Oct 24/25 A propósito de un egresado de la Fundación Universitaria San Martín (FUSM) que lleva un mes en huelga de hambre afuera de esa IES, el Ministerio de Educación ha sido categórico en que las IES tienen el deber jurídico y ético de proteger la vida, la salud y la dignidad de los estudiantes, especialmente en contextos de protesta que impliquen riesgos vitales.
La advertencia surge a propósito del caso de Cristian Alberto Sánchez Tusarma, exalumno de la Fundación Universitaria San Martín, quien adelanta una huelga de hambre hace 31 días en la entrada de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la FUSM (foto), durmiendo a la intemperie y como una forma de protestar por las que él considera irregularidades de la San Martín para no permitir su grado en el año 2017 (el cual se dio en 2020, tras un fallo de la Corte Constitucional).
📌 El pronunciamiento del Ministerio
A raíz de la situación que vive Sánchez en su huelga, y conocida por el Ministerio a través de la Secretaría Distrital de Salud, la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Viceministerio de Educación Superior le advirtió a la FUSM que, si bien respeta la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución, esta no exime a las IES de su responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de su comunidad.
En palabras del documento “cuando un miembro de la comunidad académica entra en huelga de hambre y su estado de salud se deteriora, la universidad no puede mantenerse indiferente”.
Esto porque, dice el Ministerio “las universidades públicas y privadas, tienen una función trascendental en la formación integral de los ciudadanos. Esta función no se limita a lo académico, sino que implica también un deber jurídico de proteger los derechos fundamentales de quienes integran la comunidad universitaria, particularmente el derecho a la vida, la integridad personal, la salud y la dignidad humana. El principio de dignidad humana, exige que se activen los mecanismos institucionales de acompañamiento médico, psicológico, y, en casos extremos, que se coordine con autoridades de salud pública la intervención necesaria”.
Por ello, el Ministerio ha exhortado a la Fundación Universitaria San Martín a activar mecanismos de acompañamiento médico y psicológico, y a coordinar con entidades estatales si sus capacidades institucionales resultan insuficientes. Además, solicita a la universidad remitir copia de las acciones que adelante para hacer seguimiento al caso.
🧑🎓 Sánchez y una década de conflicto con la FUSM
Cristian Alberto Sánchez Tursama se hizo una figura visible del movimiento estudiantil desde 2015, cuando protagonizó una protesta simbólica colgándose de una cruz en la fachada de la institución para denunciar el colapso administrativo de la San Martín. Recuérdese los escándalos que, desde 2014 comenzó a experimentar esa institución con la “herencia” de la familia Alvear, sus problemas de oferta sin registro calificado, incumplimientos laborales y una enorme deuda, que llevó al Ministerio a intervenir y crear la Ley 1740 de 2014.
Desde entonces, Sánchez ha enfrentado múltiples sanciones disciplinarias, incluyendo la cancelación de su matrícula en 2018, tras encadenarse a una sede e impedir las actividades académicas y administrativas como forma de protesta. Ello derivó en sanciones a éste.
Tras diversas protestas, y la firma de una conciliación de éste en una Inspección de Policía, se acordó en 2019 la restricción de su ingreso a las instalaciones.
La FUSM se ampara en el derecho constitucional a proteger la propiedad privada y en la autonomía universitaria.
Además, el Consejo Académico de la Facultad, le sancionó pero, dice Sánchez, a partir de una queja que el nunca ha conocido y sin el quórum legal ni la representación estudiantil, de egresados ni de profesores, así como que la sanción se habría basado en una queja de 2017 que nunca le fue notificada, con lo que no pudo ejercer su derecho a la defensa y contradicción, vulnerándose su debido proceso.
Ahora Sánchez denuncia que esta querella ha sido usada como “alcance vitalicio” para impedirle cualquier trámite académico, incluso como egresado (ya tiene su título, obtenido en 2020 tras la decisión de la Corte Constitucional) lo cual -señala- vulnera su derecho a la educación continua.
También advierte que nadie actualmente “conoce la información de la intervención (que hizo el MEN a la IES), nadie sabe sobre los manejos administrativos y financieros de la intervención, ni siquiera el MEN”.
Cuestiona el que él llama “persecución” de la San martín en el marco de una intervención estatal.
Una exrectora de la FUSM en la Corte Constitucional
Cuando Sánchez fue sancionado, el hoy rector de la FUSM, Fernando José Restrepo Escobar, hacía parte del Consejo Directivo de la IES, y allí compartió responsabilidades con quien también fue, luego, rectora Lina Marcela Escobar (entre 2019 y 2022, época en que se dio el título a Sánchez), hoy magistrada de la Corte Constitucional.
La respuesta de la FUSM
Tras un mes de silencio de parte de la IES hacia quien realiza la protesta, sin permitirle el acceso a las instalaciones y sin atención alguna (humanitaria, académica o legal) de parte de la Institución a Sánchez, esa IES emitió una respuesta en la que dice que “ha actuado de manera diligente y responsable, en coherencia con sus principios institucionales y con el marco de derechos humanos”.
Informa que:
- Estamos realizando un monitoreo activo de la situación.
- Hemos informado a la comunidad institucional sobre la protesta.
- Nos hemos articulado con las autoridades pertinentes para la garantía del derecho a la protesta y del bienestar de nuestra comunidad académica.
- Hemos dado instrucciones claras a nuestro personal para garantizar el respeto de los derechos del egresado y los de la comunidad académica.
Aclara que Sánchez Tusarma “si bien ostenta la calidad de egresado, no tiene vínculo vigente con la institución, ni órdenes judiciales ni administrativas por atender” y que “a la fecha la Fundación Universitaria San
Martín no tiene ningún asunto pendiente con el egresado en mención”.
Por ahora la huelga continúa y el Ministerio está investigando a través de sus funcionarios y la inspectora in situ que tiene la San Martín.
