Abril/24 Behrentz, rector de la Institución Universitaria UniGermana, y presidente de INCAP, dice -en Portafolio- que o defendemos nuestro sistema de educación (que necesita reformas) o seremos el próximo capítulo de estatización y destrucción de la oferta privada.
Creo que cada vez somos más los que estamos convencidos de que Colombia experimenta un acelerado proceso de transformación, inspirado en el modelo económico, político y social de Venezuela. No importa qué tanto sepamos de las fallas y fracasos de dicho modelo. Dado que la discusión propuesta desde el Gobierno Nacional y sus alfiles es netamente ideológica, no es mucho lo que podemos hacer para lograr consensos y corregir la falsa premisa de que debemos acabar con todo para poder resolver lo que necesita arreglo.
Este bien puede ser el panorama que se avecina para el sistema de educación superior del país, cuando le llegue el turno a este componente de las reformas sociales que promueve el Gobierno. Y para entender tal panorama resulta útil recordar la forma en que el régimen venezolano destruyó lo que en su momento fue uno de los sistemas de educación terciaria más robustos del subcontinente latinoamericano.
Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela contaba con unas 60 instituciones de educación superior privadas, muchas de las cuales gozaban de gran prestigio y lograban atraer estudiantes nacionales e internacionales. En ese momento se inició un proceso de estatización que incluyó sendas políticas y regulaciones, para primero asfixiar y hacer inviables a las universidades, y luego contar con la justificación de una intervención encaminada a lograr el control total o la liquidación de estas.
Aquí cualquier parecido con lo que actualmente ocurre con el sistema de salud colombiano no es coincidencia, sino parte de un libreto de alcance internacional que muchos denunciaron, pero que terminaron siendo vencidos en las urnas durante la última elección presidencial.
Si bien es difícil contar con estadísticas oficiales que sean creíbles en este y otros temas, algunas estimaciones independientes indicarían que durante la última década el número de estudiantes en universidades venezolanas se redujo hasta en un 60%, mientras que varios miles de profesores debieron optar por cambiar de carrera o cambiar de país.
Esta debacle inició con la intervención de los órganos de gobierno de las instituciones privadas: por medio de normas y decretos, los consejos superiores se vieron obligados a aceptar delegados del Gobierno Nacional, primero en números pequeños y luego en suficientes cantidades para lograr influencia y tomarse la administración de las universidades.
Al mismo tiempo, se generaron políticas y directrices que prohibieron los incrementos en el valor de las matrículas y se cercenó todo acceso a fuentes oficiales para financiación de la investigación y la infraestructura educativa en entidades privadas. Todo esto sumado a la imposibilidad de préstamos estatales para los estudiantes de tales instituciones.
Como si fuera poco, la receta que pronto aplicarían en Colombia también incluyó persecución y hostigamiento por parte del Gobierno y la imposición de restricciones ideológicas que minaron la libertad académica y eliminaron la diversidad de pensamiento.
¡Estamos avisados! O defendemos nuestro sistema de educación (que tantas reformas necesita) o seremos el próximo capítulo de estatización y destrucción de la oferta privada.
