Feb 4/26 Un tercio de los 351 programas de medicina en Brasil no garantizan una formación mínima aceptable en salud, mientras que el 25% del alumnado no logró demostrar conocimientos esenciales para la práctica clínica.
Así se confirmó tras conocerse los resultados de la primera edición del Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes de Medicina (Enamed), aplicado por el Ministerio de Educación de ese país.
Por ello, 13.000 estudiantes, de un universo de 89.024, que presentaron la prueba en octubre pasado, y que están a punto de graduarse en Medicina reprobaron el examen oficial que evalúa las competencias básicas para ejercer.
El Enamed, creado para medir la calidad real de la formación médica en un país con el sistema de salud pública más grande del mundo, mostró que las universidades municipales y privadas con ánimo de lucro concentran las peores calificaciones, y que los programas donde menos del 40% de los estudiantes demostraron competencias básicas fueron automáticamente clasificados como deficientes.
Aunque los estudiantes no recibirán sanciones individuales, las instituciones sí enfrentarán restricciones: no podrán ampliar cupos y, en los casos más críticos, deberán reducirlos. El objetivo del Ministerio es frenar la proliferación de programas sin condiciones académicas adecuadas.
La Asociación Médica Brasileña (AMB) emitió un comunicado en el que señala que, según la ley actual, los estudiantes pueden obtener registro profesional y atender pacientes, lo que consideran un riesgo grave, por lo que piden crear un examen de proficiencia obligatorio para ejercer.
Un problema estructural en un país con enormes desafíos sanitarios
Brasil, con 212 millones de habitantes y regiones de difícil acceso, depende de un sistema público (SUS) que exige un flujo constante de médicos bien formados. Sin embargo, la expansión acelerada de facultades —especialmente privadas— ha generado un ecosistema desigual, donde la calidad varía drásticamente entre instituciones.
El Consejo Federal de Medicina ya estudia mecanismos para impedir que estudiantes sin competencias mínimas comiencen a atender pacientes, mientras crece la preocupación pública por la seguridad en la atención.
