Oct 27/25 Enorme molestia causó en Mineducación que el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar no haya podido sesionar para crear una nueva sede en La Jagua de Ibirico. El motivo: La ausencia de un proyecto debidamente estructurado y justificado para el cuerpo colegiado.
Solo tres de los nuevo consejeros llegaron a la sesión convocada el pasado viernes en ese municipio del departamento del Cesar, lo que generó molestia en el presidente del Consejo Superior Universitario (CSU), Xavier Estrada Escudero (a su vez delegado del ministro de Educación). Estrada, muy cercano al rector Romero (quien tiene intenciones de reelegirse y por ello enfrenta divisiones), calificó el hecho como un duro golpe a la educación superior del Cesar y una falta de compromiso con los jóvenes del corredor minero, quienes —según dijo— anhelan tener la oportunidad de formarse sin tener que desplazarse a Valledupar.
De los nueve consejeros dos no asistieron: la polémica delegada del presidente Gustavo Petro, Juliana Guerrero, y la gobernadora del Cesar (Elvia Milena Sanjuán Dávila), y otros cuatro enviaron una carta cuestionando técnicamente la información preparada por la Universidad para tomar la decisión de la nueva sede: Se trata de los representantes de los Exrectores (Carlos Morón Cuello); Sector Productivo (Joaquín Manjarres Murgas); Egresados (Jose Carlos Pérez Yancy), y Estudiantes (Juan Camilo López Nacimiento).
Ausencia de rigor técnico
Estos son los más significativos apartes de la comunicación de los cuatro consejeros para justificar su no presencia:
Nos asiste la responsabilidad de vigilar el sostenimiento financiero y la óptima prestación del servicio educativo de largo plazo de la institución. Por ende, no encontramos análisis rigurosos de tipo financiero (proyección de ingresos y gastos), económico (flujos y stock de funcionamiento) ni de impacto (análisis de punto de equilibrio) que demuestren cómo funcionará la posible sede de La Jagua de Ibirico.
Nos parece irresponsable adelantar sesión alguna para la presentación de proyectos de infraestructura. Se limita a enviar un concepto técnico espurio contradictorio, en el cual se señala que en la vigencia del año 2025 no fue tenido en cuenta dentro del presupuesto general de la UPC, que se deben cuantificar necesidades para el año 2026; sin embargo, se expide concepto positivo.
No se presenta análisis del sector ni cuantificación de la demanda, no se caracteriza la población ni se presenta un estudio detallado de la pertinencia de los programas, limitándose a señalar una posible oferta de programas existentes cuya necesidad para la región no se encuentra demostrada.
No se evidencia relación de los programas posiblemente ofertados con las proyecciones del plan de desarrollo de la institución, lo que podría estar demostrando una posible improvisación.
Tampoco se describe o explica la visión de la universidad al ofertar los mismos, y se desestima o ignora el mercado laboral nacional e internacional, además de no mostrar un análisis de impacto de los egresados de esos programas que permita intuir su pertinencia.
No se realiza un análisis comparativo con las ofertas educativas concentradas en el mismo sector, como las sedes construidas en Curumaní (UNAD), Codazzi (Multicampus) y Becerril (Universidad Nueva Granada), lo que también denota improvisación y falta de análisis riguroso del mercado, poniendo en riesgo la oferta educativa y su sostenibilidad.
No se encuentra estudio de impacto con flujos de ingresos por parte de la política de gratuidad. Se desconoce si los futuros estudiantes serán cubiertos por esta política, en qué magnitud y si esos ingresos son suficientes para la carga financiera emanada de los nuevos compromisos laborales, financieros, de funcionamiento y de sostenimiento en el tiempo.
Para nadie es un secreto que con los ingresos percibidos por matrículas no se logra la sostenibilidad.
No se establece una fuente segura de financiación de la sede ni se explica si en el Presupuesto General de la Nación será incluido un nuevo rubro o partida adicional para el funcionamiento general de la misma. Esto, en virtud de que en el presupuesto general de la nación aprobado para 2026 no se observan partidas nuevas para la unidad UPC.
Tampoco se incluye documento que permita analizar las modalidades de contratación, los mecanismos de escogencia de docentes para ofrecer servicios de calidad, ni los mecanismos de dotación de laboratorios y sede en general, así como las proyecciones de costos fijos y variables.
Tal como está presentada la citación, se constituye en un acto de irresponsabilidad atender la misma sin la suficiente información que permita la toma de decisiones.
Reacción de Mineducación
Ante la situación, el ministro Rojas Medellín escribió en su cuenta de X: “Me niego a creer que algunos miembros del consejo superior universitario en la universidad popular del Cesar estén queriendo frustrar la oportunidad de que la Jagua de Ibirico tenga una nueva sede”.
A su vez, Estrada (foto derecha) cuestionó a algunos consejeros: Sugirió que Carlos Morón Cuello, rector de la Universidad de Santander, Campus Valledupar, no tiene interés en que la universidad pública del Cesar tenga otra sede; que el representante del sector productiva se oponga a una iniciativa que mejore el desarrollo social; que el representante de los estudiantes (dos veces profesional de la Universidad), se oponga que otros tengan oportunidad de estudiar, y que el representante de los egresados no quiera que otros se hagan profesionales; y que la gobernadora, quien había celebrado el anuncio de la nueva sede que había realizado el Ministerio, no tenga coherencia.
