Nov 12 de 2026
Durante décadas, el ICFES fue un protagonista de la educación superior colombiana. Cambió su naturaleza, se concentró en las evaluaciones y alcanzó reconocimiento internacional, pero hoy enfrenta preguntas sobre la utilidad de sus resultados para el sistema educativo. La ministra Ilva Myriam Hoyos también le señala problemas de articulación con el Gobierno, austeridad y gestión jurídica.
La visita de la ministra a las oficinas del ICFES puso sobre la mesa una discusión que va más allá de su funcionamiento administrativo: el papel que debe cumplir una entidad que alguna vez fue central para el desarrollo de la educación superior y que hoy es cuestionada por su aporte a la mejora de la calidad educativa.
Esto ocurre tras la declaración de insubsistencia de Elizabeth Blandón Bermúdez, quien ocupaba la dirección general desde agosto de 2023, y la designación de Maribel Castro Flórez como directora encargada. Castro se desempeñaba como directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación. También fue designado Álvaro José Cifuentes, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, como delegado del Ministerio en la Junta Directiva del Instituto.
La ministra expresó una “honda preocupación” y afirmó que el ICFES “ha perdido su misión” y se ha convertido en un “contradictor” del Ministerio de Educación, en lugar de ser una entidad aliada en el mejoramiento de la calidad educativa. Pidió recuperar su “grandeza”, la “autoridad del conocimiento”, la confianza y el reconocimiento internacional que alguna vez tuvo, y manifestó preocupación por lo que considera una politización de la entidad.
Los riesgos que presenta la entidad
Durante su visita, el Ministerio puso de presente varios asuntos que, a su juicio, requieren revisión y decisiones administrativas. Se trata de alertas y cuestionamientos formulados por la ministra, que deberán ser examinados y sustentados técnicamente:
01. Seguridad de las pruebas. Posibles filtraciones en la cadena de custodia de los exámenes, especialmente en Saber 11, que involucra cerca de 650.000 evaluados y unos 10.000 contenedores.
02. Dependencia tecnológica. Alta dependencia de la plataforma Prisma, sin un responsable único señalado por el Ministerio.
03. Contratación y logística. Riesgos contractuales en la operación de las evaluaciones.
04. Frente jurídico. El Ministerio informó de 1.276 acciones de tutela acumuladas en lo corrido de 2026 y señaló la ausencia de un jefe en la Oficina Jurídica.
05. Inclusión y accesibilidad. Cuestionamientos sobre las garantías y los apoyos para personas con discapacidad durante las evaluaciones.
06. Infraestructura y austeridad. Solicitud de revisar la utilización de la sede de tres pisos en Bogotá y el contrato de arrendamiento, bajo criterios de austeridad.
07. Presupuesto. Según los informes de la Contraloría General de la República, en 2024 el 62,57 % del presupuesto definitivo del ICFES correspondió a operación comercial: aproximadamente $172.849 millones de un total de $276.266 millones. Esto plantea la necesidad de examinar cuánto se destina efectivamente al fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnica de la entidad.
Sobre el frente jurídico, los documentos institucionales registran 519 tutelas en 2023, 445 en 2024 y 634 hasta octubre de 2025. El Ministerio, por su parte, reportó 1.276 en lo corrido de 2026. Son cifras que llaman la atención sobre la carga de litigiosidad de la entidad, aunque sus periodos de corte no son idénticos y no permiten, por sí solos, establecer las causas de su comportamiento.
El Ministerio también solicitó reactivar las pruebas censales de los grados 3°, 5°, 7° y 9°, suspendidas desde 2017, y diseñar una nueva línea base para Saber 11, con referentes internacionales, un componente socioemocional y mayor cobertura electrónica.
El asunto de la inclusión merece especial atención. Las evaluaciones deben contemplar ajustes razonables y condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva y de otras condiciones. También deben examinarse las barreras de acceso señaladas para jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y personas privadas de la libertad.
De referente sectorial a entidad cuestionada: casi seis décadas de transformación
El ICFES nació el 26 de diciembre de 1968, mediante el Decreto 3156, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, bajo el nombre de Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Como entidad adscrita al Ministerio de Educación, tuvo inicialmente funciones de apoyo al desarrollo de las universidades, asistencia técnica, económica y administrativa, y participación en tareas de inspección y vigilancia como órgano auxiliar del Ministerio.
Nace el ICFES
El Decreto 3156 crea el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Su misión inicial estaba vinculada al fomento y desarrollo de las universidades.
Se reorganiza el sector
Los decretos 2230 y 2232 modifican la estructura del Ministerio de Educación y del ICFES. Se establece el Viceministerio de Educación Superior y se redistribuyen funciones entre las entidades.
Se redefine su naturaleza
La Ley 1324 transforma el marco jurídico del Instituto y consolida su función de evaluación de la educación en todos los niveles.
La reorganización de 2003 no significó que el ICFES pasara de inmediato a dedicarse exclusivamente a las pruebas. El Decreto 2232 de ese año todavía le asignó funciones relacionadas con el fomento, la investigación y el apoyo al desarrollo de la educación superior.
El cambio definitivo en su naturaleza jurídica llegó el 13 de julio de 2009, con la Ley 1324. La norma lo transformó en una empresa estatal de carácter social del sector Educación Nacional, entidad pública descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación.
