Agosto 18/26 El extinto gobierno Petro participó en la elección de nuevo rector con un designado que solo duró un día, en el que recusó a todo el Consejo Superior que elegirá rector para el mismo periodo del presidente De La Espriella. Por ahora no hay claridad de cuándo, quiénes y cómo designarán al nuevo rector.
La historia es la siguiente:
A 48 horas del cambio de gobierno, el 5 de agosto, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada sesionó para elegir rector y terminó la sesión sin votar. El delegado del Presidente de la República, el fiscal y exmilitar José Fernando Barberi Forero (quien ha estado envuelto en muy diversas polémicas) fue posesionado apenas el día anterior, radicó recusaciones contra dos de los consejeros de representación, además que pidió la suspensión del trámite, recusó a la totalidad del Consejo y se retiró de la sesión.
Los integrantes del Consejo Superior
Con el nuevo gobierno no ha habido sesión del Consejo Superior. El registro para la última sesión de inicios de agosto fue:
- Angélica Marín Agudelo, entonces viceministro de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa
- Almirante Harry Ernesto Reyna Niño, Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares
- José Fernando Barberi Forero, designado por el entonces presidente Gustavo Petro.
- José Ferney Franco Rodríguez, delegado del Ministerio de Educación Nacional
- Brigadier General Jorge Mario Aguirre Martínez, director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba
- Mayor General Eduardo Antonio Herrera Berbel, por los exrectores
- Mayor General Fabio Caro Cancelado, Director de la Escuela Superior de Guerra
- Brigadier General John Arturo Sánchez Peña, por las directivas académicas
- Ingeniero Felipe Alfredo Riaño Pérez, por los docentes
- Orlando Perdomo Ramírez, por los egresados
- Camilo Andrés Fernández Alvarado, por los estudiantes
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Lo que el proceso ya tiene resuelto
Tras el fallecimiento del rector en ejercicio Javier Alberto Ayala Amaya, la Universidad definió, con base en su regulación interna, que la elección no sería para completar el periodo en curso, sino para un cuatrienio completo (2026-2030). El nuevo titular acompañará el mandato presidencial de Abelardo de la Espriella.
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Hubo tres postulaciones y dos candidatos. El Ministerio de Defensa Nacional postuló a la Mayor General (R) María Paulina Leguizamón Zárate, abogada, magistrada del Tribunal Superior Militar y primera mujer en alcanzar el generalato en el Ejército. El Comando General de las Fuerzas Militares y el Consejo Académico de la Universidad coincidieron en postular al Brigadier General (R) Arnulfo Traslaviña Sáchica, vicerrector general y rector encargado. Las hojas de vida y las propuestas programáticas están publicadas, y la verificación de requisitos, del 17 de julio, la firmó la Secretaría ad hoc del CSU, la cual fue constituida porque el secretario natural del órgano, el vicerrector general, es candidato.
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La asistencia de los ministerios a la sesión
El ministro de Defensa saliente, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, asistió personalmente a la sesión del 5 de agosto, algo que no había hecho en las sesiones anteriores del CSU. La coincidencia no es menor: de los once asientos que la Ley 805 de 2003 asigna al Consejo Superior, tres corresponden a oficiales que dependen funcionalmente de su despacho (el Comandante General de las Fuerzas Militares y los directores de la Escuela Superior de Guerra y de la Escuela Militar de Cadetes), y los tres consejeros debían votar ese día.
Del lado del Ministerio de Educación Nacional, la representación estuvo a cargo del delegado que habitualmente concurre al Consejo. No asistieron el ministro de Educación o el viceministro de Educación Superior.
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El delegado presidencial que llegó un día antes
La actuación del delegado del Presidente de la República definió la sesión. Nombrado luego de que ese asiento permaneciera vacante durante dos años y medio, se posesionó el 4 de agosto y al día siguiente, durante la sesión de elección, entregó las recusaciones contra dos consejeros, solicitó suspender el trámite, extendió la recusación a todos los integrantes del cuerpo colegiado (figura que, respecto de sí mismo, correspondería más bien a una declaratoria de impedimento) y abandonó la sesión.
