Mayo 30/25 La U. Pedagógica crece en edificaciones, gracias a los beneficios obtenidos del Gobierno, pero su deterioro físico interno tiene amenazada la calidad académica, la estética y la convivencia.
Ya son tres los inmuebles que recibe de este gobierno la U. Pedagógica Nacional
Vale recordar que las IES públicas que reciben inmuebles de parte del Estado (por ejemplo los que está entregando la SAE), deben asumir su mantenimiento.
Desde hace semanas los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional vienen protestando por el abandono de la sede principal, en la calle 72 de Bogotá, misma que sufre de las protestas periódicas y permanentes de estudiantes y encapuchados que, como producto de las pedreas y enfrentamientos con la fuerza pública, han contribuido a afear sus edificios y paredes.
Pese a estar en medio de una zona comercial y financiera (y al pie de una iglesia tradicional -La Porciúncula), hay días (particularmente los jueves) en que los ciudadanos pueden verse afectados por el bloqueo, tras los enfrentamientos, y el riesgo de los gases lacrimógenos y las papas bombas. Asimismo, no hay necesidad de ingresar al campus para sentir, desde fuera, el permanente olor a alcohol, sustancias psicoactivas y suciedad.
Algunas personas de otras IES han llegado a decir que las instalaciones de esta Universidad parece el de una cárcel, pues adicionalmente varios de sus edificios se hallan en condiciones deplorables.
En 2024 el entonces recién elegido rector Helberth Choachí (foto de la semana pasada), dijo a RCN que “es una de las que peores condiciones en términos de infraestructura” en el país. “No tenemos filtraciones de agua, sino inundaciones dentro de los espacios físicos y esto ha significado que tengamos que sustituir aulas y buscar espacios alternos”. Y señaló que se calculaba en 500 mil millones de pesos el recurso necesario para mejorar las instalaciones.
La Pedagógica tiene acreditación institucional de alta calidad.
Los siguientes apartes del comunicado del profesorado de la Universidad Pedagógica Nacional son un reflejo, más que preocupante, de lo que está sucediendo en dicha IES:
En las últimas semanas, algunos colegas en diferentes facultades han expresado preocupaciones apremiantes sobre el deterioro de las condiciones de
convivencia, académicas y de seguridad en la que se encuentra nuestra Universidad, especialmente en la sede de la calle 72.
Consideramos importante proponer medidas efectivas que permitan recuperar un entorno digno para el ejercicio de nuestra labor docente y la formación de los futuros maestros del país.
Ratificamos que no existen las condiciones mínimas para realizar nuestra labor docente de manera digna, como miembros de la principal institución universitaria dedicada a la tarea de formación de los futuros maestros del país. Es inadmisible que seamos objeto de amenazas contra la vida,
hostigamientos, vulneración al derecho al buen nombre, y de otras formas de violencia, incluso física. A esto se suma la exposición permanente al consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas y de humo de tabaco en los distintos espacios de la Universidad; ruido excesivo que interfiere y no permite el desarrollo normal de las actividades de docencia y de estudio; así como es cada vez más usual vernos obligados a aplazar o cancelar la visita de académicos y otros ciudadanos externos por disturbios o por acciones como las descritas, lo que nos aísla porque impide el intercambio con otras instituciones nacionales e internacionales (mientras ingresan sin ningún control a nuestras instalaciones otras personas con intereses oscuros).
Asistimos, en suma, a la degradación progresiva del entorno universitario, y a un ambiente cada vez más agresivo, impidiendo que habitemos la institución de manera segura y tranquila.
Las situaciones de violencia que atentan contra la dignidad y la seguridad de profesoras y profesores, junto con la ocupación y deterioro de los espacios de la universidad, han generado un ambiente cada vez más hostil. Esto se agudiza por el silencio, el miedo y la falta de solidaridad.
Es preocupante que quienes tienen la responsabilidad de tomar medidas para contener la crisis —ya sea por los cargos que ocupan o porque fueron elegidos para liderar una mejor universidad y en la idea de su defensa y enarbolando la bandera de la dignificación laboral y el porvenir— mantengan una actitud distante, indiferente y, en ocasiones, apenas burocrática. La respuesta institucional, entonces, parece invitarnos a normalizar esta nueva realidad universitaria.
Helberth Choachí, designado rector en propiedad de la Universidad Pedagógica Nacional
El equipo directivo, encabezado por el Rector Helberth Choachí, parece no reconocer la gravedad de la situación o la minimiza, pues a la fecha no se han
implementado las medidas de protección y cuidado necesarias para proteger la integridad de los profesores y estudiantes de la universidad, ni se han generado acciones contundentes para la garantía del trabajo académico que nos compromete.
Por el contrario, los mensajes de la administración sugieren que lo que ocurre no es alarmante ni requiere acciones urgentes.
En ninguna circunstancia la Universidad puede ser el espacio que garantice, antes que el estudio, las ventas indiscriminadas y el consumo de alcohol ni de sustancias psicoactivas. Es obligación de quienes gobiernan la Universidad velar por las condiciones para que se pueda dar clase, trabajar en espacios dignos, estudiar.
Es preocupante la postura que trasluce en el documento institucional titulado Guía metodológica. Aportes para la modificación del capítulo 8 del Reglamento Estudiantil de pregrado. A pesar de las reiteradas manifestaciones que cuestionan la pertinencia del mecanismo establecido para llevar adelante la reforma, el proceso continúa. Lo expresado allí indica que las modificaciones permitirían el porte y consumo de sustancias psicoactivas en las sedes de la Universidad, así como la legitimación de ventas estacionarias, lo que facilitaría el acceso irrestricto de personas ajenas a la comunidad UPN. Esta medida se fundamenta en una lamentable comprensión del carácter público de la Universidad, sin considerar sus implicaciones sobre la seguridad y el bienestar de quienes la habitan. Mientras tanto, los protocolos de protección y seguridad siguen ausentes, dejando expuesta a la comunidad universitaria ante un entorno cada vez más riesgoso.
La formación de los futuros maestros del país es una responsabilidad fundamental de los profesores, por lo que es nuestro deber exigir la suspensión inmediata del actual proceso de reforma.
Del mismo modo, resulta urgente la adopción de medidas institucionales y legales que garanticen la vida, la integridad física, y el bienestar emocional de los profesores y profesoras que han sido víctimas de amenazas y agresiones dentro del campus. Esta situación es inadmisible, pues compromete la libertad de cátedra y afecta directamente el ejercicio de la docencia y la investigación, pilares fundamentales de nuestra misión pedagógica.
