Mayo 12/25 En, 2023, con la rectoría de Dolly Montoya la U. Nacional se creó una corporación, supuestamente de la Universidad, que ha generado multimillonarios contratos pero que, a la fecha, la actual rectoría dice desconocer sus números, integrantes y decisiones.
Aunque en marzo de 2023 se presentó como una “organización de régimen privado”, Rotorr se presenta como una entidad sin ánimo de lucro y luego pasó a ser una spin-off para fomentar la ciencia y la tecnología, pero desde la polémica época de cambio de rector, ha estado en el ojo del huracán por sus contratos y, sobre todo, falta de claridad pública sobre su actuar.
Rotorr ha suscrito millonarios contratos con entidades estatales en menos de dos años. Entre ellos, destaca un contrato con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) por más de 25.000 millones de pesos. Además, se han reportado convenios con el ICFES, la Defensoría del Pueblo y otras entidades. En algunos casos, se han presentado denuncias por incumplimientos en pagos a subcontratistas y falta de claridad en la ejecución de los contratos.
De acuerdo con información presentada por la corporación ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en 2024 Rotorr-Motor de Innovación reportó 142 mil millones de pesos en ingresos por actividad ordinaria y 2.600 millones de pesos en utilidades. Y según la Universidad, Rotorr comenzó en 2023 con un presupuesto de 1.000 millones de pesos, y en los estados financieros de 2024 reporta un total facturado de más de 268.000 millones de pesos relacionados con los convenios o contratos celebrados en ese mismo año.
Las críticas nacieron de los cercanos a la actual rectoría de Leopoldo Múnera hacia el grupo de “continuistas”, que trabajaron con Montoya y rechazaban la designación de Múnera.
En 2024, Rotorr implementó reformas estatutarias que, según la Rectoría actual, complicaron la supervisión institucional. Estos cambios incluyeron la ampliación de las facultades del director ejecutivo, la eliminación de límites para contrataciones directas y la modificación de la estructura del Consejo Directivo, dificultando la remoción de directivos y la disolución de la corporación. Estas acciones han sido interpretadas tanto como una posible violación a la autonomía universitaria, como una restricción al control sobre recursos públicos y las decisiones de la entidad.
La situación ha llevado a que, incluso, la propia actual rectoría haya debido interponer recursos legales para conocer la información, sin que hasta ahora la conozca plenamente.
Lo último conocido es que dos profesores de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), acérrimo críticos de la actual administración y cercanos a la anterior y a Rottor, Camilo Younes, exvicerrector de investigaciones y profesor titular en la sede de Manizales (en el centro de la foto), y Diego Torres, coordinador entonces (2023) del Sistema de Innovación, Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento (ITEM) y actual representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario (CSU), perdieron, en primera instancia, una tutela con la que pretendían obligar a la Universidad a despublicar un informe final de la “Evaluación a la participación de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) como miembro en las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) Fase I”, elaborado por la Oficina Nacional de Control Interno, porque sus nombres aparecen allí, y porque consideraban que se estaba violando su buen nombre.
Según la Sentencia, la Universidad argumentó que no se vulneraron derechos fundamentales, que el informe se elaboró de acuerdo con los procedimientos vigentes, que las personas involucradas participaron en las etapas de evaluación y contradicción, y que los accionantes cuentan con otros mecanismos judiciales para resolver sus controversias.
Ante la decisión judicial los profesores anunciaron que impugnarán la decisión para que sea un juez de segunda instancia quien falle de fondo. Ambos nombres se presentaron como de promotores de la Corporación en 2023 por la propia Universidad.
¿Por qué se mantendrá público el informe?
Según el fallo de tutela emitido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de Bogotá, “debe tenerse en cuenta que el contenido del informe tiene relevancia pública, al involucrar aspectos del funcionamiento de una entidad pública, la gestión de sus directivos y la relación con entidades sin ánimo de lucro vinculadas a su actividad misional. La divulgación de este tipo de documentos responde también al principio de transparencia en la función administrativa (artículo 209 de la Constitución), por lo que restringir o suprimir su publicación podría contrariar el interés general y los derechos colectivos a la vigilancia ciudadana sobre la gestión pública”.
Representantes paisas al frente de Rottor
Para la Universidad hay mucha opacidad y falta de información en las decisiones de la Corporación, pese a que el nombre de la IES aparece como principal protagonista.
Según la información pública de Rottor, su representante legal es Jaime Alonso Restrepo Carmona.
Restrepo Carmona fue contratista de la Secretaría de Planeación de Antioquia durante la administración de Luis Pérez, también trabajó en la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín en 2022, administración de Daniel Quintero Calle y, en 2023, prestó servicios a la Contraloría General de la República, justo en el periodo en que esta entidad firmó su primer contrato de inteligencia artificial con la Universidad Nacional, ejecutado por Rotorr.