Según conoció El Observatorio de la Universidad Colombiana, el delegado de la Presidencia que fue designado durante el gobierno del saliente Gustavo Petro, sustentó su recusación en la afectación al debido proceso y en el artículo 126 de la Constitución, y citó un fallo del Consejo de Estado sobre la elección de rector en la Universidad de Córdoba. No obstante, cabe precisar el precedente judicial citado: el 31 de julio de 2026 la Sección Quinta declaró legal esa elección y desestimó, entre otros, el cargo fundado en el artículo 126 de la Constitución, apelando a la autonomía universitaria.
El efecto práctico, en cambio, fue inmediato: el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 ordena suspender la actuación desde que se presenta la recusación y hasta que se decida. Las preguntas sobre estas actuaciones se acumulan: ¿Qué experiencia en gobierno universitario acredita quien llega a un Consejo Superior 24 horas antes de una elección? ¿Por qué se provee esa delegación después de dos años y medio, y justamente en esa semana en que se da el cambio de gobierno presidencial? ¿Recusar en bloque a un cuerpo colegiado, sin individualizar ni sustentar causales frente a la mayoría de sus miembros, es un ejercicio del debido proceso o un instrumento de aplazamiento?
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Dos recusaciones individuales de distinto alcance
Ambas recusaciones fueron promovidas por un egresado de la Universidad, y fueron entregadas durante la sesión por el delegado de la Presidencia. Según los escritos de recusación conocidos, la dirigida contra el representante de los egresados se apoya en dos contratos de prestación de servicios como asesor jurídico de la alta dirección, el último de los cuales habría terminado el 9 de junio de 2026, un día antes de su posesión como consejero. El escrito invoca la causal 16ª del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, que exige el transcurso de un año entre el ejercicio como asesor y la asunción de funciones en el órgano de decisión.
La dirigida contra el representante de las directivas académicas plantea una presunta serie de reciprocidad: de acuerdo con ese escrito, el candidato Traslaviña habría incidido en su designación como decano en agosto de 2025 y en su posterior elección como consejero, y aquel habría participado después en su postulación desde el Consejo Académico. Sobre ese punto cabe una precisión cronológica: en agosto de 2025 el rector en propiedad de la Universidad era Ayala Amaya, quien falleció el 1.º de junio de 2026.
Al haber sido recusados todos los integrantes del Consejo Superior, la actuación fue remitida a la Procuraduría, a la que corresponde pronunciarse sobre el alcance de cada causal.
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Un frente adicional
En paralelo, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU-UMNG) pidió públicamente que se aclare cuál es el vínculo, con la campaña de la candidata del Ministerio de Defensa, de una coronel (r) que (según el comunicado del sindicato) se desempeñó como jefe de Control Interno Disciplinario durante la rectoría de Luis Fernando Puentes Torres (2019-2023). Según las cifras suministradas por ASPU-UMNG en ese documento, aquella administración registra hallazgos fiscales cercanos a 14.579 millones de pesos en las vigencias 2022 y 2023, además de investigaciones activas en la Fiscalía y un pliego de cargos de la Procuraduría. El propio sindicato advierte que la sola presencia no acredita irregularidad alguna y se acoge a la presunción de inocencia. La pregunta que formula el sindicato aún no ha sido respondida públicamente.
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Lo que no debería ocurrir
Cualquiera sea el concepto que emita la Procuraduría sobre la recusación general, el proceso se encuentra en su fase final y debe continuar hasta la sesión de elección. Deshacerlo o rehacerlo, permitiendo nuevas postulaciones, abriría el camino a posibles causales de nulidad que la Universidad ya conoció: en diciembre de 2023 el Consejo de Estado anuló la elección de Ayala Amaya por no haberse alcanzado la mayoría exigida, y la consecuencia fueron seis meses de interinidad, mientras se realizaba la elección, con los mismos candidatos que habían sido postulados.
La nueva Presidencia de la República, por su parte, haría bien en revisar el perfil y el criterio con que provee su delegación en los consejos superiores, no solo por el perfil sino también por la dedicación, pues hay casos de IES en las que no se han nombrado delegados presidenciales desde hace varios años.
