Sept 3/25 Aumenta la polémica por la inexperiencia y polémico cumplimiento de requisitos de Juliana Guerrero como posible nueva Viceministra de la Igualdad. De un momento a otro, pasó a tener un título universitario que hace pocos días no registraba.
La designación de Juliana Andrea Guerrero Jiménez como viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad ha desatado una ola de cuestionamientos públicos, políticos y académicos sobre la legalidad de su nombramiento, la veracidad de su formación profesional y el uso de recursos oficiales en actividades presuntamente ajenas a sus funciones.
🎓 Titulación exprés y dudas sobre requisitos legales
Para la senadora María Fernanda Cabal, Guerrero no cumpliría con ninguno de los dos requisitos exigidos por la Resolución 178 de 2024 para ocupar el cargo: título profesional con posgrado, o título profesional con al menos 24 meses de experiencia relacionada. La hoja de vida de Guerrero, publicada por la Presidencia de la República, fue actualizada recientemente para incluir un título en Contaduría Pública de Institución Tecnológica San José, en Bogotá, obtenido el 19 de julio de 2025, pero versiones anteriores de esa misma hoja de vida pública no mencionaba estudios universitarios completos, lo que ha generado sospechas sobre la rapidez y legalidad del proceso de titulación.
A su vez, la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza añadió que Guerrero no presentó el examen Saber Pro, que es un requisito obligatorio para graduarse en Colombia (artículo 7 de la L1324/09), y que tampoco posee tarjeta profesional. “¿Dónde venden ese combo?”, ironizó en redes sociales, aludiendo a una supuesta red de favores políticos.
🚁 ¿Por qué la polémica?
La situación no solo es llamativa por la misteriosa y rápida aparición del título de Guerrero, sino porque esta joven de 23 años comenzó a figurar en la agenda pública nacional de un momento a otro, como cercana asesora del presidente Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti.
Hace unas semanas hubo una controversia por los viajes realizados por Guerrero y su hermana en aeronaves de la Policía Nacional hacia Valledupar y Aguachica. Según investigaciones de la revista Cambio, el objetivo habría sido participar en una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC) para modificar el estatuto que impide la reelección inmediata del rector. Guerrero negó esta versión y aseguró que su desplazamiento obedecía a una misión oficial delegada por el Ministerio del Interior, aunque admitió que el tema está bajo reserva y es objeto de investigación por parte de la Procuraduría.
Gobierno Nacional está dividido en su afán de controlar a la U. Popular del Cesar
Otra denuncia, que se acumula a las posibles irregularidades, la hace el periodista Melquisedec Torres, quien señala que Guerrero, “posible nueva viceministra de la juventud, sigue activa en el Sisben IV nivel B6 (pobreza moderada). Dice que ella mismo actualizó el dato en febrero de 2022, cuando ya reportaba contratos y experiencia pública y privada. Y se los actualizaron en noviembre de 2023. – Hoy declara experiencia de 6 años en el servicio público (¿?) y 7 años en el privado. – Su cargo hasta hace poco era “secretario ejecutivo código 4212, grado 26, con una asignación básica de $ 4.141.829 mensual” y jefa del “Grupo de Coordinación del Gabinete” del Ministerio del Interior; fue “secretaria ejecutiva” en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia entre el 10 de noviembre de 2022 hasta 01 de enero de 2023, y tuvo dos contratos con la Universidad Industrial de Santander entre noviembre 2023 y febrero 2024 para “servicios de apoyo, gestión y asistencia, como enlace territorial” – Simultáneamente, le certifican un contrato, siendo menor de edad al firmarlo, entre enero 2019 y julio 2024, en una asociación “Raíces Afro”. Ella nació en abril de 2002. Era “Coordinadora de Desarrollo, Aplicabilidad y Territorialización de la Política Pública de Juventudes” – En Cocomacoiro, un consejo comunitario de Condoto, Chocó, le certifican haber sido “Coordinadora en territorialización de la Política de Paz total del Gobierno Nacional”, entre enero del 2023 a junio del 2024. – Entre marzo y julio de 2024, en el Ministerio del Interior fue contratista por $14,7 millones, y se lo prorrogaron en agosto 2023. – Todo el trámite para su nombramiento actual, lo hicieron exprés el 6 de marzo de 2025 – En su declaración de bienes y actividad económica, SIGEP, de 2024 reportó apenas $3 millones de ingresos y una cuenta de ahorros con $50 mil”.
📣 La versión de Guerrero
En medios de comunicación, Guerrero defendió su trayectoria como líder juvenil y funcionaria pública, alegando que su experiencia en el Ministerio del Interior y la Secretaría de Transparencia le otorgan la idoneidad para el cargo. Afirmó que su formación fue interrumpida por amenazas en el Cesar, lo que la llevó a homologar estudios en Bogotá en la Institución Tecnológica San José y culminar su carrera en tiempo récord.
“Yo soy vallenata, soy del Cesar. Empecé a estudiar Contaduría pública en la Universidad Popular del Cesar hasta el quinto semestre. Me tocó venirme para Bogotá por temas de seguridad. Yo vengo acá, inicié de cero mi vida, empecé a buscar qué quiero estudiar. Sufrí incluso hasta un atentado en el departamento del Cesar en 2021, amenazas, persecución por todo el proceso de liderazgo juvenil que viví en el departamento”, señaló.
“Inicio a estudiar en 2024 sin ningún problema. Yo soy técnica del Sena; entro a estudiar, hago la homologación, hago el tecnólogo y me gradúo el 19 de julio de contadora pública, este año. Mi hoja de vida en el Ministerio del Interior no aparecía como contadora porque yo entré a trabajar en febrero y no me había graduado. Lo que hice de manera muy genuina y con mucha alegría fue que me gradué [como] contadora y lo primero que hice fue actualizar mi hoja de vida”, agregó Juliana Guerrero, en entrevista que concedió a Blu Radio (foto).
🧭 Implicaciones para la transparencia institucional
La San José no ha emitido comunicación alguna sobre cómo otorgó la titulación y por qué no aparece el resultado de la prueba Saber Pro.
Este caso plantea serias preguntas sobre los mecanismos de verificación de requisitos en la función pública, la transparencia en los procesos de titulación universitaria y el uso de recursos estatales para fines políticos.
El caso del título dado por la San José, con el aparente incumplimiento de requisitos como el Saber Pro, y sin ser igual, trae a la memoria la polémica titulación de abogado que la Universidad de Medellín hizo del entonces senador Julián Bedoya, y una vez más permite considerar la incompleta iniciativa de crear un sistema público de validación de títulos universitarios.
