Julio/25 Yepes, profesor de universidad pública, presenta las consideraciones que tiene la gobernabilidad relacionada con la democracia universitaria y ls procesos constituyentes. Tomado de Periódico UNAL.
Darle un tratamiento pragmático a la categoría conceptual de gobernabilidad, específicamente en el ámbito de la educación superior en Colombia, es indudablemente un reto superior. Se convierte en desafío mayor porque las dinámicas asociadas con el ejercicio pleno de la autonomía universitaria –otorgada por el constituyente primario en el Artículo 69 de la Carta Política– se despliegan de múltiples y variadas formas a lo largo y ancho del país, no solo en los escenarios de la educación ofrecida por el Estado (pública), sino también en los espacios de oferta por parte de particulares (privada).
Creo que nadie tiene dudas sobre la complejidad de los difíciles momentos que vive la sociedad colombiana, y con ella la educación del nivel superior en particular. Se asumen como hechos notorios: las enormes vicisitudes asociadas con el persistente conflicto armado y los fallidos intentos de “Paz total”; la violación sistemática a los derechos humanos, unida a otras variables que posicionan a Colombia en un deshonroso lugar en el mundo según indicadores de Estado social de derecho; las profundas brechas de desigualdad del país según datos del coeficiente de Gini; la escasa cobertura en educación superior; la cuestionable calidad y pertinencia de un buen número de programas académicos ofrecidos en el país; los dilemas éticos de la inteligencia artificial generativa y su incidencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje; y las nuevas demandas educacionales provenientes de grupos generacionales distintos, que reclaman ciclos cortos y habilidades-competencias de rápida aplicación. Un verdadero entramado de dificultades imposible de relacionar en este breve escrito. Lo cierto es que las universidades, como uno de los patrimonios de la humanidad que todavía mantiene credibilidad social, no pueden darles la espalda a estos hechos.
El gobierno de las universidades, en atmósferas de tan elevado desconcierto, donde los ciudadanos sienten que nada ni nadie responde a sus expectativas crecientes, ha hecho que en las instituciones de educación superior la tarea de “conducir la nave” se haya convertido en algo más que una simple labor administrativa o burocrática. Gobernar en estos espacios implica no solo alinear voluntades y propósitos en los órganos de dirección (especialmente Consejos Académicos y Superiores), sino también abrir espacios de deliberación en otras instancias para tomar decisiones que confluyan en el bien común y el cumplimiento de la misión institucional. Un debate recurrente es el que plantea qué tipo de democracia se debe adoptar, y cuáles asuntos se deben someter a procesos de esta naturaleza.
Al parecer, existe acuerdo en que la democracia universitaria debe ser de carácter deliberativo, con criterio participativo, y ante todo con niveles organizacionales –de tal fortaleza y consistencia– que permitan construir un destino colectivo en beneficio de la sociedad. Por obvias razones, se debe entender que no todos los asuntos se deben someter a procesos de discusión pública, pues existen temas estratégicos de definición de políticas topdown que, por su naturaleza especial, no se pueden someter al escrutinio de todos. Pero igualmente existe una infinidad de asuntos que necesariamente deben ser tratados desde los modelos bottomup de políticas, y son precisamente estos los que permiten abrir espacio a lo que conocemos como profundización de la democracia en las universidades. La promoción y consolidación de una cultura democrática deliberativa y participativa aparece no solo como una obligación en las instituciones de educación superior, sino, y ante todo, como una exigencia ético-política connatural al escenario de la universitas.
Recuerdo con especial consideración al profesor Guillermo Hoyos Vásquez, filósofo director del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar de la Universidad Javeriana, quien impulsaba fervorosamente la idea de “pensar en público”. Además de las reflexiones permanentes sobre Universidad, el maestro produjo un interesante texto junto a Germán Vargas Guillén, sobre lo que denominó como “Ciencias de la discusión”, entendidas como las ciencias sociales que “[…] tienen un objeto de estudio, a saber, realizar la conciencia y la experiencia del sujeto moral en la vida comunitaria a través de la interacción dialógica”.
Es precisamente la interacción facilitada por el diálogo la que considero clave en la gobernabilidad en las universidades. No es posible materializar un proyecto de universidad sin la interacción edificante de todos los actores (stakeholders), sin tener un proyecto común que, pese a las diferencias, haga confluir en lo fundamental a quienes están comprometidos con el futuro institucional. Por naturaleza las universidades son plurales y están en la obligación de procurar entendimiento, para ello la formación ciudadana resulta de vital trascendencia. La construcción de acuerdos exige recurrir a las “ciencias de la discusión”. El gobierno universitario se legitima únicamente a través de la convivencia en medio de la diferencia. El pluralismo es la mejor condición para enaltecer la dignidad del ethos universitario.
El impulso vital de las dinámicas universitarias no puede ser otro distinto a la autonomía. El ejercicio pleno de dicho núcleo esencial no se puede asemejar a soberanía. El poder absoluto resulta contraproducente para el bien común y ningún actor –por separado– puede arrogarse su ejercicio exclusivo. Las universidades públicas se deben a las sociedades que las forjan y les dan vida. Su financiación proviene del erario, y en virtud de ello están obligadas a verdaderas y genuinas rendiciones de cuentas. No basta con simples informes de gestión que distan bastante de las realidades situadas. Tanto los cuerpos colegiados de dirección como los administrativos (rectores y sus equipos de trabajo), al igual que los académicos (en sus tres funciones misionales) estamos en la obligación de demostrarle a la sociedad que la confianza depositada por ella se encuentra retribuida con estándares de alta calidad, con respuestas concretas a la multiplicidad de problemas que enfrenta el país. De otra manera no podemos justificar la existencia de las universidades.
Si un proceso constituyente, o una estatuyente universitaria, es el camino correcto para reconducir procesos, para reconfigurar propósitos y finalmente abrir paso a una educación superior con capacidad de respuesta a los enormes desafíos que nos agobian, entonces insisto en la necesidad de poner en marcha dicho proceso en todo el país. No obstante, ello implica construir acuerdos sobre lo primordial, sin imposiciones ni despotismos. Es indispensable acudir entonces a la acción comunicativa, a la racionalidad dialógica, a la deliberación y a la lucha por alcanzar las mejores aproximaciones al consenso sobre el futuro que nos depara.
1Hoyos G, y Vargas G. (1996). La teoría de la acción comunicativa como nuevo paradigma de investigación en ciencias sociales: Las ciencias de la discusión. Bogotá: Icfes.
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Yepes es profesor titular del Departamento de Jurídicas de la Universidad de Caldas; profesor asociado del Doctorado en Derecho de la Universidad de Manizales. Ph. D. en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia
