Junio/26 Para Valencia, rector nacional de Area Andina, financiar a corto plazo es insostenible: la educación superior requiere visión larga, corresponsabilidad y recursos estables para transformar oportunidades. Tomado de Diario del Otún.
En tiempos de estrechez fiscal, los países no solo ajustan sus cuentas, también ponen a prueba su idea de futuro. La educación superior está hoy en ese lugar. Ya comenzó la construcción técnica del Presupuesto General de la Nación para 2027 y, sin embargo, la discusión no debería agotarse en cuánto dinero habrá. La pregunta de fondo es otra, y quizá más decisiva: cómo sostener calidad, cobertura y permanencia cuando el margen fiscal es más limitado, pero la necesidad de ampliar oportunidades sigue creciendo.
No se trata únicamente de una discusión presupuestal. Se trata, sobre todo, de una conversación sobre el tipo de país que queremos construir. Detrás de cada decisión de financiación hay algo más que cifras y rubros: hay trayectorias educativas, proyectos de vida, jóvenes que buscan ingresar por primera vez a la universidad, estudiantes que trabajan para continuar en el sistema, familias que reorganizan sus recursos mes a mes para sostener ese propósito y territorios donde formarse todavía supone desafíos adicionales. Financiar bien la educación superior significa, en buena medida, crear condiciones para que más personas avancen en su camino formativo sin interrupciones evitables.
En 2026, el consolidado del sector pasó de $81,6 billones a $88,2 billones. Es un dato relevante. Pero un sistema no se fortalece solo por recibir más recursos o capital en un año, se consolida cuando esos recursos logran traducirse en oportunidades concretas: acceso, permanencia, conectividad, infraestructura pertinente y formación de calidad. Además, el contexto fiscal que hoy enfrenta el país obliga a pensar con mayor cuidado cómo sostener esos avances. En la actualización del Plan Financiero 2026, el Ministerio de Hacienda advirtió que los ingresos totales proyectados están 2,0 puntos del PIB por debajo de lo previsto en el PGN 2026.
Una conversación que no puede seguir fragmentada
Durante años, en Colombia se ha abordado la educación superior desde miradas parciales. A veces se la piensa como si la oferta pública pudiera responder, por sí sola, a toda la demanda. Otras veces se observa a las instituciones privadas como si ocuparan un lugar secundario. Pero el país tiene un sistema mixto, y cualquier conversación seria sobre su sostenibilidad debe partir de ese reconocimiento. Las universidades públicas cumplen una función estratégica e irremplazable. Las privadas, al mismo tiempo, amplían posibilidades para miles de jóvenes que no encuentran cupo en la oferta oficial o que requieren trayectorias más flexibles para continuar.
Por eso, el reto ya no consiste solo en asegurar más recursos, sino en consolidar una política de financiamiento con visión de largo plazo. La reforma financiera promulgada en marzo de 2026 cambió la referencia exclusiva del IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior y fijó una meta de crecimiento progresivo de la inversión en educación superior pública hasta llegar al 1 % del PIB. Es un paso importante, pero también una invitación a construir instrumentos más estables y sostenibles.
Asimismo, la conversación alrededor del ICETEX, por ejemplo, puede leerse como una oportunidad para revisar de manera más amplia cómo garantizar acceso y permanencia para quienes no pueden financiar por sí solos su formación superior. El país necesita mecanismos sólidos: fondos de garantía, esquemas de articulación territorial y herramientas capaces de acompañar trayectorias completas, no solo de responder a urgencias inmediatas.
También hace falta una conversación más articulada entre Estado, universidades públicas y privadas, sector productivo y territorios. Si el propósito es ampliar cobertura, reducir deserción y sostener calidad, resulta indispensable construir respuestas desde una mirada compartida del sistema. La educación superior necesita continuidad, corresponsabilidad y una visión de largo aliento.
A ello se suma una realidad ineludible: en 2026, acceso también significa conectividad. En muchas zonas del país, estudiar todavía supone desplazamientos, costos adicionales o barreras de acceso. La virtualidad y la hibridad pueden ampliar oportunidades reales, siempre que estén acompañadas por una política seria de conectividad con calidad y alcance suficientes.
No hay duda, la experiencia universitaria lo confirma todos los días: una parte importante de los estudiantes trabaja, sostiene responsabilidades familiares y enfrenta restricciones económicas concretas. Esa realidad recuerda algo esencial: financiar la educación superior no es solo respaldar una matrícula, es acompañar la posibilidad de continuar, de sostener un proyecto formativo y de convertir el esfuerzo en una oportunidad cierta y real.
Por eso, al entrar en la discusión del Presupuesto 2027, conviene mirar la educación superior no solo como una necesidad presupuestal, sino como una apuesta estratégica para el país. Cuando una nación financia bien su educación superior, fortalece universidades, pero también productividad, arraigo territorial, movilidad social y democracia. Y cuando lo hace con visión de largo plazo, les da mayor solidez a oportunidades que millones de jóvenes necesitan para construir su futuro. Porque, al final, financiar bien la educación superior no es solo sostener un sistema: es ampliar el horizonte de toda una nación.
