fallo aún no está en firme y hasta el Concejo de Medellín ha respaldado la actuación de la Institución Universitaria respondiendo una extensa comunicación al Juzgado y explicando y defendiendo el actuar de la IES. “La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano cumplió con lo ordenado en la sentencia de tutela”, señala una comunicación firmada por Andrés Felipe Tobón Villada, presidente del Concejo de Medellín, en la que -además- pide al Juzgado Primero Penal del Ciurcuito con Función de Conocimiento de Pereira revocar la sanción impuesta por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira en la providencia del 13 de febrero de 2024.
Pero de confirmarse tanto el rector, como el representante legal suplente de la IES, Jaime Alberto Sarmiento Martínez (quien tendría que pagar 5 salarios mínimos), podrían pagar los días de arresto en las instalaciones que la Policía Nacional indique.
El Politécnico Grancolombiano, organizador del concurso de personeros, habría incumplido una orden del juzgado de reponderle a Cárdenas Sepúlveda una consulta de ella sobre la forma como fue evaluada y que la dejó en una tercera posición entre los aspirantes al cargo de Personero Municipal de Medellín.
“Una vez se formulan las reclamaciones respecto de la prueba de conocimientos y competencias comportamentales, la universidad me reconoce como válida una serie de respuestas dadas por mi parte en la evaluación, lo cual no se reflejó cuantitativamente en el porcentaje asignado para estos valores dentro del concurso. Ante ello, yo procedo a solicitar o activar el incidente de desacato y la jueza una vez analiza mis argumentos encuentra que efectivamente no cedió cumplimiento a lo ordenado por su despacho”, dijo la aspirante.
La Juez que emitió el fallo señala que, incluso con las sanciones de arresto y multa económica, la Institución tiene que cumplir lo solicitado por Cárdenas Sepúlveda.
Así mismo, se pidió compulsar copias a la fiscalía para que investigue si Montañez Marciales y Sarmiento Martínez “con su actuar incurrieron en la comisión del delito de fraude a resolución judicial”.
El Politécnico dice que sí cumplió
“Aclaramos que el reciente fallo no está en firme y la Institución Universitaria ya presentó sus argumentos legales a la revisión de consulta que por ley se tramita y con la que ejerce el derecho de contradicción, demostrando que sí se dio cumplimiento a la orden del juez de tutela, pues la institución contestó a fondo la petición haciendo la revisión correspondiente”, señala un comunicado de prensa de la IES.
“En todo momento, se ha recalcado tanto al Juez como a la señora Cárdenas que, al hacer la revisión solicitada, se evidenció que sus respuestas, que no están abiertas a interpretación, fueron equivocadas, razón por la cual no procedía una variación en su calificación”.
Finaliza señalando que “la institución es respetuosa de las decisiones judiciales y confía en que el juez de consulta decida conforme a la ley y las reglas que gobiernan el concurso, y que en tal sentido reconozca que no existe fundamento alguno para concluir que el Politécnico Grancolombiano ha desconocido la orden impartida por el juez de tutela”.
