Feb/24 Pérez Alemán (*) describe la evolución normativa de los recientes procesos de registro calificado y cómo se ha caído en una sobrerregulación, e invoca a que los pasos que siguen permitan la flexibilidad, agilidad y diversidad.
En los últimos años hemos presenciado el desarrollo regulatorio alrededor de los registros calificados hasta llegar a la expedición del Decreto 1330 de 2019, con el que se esperaba superar las dificultades en los trámites de los registros calificados, pero ante todo reconocer la diversidad de instituciones y programas académicos, la existencia de diferentes modalidades y el papel cada vez más significativo de las tecnologías de la información y comunicación en la transformación de la oferta académica para atender las necesidades de formación de talento humano y satisfacer los intereses de quienes aspiran a ingresar a la educación superior.
Sin embargo, este desarrollo ha resultado en una sobrerregulación, que contradice la intención de fomentar y reconocer la innovación de las propuestas, y en una excesiva complejidad en los trámites. Esto ha significado no solamente tiempos de respuesta que superan ampliamente los previstos en la ley, sino que además hacen que una determinada propuesta una vez puede ser ofrecida haya perdido vigencia ante el ritmo con el que avanzan tanto el conocimiento como las demandas de formación. Además, esta situación deja en evidencia la necesidad de que la educación superior adopte otras posibilidades de formación mucho más flexibles, diferentes a los programas académicos que conocemos.
En febrero de 2023 se expidió la Resolución 2265 que derogó en buenahora las resoluciones relacionadas con los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de programas académicos e institucionales. Así mismo se introdujeron ajustes en los trámites y en el registro en el sistema de información de la calidad de la educación superior – SACES, pues las unas y los otros contribuyeron a la excesiva regulación y a la complejización en la obtención y renovación de los registros calificados.
Posteriormente, con el Decreto 1174 de julio de 2023 se extendió la vigencia de los registros calificados que expirarían en los próximos meses y años con el fin de garantizar la continuidad de la oferta de los programas cuyo registro calificado se encontraba en trámite, así como de las condiciones institucionales de aquellas instituciones de educación superior que no las hubieran obtenido y las que, de esta manera, cuentan con la posibilidad de presentar sus propuestas de nuevos programas académicos. Se espera que con esta medida se reduzca la presión por el represamiento de los trámites administrativos, pero lo cierto es que estas demoras se mantienen y lo que se ha hecho es simplemente diferir en el tiempo esta presión de las IES. Hasta tanto no haya un replanteamiento y una solución de fondo el problema con los trámites de registro calificado se mantendrá.
El Ministerio de Educación Nacional elaboró en el segundo semestre del año anterior una propuesta de modificación del Decreto 1330 de 2019 con algunos elementos llamativos como el reconocimiento de la modalidad híbrida, que hasta ahora no está suficientemente recogida en la posibilidad de combinación o integración de modalidades en el Decreto.
Después de haber sido sometida a comentarios no se ha tenido noticia de qué ha ocurrido con esta propuesta de nuevo Decreto, seguramente porque la misma no abordaba asuntos trascendentales como justamente todo lo relacionado con el procedimiento y el trámite de los registros calificados y la consideración de los resultados de aprendizaje que hacen parte de los resultados académicos que se espera de las instituciones de educación superior y que ha sido fuertemente cuestionados en los últimos años por expertos e instituciones.
Ojalá entonces una eventual modificación del Decreto 1330 de 2019 después de más de cuatro años de su puesta en marcha se adentre en los aspectos relevantes de la forma en que se concibe la garantía de la calidad en la educación superior y de los trámites del aseguramiento de la calidad en el país y resulte en una revisión de la excesiva regulación que hoy tenemos y que se traduce en una oferta que no responde a los avances de la formación que se requiere acorde con los avances tecnológicos. Además, que se trate de una modificación que incentive la innovación educativa y pedagógica.
A este respecto convendría considerar el camino recorrido por las IES en materia de aseguramiento de la calidad durante prácticamente tres décadas y debería ponerse sobre la mesa de discusión si la garantía de la calidad de la educación superior, por la cual debe velar indudablemente el Estado en virtud, entre otras cosas del ejercicio de su función de inspección y vigilancia, debe basarse en la desconfianza, como se ha concebido hasta hoy la verificación del cumplimiento de las condiciones de calidad, o en su lugar debería valorarse y reconocerse en mayor medida la madurez de las instituciones y su capacidad de autorregulación como garantes de la calidad del servicio educativo en el marco de la autonomía que les confiere la Constitución y la ley.
Por supuesto que esto implica una alta responsabilidad por parte de las instituciones de educación superior, quienes no pueden bajar la guardia en su compromiso con la calidad y deben fortalecer indudablemente sus mecanismos internos de aseguramiento de la calidad para hacerse merecedoras de esa confianza. Defraudar esa confianza significaría poner en riesgo incluso su propia sostenibilidad, pues puede decirse, sin lugar a dudas, que la calidad es uno de los principales sustentos de su reputación, del reconocimiento y de la credibilidad de los que gozan por parte de la sociedad.
El abordaje a este respecto puede ser de manera gradual, comenzando con aquellas instituciones de educación superior que han demostrado con creces que están comprometidas con una oferta de calidad, así como avanzar con ciertos niveles de formación y determinados campos de conocimiento. Esto le permitiría al Ministerio de Educación Nacional y al sistema en general, concentrar sus esfuerzos en aquello que represente un verdadero riesgo para el cumplimiento del deber de una educación de calidad.
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*Vicerrector de Desarrollo Estratégico de la Fundación Universitaria San Martín. Experto asesor de la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN en asuntos relacionados con la regulación y el aseguramiento de la calidad de la educación superior. Par académico de acreditación de alta calidad en Colombia y en otros países latinoamericanos.
