Sep/26 Acero, exsecretario de seguridad de Bogotá, propone un trabajo coordinado entre universidades, autoridades locales y de seguridad para elaborar protocolos que enfrenten la delincuencia y la violencia en los campus. Tomado de Confidencial Noticias.
El protocolo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella para “intervenir las universidades donde se presente protestas violentas que afectan de manera grave el orden público” no puede ser elaborado y ejecutado solo por la Policía o las Fuerzas Militares, se requiere la participación de las universidades, ojalá a través de la Asociación Colombiana de Universidades -ASCUN- que involucra a universidades publicas y privadas.
Para esto hay caracterizar los problemas de violencia y delincuencia que se van a atender, definir las instancias estatales y de las universidades que deben coordinar y trabajar para solucionar los problemas identificados, acordar los pasos para la intervención y definir cuando y como se hace una intervención inmediata y cuando se realiza en el mediano y largo plazo.
Universidades: intervención en el marco del Estado de derecho
ara nadie es un secreto que al interior de algunas universidades y en sus entornos se presentan, no solo hechos de violencia y vandalismo en medio de las protestas, sino que existen otros problemas de seguridad que atentan contra la comunidad universitaria y los barrios circunvecinos, como la venta y distribución de drogas, presencia y accionar actores armados, hurtos de computadores, equipos e implementos de los estudiantes, equipos de laboratorios e implementos de las universidades, abusos sexuales y ventas ambulantes, que en muchos casos también son explotadas por grupos delincuenciales que cobran por los espacios donde se ejerce esta actividad.
En igual sentido, son manifiestos los hechos de violencia interpersonal que afectan la seguridad, la convivencia y la libre expresión de los estamentos universitarios, son comunes las agresiones verbales, las amenazas y el “tropel por el tropel”, que afectan el normal desarrollo de las actividades universitarias.
Como bien lo expuso el rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa en 2012 al Periódico Alma Mater[1]
“La Universidad es víctima y no generadora de violencia” y más específicamente “es víctima de la delincuencia organizada…Las protestas cambiaron. Ahora empiezan los tropeles sin motivaciones políticas y ya no se escuchan discursos de los encapuchados… Los robos, consumo y distribución de drogas son actividades conexas” y exigía la acción de las autoridades de seguridad y justicia “El balón está en el campo de las autoridades que deben identificar, judicializar y condenar a los delincuentes porque contra la Universidad están actuando a mansalva y sobreseguros“.
Como esta demanda, son múltiples los llamados de atención que han hecho las propias universidades para que, en conjunto con las autoridades de seguridad y justicia del orden nacional y local, se pueda comenzar a solucionar estos problemas, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta positiva. Más bien en algunos casos la respuesta ha sido que son problemas que las universidades deben resolver con sus recursos, como si en los territorios de los establecimientos educativos no operara la seguridad y la justicia estatal y no fuera una responsabilidad del presidente, de los alcaldes y gobernadores y de las demás autoridades de seguridad y justicia.
Tras el discurso del presidente Abelardo de la Espriella el pasado 13 de septiembre, este tema cobró relevancia, pero en este caso solo se refirió a la protesta violenta y ordenó la elaboración de un “protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta, y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen, sin dudas, la intervención de las autoridades. La policía nacional será la primera autoridad operativa para atender esta situación y podrá actuar cuando desde las universidades, se preparen actos vandálicos o terroristas”.
Protocolo con la participación de la universidad.
Esta es una buena oportunidad para que, con la participación de las directivas universitarias y los gobiernos locales, se elabore no solo el protocolo ordenado por el presidente, sino que se atienda de manera coordinada e integral, los graves problemas que de violencia y delincuencia que tienen las universidades y sus entornos.
Esto no se puede limitar solo a la elaboración de un protocolo para la intervención e ingreso de la policía a las universidades cuando se presenten graves problemas de orden público, debe realizarse un trabajo concertado con las universidades, la Policía, la Fiscalía y las administraciones locales, donde existen universidades territoriales para elaborar el protocolo ordenado por el presidente, y otros protocolos para atender los problemas de inseguridad y proponer soluciones concertadas. En general, se puede asegurar que los siguientes son los problemas que más afectan algunas universidades públicas:
Estos protocolos no pueden ser elaborados solo por la Policía o las Fuerzas Militares, se requiere la participación de las universidades, ojalá a través de la Asociación Colombiana de Universidades -ASCUN- que involucra a universidades publicas y privadas. Para esto se requiere caracterizar los problemas de violencia y delincuencia que se van a atender, definir las instancias estatales y de las universidades que deben coordinar y trabajar para solucionar los problemas identificados, acordar los pasos para la intervención y definir cuando y como se hace una intervención inmediata y cuando se realiza en el mediano y largo plazo.
En todos los casos no hay que confundir intervención, con ocupación territorial de los campus universitarios por parte de las autoridades de seguridad y justicia, sino de una labor profesional, concertada e inteligente que logre identificar los problemas, recoger las pruebas de vinculación de las personas que realizan las actividades delincuenciales, detenerlos y ponerlos a disposición de los jueces
Si las autoridades universitarias, las alcaldías y las instituciones de seguridad y justicia, reconocen que los campus universitarios no son territorios donde todo vale, si cada una asume lo que le corresponde en materia de seguridad y convivencia y se trabaja en equipo de manera permanente, es posible solucionar los problemas de violencia y delincuencia, que hoy afecta a la mayoría de las universidades. La coordinación expuesta permitirá definir protocolos claros de intervención, inclusive el ingreso de las autoridades de seguridad y justicia cuando la situación de violencia y delincuencia lo ameriten.
Por otro lado, existen experiencias que hay que mirar para aprender, como es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, donde conviven a diario más de trescientos mil personas entre docentes, administrativos, estudiantes y visitantes. La UNAM, a través de la Dirección General de Servicios Generales, con policía propia, atiende la seguridad de los ciudadanos y del claustro universitario las 24 horas del día, los 365 días al año, en coordinación con las autoridades de seguridad y justicia del gobierno de Ciudad de México y con las autoridades federales.
Esta experiencia demuestra que no existe contradicción entre autonomía universitaria y seguridad de los ciudadanos, que los campus universitarios no están vedados para las autoridades de seguridad y justicia y que se puede trabajar en equipo, en donde cada institución estatal hace lo que le corresponde de la manera más profesional. En la UNAM la constitución, las leyes y los reglamentos de los estamentos universitarios sí existen y se aplican. En Colombia lo que se requiere es decisión y autoridad para hacerlo.
[1] Alma Mater . “La Universidad de Antioquia es víctima y no generadora de violencia. Universidad de Antioquia. No 611. Julio de 2012.
