Oct 10/24 María Ruth Hernández fue reelegida rectora de la U. Colegio Mayor de Cundinamarca, tras ganar la consulta. No obstante sus rivales piden que se investiga la forma, aparentemente amañada, como actuó el Consejo Superior.
Es común el ruido y las denuncias de supuestas irregularidades durante las campañas de elección y de re-elección de rector, pero es extraño que todos los aspirantes derrotados se pongan de acuerdo para pedir a la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación y a la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, entre otros, que investigan las que ellos consideran irregularidades en el proceso de re-elección de Hernández Martínez, realizado el pasado 26 de septiembre, para el periodo 2024-2028.
Fundamentados en los hechos que ellos vivieron como candidatos y todas las actuaciones del Consejo Superior, a través de Acuerdos, y de la Secretaría General, dicen que les fueron violados sus derechos de participación democrática a elegir y ser elegido y al debido proceso, así como el derecho a la información y a la participación de parte de la comunidad universitaria.
La queja fue interpuesta por los académicos Mirtha Patricia Bejarano Ramón y Edgar Ricardo Monroy Vargas, quienes fueron los otros dos miembros de la terna que buscaron la rectoría además de María Ruth, y otros cuatro exaspirantes: Luis Enrique Castillo Cubillos y Jorge Alberto Rivadeneira Ramírez (habilitados pero que no fueron incluidos en la terna), y Julio César Orjuela Peña y William Gilberto Delgado Munévar (no habilitados para seguir en el proceso, y que según la denuncia habrían sido inhabilitados por requisitos de forma “no exigidos por el Estatuto General artículo 22, violando el derecho del debido proceso de los candidatos inscritos””.
Las supuestas irregularidades denunciadas
En su inconformidad, los seis académicos, tras perder la elección y la consulta estamentaria, que ganó la rectora, seguida del voto en blanco, señalan, entre otras posibles irregularidades, las siguientes:
1) Que inicialmente el el Consejo Superior definió el proceso y desconoció la consulta estamentaria, eliminándola del proceso, tal y como en su momento lo advirtió este Observatorio, y que luego debió corregir.
2) Que no se dio el debido tiempo para que la comunidad universitaria conociera los planes de gestión rectoral de los candidatos, pues estos se publicaron en la web de la IES el 13 de septiembre y la consulta fue el lunes 17 del mismo mes, en aparente desequilibrio informativo con la rectora, que tenía permanentemente información sobre su gestión.
3) Que pese a la definición de la consulta estamentaria, el Consejo Superior no contempló espacios de socialización, deliberación y debate de los planes de gestión rectoral por parte de los aspirantes habilitados ante la comunidad universitaria. “Las solicitudes de apertura de espacios de deliberación e información fueron negados de plano por la administración de la rectora candidata, cercenando la democracia y prohibiendo de facto, el debate y análisis de los planes de gestión rectoral, negando el derecho a la información y participación de la comunidad universitaria”, dicen los denunciantes.
Advierten que la ausencia de espacios de deliberación y de debate de los planes de gestión rectoral por parte de los aspirantes, va en contradicción con el literal b. del acuerdo 15 de 2017, vigente según el concepto 04111 de 2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública, limitándose el derecho de participación democrática a elegir y ser elegido y el derecho al debido proceso.
4) Que resulta muy llamativo que el consejo superior definiera que en un mismo día y una misma sesión para integrar la terna y de inmediato proceder a convocar a los ternados a entrevista para, ipso facto, designar rector. “Extraño proceder, pues el consejo superior universitario actuó en tiempos muy estrechos como juez y parte en el proceso de designación de rector”, señalan.
5) Que tampoco se transmitió en vivo a través de los medios de comunicación institucionales la intervención de los aspirantes ternados, “vulnerando el derecho a la información que tienen los miembros de la comunidad universitaria y la ciudadanía en general”.
Finalmente, los denunciantes también cuestionan la confiabilidad del software que se usó para el voto electrónico en la consulta y dudan sobre si el software y el hardware fueron aprobados y certificados antes de la consulta.
Los miembros del Consejo Superior de Unicolmayor son:
1) Delegado del ministro de Educación Nacional: Jairo Humberto Lara Zárate
2) Representación vacante: Designado del Presidente de la República
3) Delegada del Gobernador de Cundinamarca: Adriana Patricia Berbeo Ortegón
4) Representante de los Ex rectores Universitarios: Carlos Mario de San Nicolás Alzate Montes, exrector de la U. Santo Tomás
5) Representante del Sector Productivo: Zully Marcela Niño Meneses
6) Representante de los Egresados: Duwer Parra Rodríguez
7) Representante de las Directivas Académicas: Eulalia Jaimes Cáceres
8) Representante de los Docentes: Lugo Manuel Barbosa Guerrero
9) Representante de los Estudiantes: Dumar Hernán Cruz Villamil
