Agosto 25/25 Además de mucho dinero y del cuestionamiento sobre la legalidad o no de las acciones que hay detrás de Rotorr, lo que hay detrás también es un contrapeso entre la actual y la anterior administración de la Universidad Nacional de Colombia.
La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la Corporación Rotorr -Motor de Innovación-, creada como motor de innovación y transferencia tecnológica, están envueltas en un litigio que mezcla disputas jurídicas, tensiones políticas y serias consecuencias sociales: más de 140 familias campesinas quedaron sin empleo y hay millones de pesos en proyectos y apoyos estudiantiles en riesgo.
La Universidad Nacional demandó acceso a contratos y finanzas de Rotorr—una entidad creada en 2023 con un capital de mil millones de pesos—cuestionada ahora por reformas estatutarias que amplían su autonomía financiera, mientras sigue facturando más de 268.000 millones de pesos en solo un año. Aunque no hay claridad de cuál ha sido -si se ha dado- el beneficio económico para la Universidad. En 2024 la Corporación implementó reformas estatutarias que ampliaron el poder del director ejecutivo, al médico Jaime Alfonso Restrepo Carmona (foto izquierda), y que le permitieron contrataciones directas sin limitaciones y restringieron la supervisión de la Universidad. Además, se eliminaron los límites a las contrataciones directas y se alargó su vida jurídica hasta 2123, según denuncias de la rectoría actual, dificultando supervisión y remoción de directivos.
El rector Leopoldo Múnera (foto derecha) emprendió una ofensiva judicial y administrativa contra Rotorr, esperando la nulidad de las actas de la Corporación y su disolución argumentando falta de transparencia, ocultamiento de información y pérdida del control de la Universidad. La Universidad dice que Rotorr, para atender un fallo judicial, le dio acceso a información en una plataforma que no permite descargar, copiar o imprimir la información.
Ante todo esto la UNAL ha interpuesto acciones administrativas ante la Cámara de Comercio y Supersociedades, además de demandas en juzgados civiles que buscan la nulidad de los estatutos y la liquidación de Rotorr. A la fecha no hay una decisión formal al respecto.
Según la Corporación, “información estratégica, de interés nacional, contractual, secretos empresariales o que comprometa derechos de terceros se encuentra amparada por reserva legal, lo que exige aplicar medidas de acceso controlado (como en SecureDocs) que permitan la consulta íntegra y trazable de los documentos, a la vez que evitan su divulgación indiscriminada lo que causaría un daño irreparable a la Corporación y a los aliados de nuestro ecosistema de innovación integrado principalmente por entidades públicas”.
Rotorr también acusa al rector de haber retirado a los tres delegados de la Universidad en la Corporación (“para evitar que la participación de la Universidad fuera sumida como una forma de aceptación y legitimación delos cambios estatutario”, explica Múnera), obligándolos a retirarse sin tener en cuenta que no hay fallo que acoja la hipótesis de la ilegalidad y, por ende, de desatar una campaña de desprestigio con motivaciones políticas. La corporación enfatiza que no existen hallazgos de corrupción en su gestión y que ha rendido informes a todos los entes de control sin cuestionamientos fiscales o disciplinarios.
El pulso ha tenido impactos colaterales: Según Rotorr, “la campaña de desprestigio emprendida por el rector de la UNAL en contra de Rotorr cobró sus primeras víctimas: 140 familias campesinas (entre víctimas y desmovilizados) que hacían parte de 5 laboratorios de paz gestionados por la Corporación ubicados en plantaciones en la zona rural de Simití (Bolívar), Tarazá, San Pedro de Urabá (Antioquia), San Martín de los Llanos (Meta) y Mapiripán (Meta), se quedaron sin trabajo. La saliente directora de la Unidad para las Víctimas, motivada por la desconfianza manifiesta, tomó la decisión”.
También denuncia que áreas de bienestar universitario de la UNAL han dejado de tramitar apoyos alimentarios financiados por Rotorr para estudiantes vulnerables, lo que afecta directamente a la comunidad académica. Múnera desmiente esto último.
Mientras la Rectoría insiste en denuncias y tutelas sobre lo que considera un modelo de privatización encubierta y falta de control universitario, Rotorr defiende que es una entidad pública regida por el derecho privado (se desconoce su ubicación física, oficialmente adscrita a la Hemeroteca Nacional, pero que presuntamente opera desde Medellín) y que ha gestionado más de 342.000 millones de pesos en proyectos y generado excedentes por 4.700 millones reinvertidos en innovación social. Rotorr, as u vez, anuncia acciones legales contra Múnera por injuria agravada.
Rotorr sigue facturando, más allá del debate entre la actual y anterior rectoría de la UNAL
Hoy, el litigio se halla estancado: acciones judiciales fallidas para la UNAL, una corporación que intenta sostener su legitimidad y comunidades afectadas que reclaman la continuidad de proyectos productivos. Lo que comenzó como una discusión sobre gobierno corporativo terminó convertido en una batalla de poder que ya trasciende lo académico y amenaza con debilitar la confianza en los modelos de innovación universitaria.
Por ahora, Rotorr sigue operando con normalidad, facturando fuertemente. No hay registro claro de reinversión a la Universidad, aunque sus estatutos lo exigirían por ser una spin-off vinculada.
Línea de tiempo: el conflicto entre la Universidad Nacional y Rotorr
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Marzo 2023 – Se crea Rotorr – Motor de Innovación, corporación sin ánimo de lucro vinculada a la UNAL, durante la rectoría de Dolly Montoya, con el fin de gestionar proyectos de ciencia, tecnología e innovación.
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Mayo 2024 – Rotorr aprueba una reforma estatutaria que, según la Rectoría, redujo el control de la UNAL en el consejo directivo.
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Septiembre – Octubre 2024 – El rector Leopoldo Múnera presenta derechos de petición exigiendo información a Rotorr. La corporación entrega acceso a documentos mediante la plataforma SecureDocs, sin descarga ni copia.
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Finales de 2024 – La UNAL interpone acciones de tutela y demandas judiciales buscando mayor acceso a la información, nulidad de estatutos y liquidación de Rotorr.
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Diciembre 2024 – El rector Múnera revoca delegados de la UNAL en el consejo directivo de Rotorr, lo que la corporación califica como una estrategia de debilitamiento institucional.
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Enero – Julio 2025 – Seis procesos administrativos y judiciales presentados por la UNAL son inadmitidos, negados o remitidos por la Cámara de Comercio, Supersociedades y juzgados civiles.
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Agosto 2025 – Rotorr denuncia públicamente una “campaña de desprestigio” del rector. En comunicados afirma que no existen hallazgos de corrupción en su gestión y que ha transferido recursos a la UNAL y al Fondo de Apoyo Estudiantil.
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Agosto 2025 – La Unidad para las Víctimas decide no renovar un convenio con Rotorr, lo que deja sin empleo a 140 familias campesinas en Bolívar, Antioquia y Meta.
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Agosto 2025 – El litigio escala a un terreno político y mediático, con demandas cruzadas: la UNAL insiste en disolver Rotorr, mientras la corporación anuncia acciones legales contra el rector Múnera por injuria agravada.