También modificó su denominación: pasó de ser el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, aunque conservó las siglas ICFES por su reconocimiento histórico. La ley trasladó al Ministerio varias funciones de fomento que antes tenía el Instituto, pero mantuvo en este último responsabilidades de evaluación e investigación sobre los factores que inciden en la calidad educativa.
En la práctica, el Viceministerio de Educación Superior y el ICFES comenzaron a recorrer caminos institucionales distintos. El desafío ha sido mantener la articulación entre la producción de información sobre los aprendizajes, la política pública y las decisiones de mejoramiento de las instituciones.
En educación superior, el ICFES aplica las pruebas Saber TyT y Saber Pro, cuyos antecedentes son los ECAES (Exámenes de Calidad de la Educación Superior), aplicados entre 2002 y 2010. Estas evaluaciones permiten medir competencias genéricas —Lectura Crítica, Razonamiento Cuantitativo, Competencias Ciudadanas, Comunicación Escrita e Inglés— y módulos específicos para determinados programas.
La presentación de estas pruebas es, en los términos establecidos por la ley, un requisito para obtener el título. Sin embargo, no existe un puntaje mínimo general que el estudiante deba alcanzar para graduarse. Sus resultados también aportan información para los procesos de autoevaluación, aseguramiento de la calidad y acreditación, así como para los análisis institucionales y del sistema.
Algunos reparos a las pruebas Saber
Más allá de los cuestionamientos administrativos, existe una discusión de fondo sobre el uso y el impacto de las evaluaciones. El problema no es solamente aplicar pruebas y producir resultados, sino lograr que esa información permita comprender los aprendizajes y orientar decisiones pedagógicas, institucionales y de política pública.
Medición del valor agregado
Los resultados reflejan los desempeños de los estudiantes, pero su interpretación debe considerar las condiciones de entrada, la trayectoria educativa y el contexto socioeconómico. El reto es identificar con mayor precisión qué tanto contribuye cada institución al desarrollo de las capacidades de sus estudiantes.
Uso de los resultados
La presentación de las pruebas es un requisito legal, pero el desafío es que la información no se quede en el cumplimiento formal y se traduzca en decisiones concretas de mejoramiento. Que el puntaje no determine por sí solo la graduación no significa que los resultados carezcan de consecuencias para los procesos de calidad.
Brechas persistentes
Pese a la aplicación periódica de las evaluaciones, persisten diferencias de desempeño asociadas a las condiciones socioeconómicas y educativas de los estudiantes. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para convertir la información en intervenciones pedagógicas e institucionales que reduzcan esas desigualdades.
Alcance de las competencias
Las competencias genéricas no representan por sí solas toda la calidad de una formación profesional. Un ingeniero, un médico, un abogado, un educador, un artista y un administrador requieren conocimientos, habilidades y capacidades específicas. Las pruebas deben interpretarse teniendo en cuenta esa diversidad, así como los módulos específicos que existen para determinados programas.
Confiabilidad de los registros
Un cruce de información entre el SNIES y el ICFES para el periodo 2019-2024 identificó 78.756 graduados sin registro de presentación de la prueba al momento de su grado, sobre un universo de 2.410.921 registros. El dato equivale al 3,27 % del total analizado. También se reportaron 5.239 personas que presentaron la prueba después de graduarse. Al menos 269 instituciones —el 97,4 % de las que reportaron graduados— tuvieron algún caso. Esto no significa que el 97,4 % de los graduados incumpliera el requisito ni demuestra, por sí solo, que todas las personas identificadas dejaron de presentar el examen: el cruce exige aclaraciones sobre registros, reportes y actualización de información.
Relación con la acreditación
Los resultados de las pruebas aparecen como referentes de análisis y oportunidades de mejora en los procesos de aseguramiento de la calidad. El reto es que las observaciones no se limiten a señalar resultados bajos, sino que permitan identificar caminos técnicamente sustentados para mejorar los aprendizajes.
En el fondo, la discusión es si el ICFES debe limitarse a operar evaluaciones o recuperar un papel más activo como referente de conocimiento y orientación del sistema educativo. Una entidad con su trayectoria, capacidades y responsabilidades debería contribuir a responder preguntas como:
¿Qué están aprendiendo realmente los estudiantes colombianos?
¿Qué tanto contribuyen las universidades a desarrollar sus capacidades?
¿Qué diferencias existen entre instituciones públicas y privadas?
¿Qué sucede con los aprendizajes según el origen socioeconómico, territorial y educativo de los estudiantes?
¿Qué programas están formando profesionales con mejores capacidades para responder a las necesidades sociales y productivas?
¿Qué transformaciones curriculares y pedagógicas deberían promover las instituciones?
¿Cómo se relacionan los resultados de las pruebas con la deserción, la graduación, el empleo y la movilidad social?
No basta con saber cuántos estudiantes alcanzaron determinado nivel de desempeño. Es necesario interpretar qué significa ese resultado, qué factores lo explican y qué decisiones deberían derivarse de él. La evaluación debe ser un instrumento para comprender y transformar la educación, no solamente un mecanismo para medirla.
La cirugía del ICFES debe ir más allá de cambiar de oficinas y nombrar un director jurídico. El reto es recuperar su capacidad técnica, su credibilidad y su aporte efectivo al mejoramiento de la educación colombiana.