Se conoce también que la representante suplente es Ana María Velásquez Ángel, quien integró el equipo de apoyo de dos concejales del Centro Democrático en Medellín entre 2020 y 2023, Julio González y Gabriel Dip. Además, fue una de las denunciantes del exconcejal Julio González por presunto acoso.
Caracol Radio ha informado que: los revisores fiscales también son antioqueños. Incluso el rector Leopoldo Múnera ha cuestionado que Rotorr haya cambiado dos veces a los encargados de esa función. Los actuales revisores fueron nombrados el 2 de enero de 2025, en medio de una situación que podría configurar un conflicto ético de interés.
Los nuevos responsables son Jhon Albeiro Botero Viana como revisor fiscal principal y Luis Carlos Carmona Soto como suplente. Sin embargo, llama la atención el documento que acreditó la tarjeta profesional del revisor suplente: un pantallazo de WhatsApp, en el que figura como remitente alguien identificado como Jaime Cano.
Este nombre coincide con Jaime Alonso Cano Pino, quien es accionista de Asecontic y fue revisor fiscal suplente de Think It, dos firmas que han recibido más de 8 mil millones de pesos en contratos con Rotorr. Por lo que, de ser la misma persona, cómo lo asegura una fuente a Caracol Radio, sería un accionista de un contratista y exrevisor fiscal de otro contratista, recomendando al revisor fiscal suplente de Rotorr.
¿Dónde funciona?
No se sabe exactamente. Aunque oficialmente aparece como dirección física la Hemeroteca de la Universidad Nacional en Bogotá, la Universidad dice que no es así.
Se cree que está operando desde Medellín.
Las explicaciones de la actual administración de la UNAL
La Universidad ha insistido en que ha realizado diversas gestiones para obtener la información. “Cuatro derechos de petición y una tutela no han sido suficientes para que Rotorr responda sobre su gestión. El requerimiento más reciente ocurrió el pasado 5 marzo, con la solicitud de entregar los estados financieros, los acuerdos de voluntad (contratos, convenios, entre otros documentos) y las actas de los Consejos Directivos, pero la respuesta de Rottor fue tardía e incompleta”.
También señala que “a la falta de respuesta oportuna le siguió la publicación del último estado financiero de la Corporación en su página web, sin notificarle a la UNAL, a pesar de que el reciente derecho de petición indicaba expresamente que se debía informar la fecha del siguiente Consejo Directivo, en el que se aprobarían todos los documentos fiscales del año inmediatamente anterior. Las respuestas incompletas y las limitaciones de acceso a la documentación continúan hasta hoy”.
¿Una entidad sin ánimo de lucro o una spin-off?
La UNAL no sabe responder esto. Dice que “inicialmente Rotorr-Motor de Innovación se creó como corporación, pero no podría ser una corporación si su único miembro es la UNAL, lo cual iría en contra del principio de pluralidad que dictamina esta categoría”, según señala el equipo jurídico de la UNAL.
Luego Rotorr-Motor de Innovación se transformó en una spin-off, que en Colombia se define como una empresa basada en conocimientos gestados en el ámbito de las Instituciones de Educación Superior (IES), resultado de actividades de investigación y desarrollo realizadas en sus laboratorios e instalaciones, o por investigadores vinculados a ellas, entre otras formas.
“Independientemente de la categoría a la que pertenezca (corporación, spin-off…), Rotorr tiene el deber de destinar los beneficios propios de su objeto; pero, al no remitir los documentos en donde se dice cómo se realiza este proceso, la UNAL no puede conocer lo que ha estado ocurriendo realmente”, asegura el equipo jurídico.
Esta dificultad afecta profundamente a la UNAL, pues según la Institución no es posible investigar a fondo quiénes han recibido dinero de los proyectos y contratos que ha tenido Rotorr. Tampoco hay pruebas de que hayan ingresado recursos de esta Corporación a la Universidad Nacional, pues no los registra en sus estados financieros. Entre tanto, el contador de la UNAL, en sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) del 12 de marzo de 2025 celebrada en Palmira, aseguró que: “la única forma de hacer una revisoría sobre este caso es con información, pero infortunadamente nunca llegó”.
¿En qué va el proceso?
En estos momentos la UNAL sigue sin tener acceso a la información completa y sin poder ejercer el debido control frente a la Corporación. “Esto es muy grave porque puede haber contrataciones que la Universidad no conoce, además de que no hay citaciones al rector para que asista a los Consejos Directivos en donde se toman decisiones, y se utiliza el nombre de la Universidad Nacional de Colombia sin autorización del Rector, por lo que la transparencia no existe en un proceso que se dilata cada vez más”, advierte el equipo jurídico.
La Universidad ha hecho público que la Corporación no ha cumplido diferentes solicitudes de entrega de información.
“Este obstáculo le ha impedido a la UNAL poner en circulación la información, algo que debería estar en manos de la comunidad universitaria y las autoridades y áreas encargadas de analizar el problema”, dice la IES.
