Oct/25 Lopera, director de El Observatorio de la Universidad Colombiana, cuestiona cómo la politiquería deslegitima la naturaleza independiente y autónoma de la U. del Atlántico, le quita legitimidad a sus autoridades y es el mejor reflejo de la “disautonomía universitaria”.
Una verdadera Universidad, en todo el sentido del término, elige o reelige a su rector entre experimentados académicos que, además tienen experiencia directiva y administrativa, y han hecho carrera académica, mostrando resultados de visibilidad e impacto institucional, al tiempo que son respaldados por comunidades disciplinares (y no por manifestaciones de estudiantes que muy poco saben de vida y gestión universitaria).
En una verdadera Universidad las propuestas de los aspirantes a la rectoría son críticamente analizadas por la comunidad académica, para ver si realmente su desarrollo académico y condiciones institucionales permiten, efectivamente, llevarlas a cabo.
En una verdadera Universidad, los políticos no tienen cabida. Es más, son vistos con rechazo porque su discurso oportunista y populista es diametralmente opuesto a la racionalidad de la academia, al trabajo de todos y para todos y no de unos pocos favorecidos para un pequeño sector (camarilla) de privilegiados.
En una verdadera Universidad las tensiones surgen como resultado de la confrontación de ideas y gana la que más argumentos y conveniencia tenga, y no la que tenga medios, micrófonos, manifestaciones, pedreas e insultos.
En una verdadera Universidad, las autoridades del órgano ejecutivo (municipal, departamental o nacional) cooperan con la comunidad académica y no intervienen a favor o en contra de sus intereses ideológicos. Pueden estar o no de acuerdo con el modelo de Universidad, pero respetan íntegramente la autonomía.
Todo eso sucede en una verdadera Universidad, con mayúscula. Y mucho más cuando, en Colombia, las universidades públicas acreditadas institucionalmente, se precian de su autonomía, de su calidad, impacto social y desarrollo académico.
Pero nada de eso sucede en la Universidad del Atlántico, una vergüenza para el Sistema Universitario Estatal SUE y para el propio sistema de educación superior colombiano. La hoja de vida de los aspirantes dista mucho de la experiencia y formación de los rectores de las grandes universidades; el respaldo de un político tiene más importancia que la propuesta programática; y son las alianzas, los respaldos y los presupuestos los que dominan la campaña pero ningún tema estructural para la Universidad.
Cada vez son más las universidades públicas colombianas que en vez de saber aprovechar su autonomía, caen en la “disautonomía” universitaria; es decir, permiten que sus comunidades e intereses se dejen manipular por terceros y por circunstancias que no son capaces de controlar, y caen ciegamente en tensiones e intereses que solo favorecen a unos pocos. En el libro “Los puntos sobre las IES” advierto cómo muchas de las declaraciones y comunicados de directivos y actores, así como de decisiones de consejos superiores, son una expresión de disautonomía. Como decía el Chavo del Ocho, “sin querer, queriendo”, las IES terminan atrapadas en sus propios discursos y en reacciones tardías, inmovilizadas en una pugna de poderes, y en unos protocolos que poco sirven para hacer avanzar al sistema. Mientras que la autonomía es el derecho inherente de la universidad a expresar libremente su potencialidad para crecer y desarrollar su proyecto formativo, la disautonomía es la expresión de la misma universidad para realizar acciones que favorezcan intereses particulares y no colegiados, que lleven a la institución a contradecir sus principios, y a decrecer.
La situación no es propia de Uniatlántico, pero sí es la institución que más “perlas” suma al collar de la politiquería y la eliminación del verdadero espíritu universitario. Le gana, en sus absurdas actuaciones a la Universidad Nacional de Colombia, que perdió su propia autonomía al “venderse” al proyecto político del actual gobierno; a la Universidad Popular del Cesar, que permite que políticos controlen su presupuesto y que quien aspire a ser rector queda maniatado a ellos; y a la Universidad de Antioquia que, presa del déficit financiero, cede a las tensiones de sus actores, entre otras.
Lo que sucede en Uniatlántico no es nuevo. Es simplemente la evolución de un karma que vive hace décadas: Rectores de corta duración, impuestos, salidos de la nada y, sobre todo, manejados por los grandes clanes políticos. El trasteo y la compra de votos, las campañas ruidosas para imponer, como resultado de la grosería y el bullicio candidato, las intimidaciones, las protestas, los desórdenes públicos hacen parte del ya triste diario vivir de sus procesos electorales, como el actual, que no ha escapado de las recusaciones, demandas, contrademandas e impugnaciones orientadas más a desvirtuar al rival que a defender la legitimidad de un programa.
Y para rematar, un Ministerio de Educación que, como muy pocas veces en su historia, ha “pelado el cobre” en su afán obsesivo por impedir que se re-elija el actual proyecto rectoral, no porque sea bueno o malo, sino porque no es de su tendencia política; un clan político (la poderosa familia Char) que pretende sumar al control que ya tiene de la Gobernación y la Alcaldía de Barranquilla, a la Universidad del Atlántico (por presupuesto, por burocracia y por orgullo); y hasta un ministro del Interior, Armando Benedetti, que de forma inédita en la educación superior reciente de Colombia, públicamente sale a mostrar su alianza clientelista con dos de los aspirantes a la Rectoría, socavando (¿o terminando de enterrar?) la dignidad de miembros del Consejo Superior que, dice, se moverían hacia uno u otro candidato para asegurar la rectoría.
Tristes lecciones que dejan preguntas
¿Qué autoridad moral tendrá el rector que sea elegido en Uniatlántico para elaborar discursos de grado de sus profesionales en los que les hable de formación integral, compromiso ciudadano y rectitud pública?
¿Qué autoridad podrá mostrar el Ministerio de Educación para intervenir sobre Uniatlántico cuando uno de los primeros que debería declararse impedido para actuar en esa elección es esa cartera?
¿Es exitosa una IES con, aún con acreditación institucional, convive con las más reprochables prácticas de politiquería y de corrupción llevan a comprar votos para los cuerpos colegiados?
¿Qué autoridad podrán mostrar la mayoría de miembros de ese Consejo Superior Universitario, cuando son muy confusas y sin explicaciones, las razones por las que representan a sus comunidades?.
¿Con qué autoridad el CNA realizará procesos de renovación de acreditación institucional en IES que, como ésta, son un buen ejemplo de gobierno (en el sentido estricto de la habilidad de unos de sostenerse en el poder) pero cero de credibilidad, transparencia y ejemplo para el sistema de educación superior?
Bien lo dijo el padre Alfonso Borrero Cabal: “Por difícil que sea gobernar la universidad, no es ella ingobernable; solamente acontece que pretendan gobernarla quienes no lo tienen merecido”.
