Feb 4/26 Tras comprobarse que en Unicartagena se presentaron casos de acoso y violencia sexual sistémica, el Ministerio de Educación aplicó la primera sanción conocida a una universidad pública por negligencia frente a violencias basadas en género.
Varias mujeres de la Institución, denunciaron, desde 2022, que fueron víctimas de acoso persistente por parte de estudiantes o docentes, persecuciones, hostigamiento y presencia no deseada en sus casas, agresiones sexuales violentas, y hasta amenazas y advertencias sobre la posible invalidación de sus títulos si denunciaban.
María Alejandra Benítez Hurtado, designada del Presidente de la República en el Consejo Superior de la Universidad, y promotora de la Comisión de Género, ha sido una de las defensora de las víctimas. “Una docente con 20 años de trabajo fue retirada de su cargo por denunciar el acoso sexual del que era víctima a manos de una directiva de facultad, que aún permanece en su puesto”, señaló Benítez.
Hay más de 40 denuncias en Fiscalía, Procuraduría y Ministerio de Educación. Las víctimas incluyen estudiantes, profesoras y personal administrativo. Incluso, una docente afirma haber sido retirada de su cargo por denunciar a un decano.
No obstante las denuncias, en su investigación el Ministerio de Educación concluyó que la universidad no dio una respuesta eficaz al no activar los protocolos de protección, que hubo dilaciones injustificadas en los procesos y que las directivas permitieron que agresores evadieran sanciones, incluso retirándose voluntariamente antes de ser castigados.
Se habla, en la investigación, de que hubo obstáculos burocráticos, incumplimiento de términos y revictimización.
Por esto, el Ministerio sancionó a la Universidad de Cartagena con una multa de $ 85,410.000 (60 salarios minimos), al rector William Malkún Castillejo (foto), con $71.175.000 (50 salarios mínimos) por omisión en su deber de supervisión y control jerárquico, y con $56,940.000 al decano de la facultad de ciencias económicas José David Patiño, por incumplir los términos procesales y no supervisar adecuadamente las investigaciones.
El Vicerrector de Bienestar Universitario, Miguel Enrique Camacho Manjarrez, fue exonerado de responsabilidad al demostrarse que actuó con la diligencia debida en el marco de sus competencias.
Con la Resolución 25360, el Ministerio impuso la primera sanción en la historia del país, y de Latinoamérica, a una universidad pública por desatender lineamientos contra las Violencias Basadas en Género (VBG).
Tras conocerse la sanción, el Consejo Académico de Unicartagena rechazó las decisiones del Ministerio de Educación Nacional, las cuales -dice- desconocen las normas internas y el debido proceso e hicieron un llamado a que esa cartera respete la autonomía universitaria y a trabajar para garantizar la continuidad y la prestación del servicio público de la educación superior.
