Nov 19/26 La propuesta de que la Universidad Nacional de Colombia absorba a la ESAP abre una discusión que trasciende el ahorro fiscal: pone en juego la designación de directivos, la autonomía universitaria, la cobertura territorial y el modelo que podría servir de referente para otras entidades públicas de educación superior, como el SENA.
La discusión sobre la eventual incorporación de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) como una facultad o unidad académica de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) trascendió rápidamente el debate fiscal en el Congreso de la República para instalar una pregunta de fondo en el sistema de educación superior: ¿conviene transformar la naturaleza jurídica de las instituciones públicas que ofrecen programas universitarios bajo dependencia directa del Ejecutivo y trasladarlas al régimen de autonomía universitaria?
1. El origen político de la propuesta: la Ley de Rescate Económico y la cumbre de Rionegro
La iniciativa surgió en el marco del trámite legislativo del proyecto de Ley de Rescate Económico (o ajuste fiscal), radicado el 29 de octubre de 2026 por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella con el fin de estabilizar las finanzas públicas y reducir el gasto estatal. En dicho articulado, el Ejecutivo solicitó al Congreso facultades extraordinarias por seis meses para suprimir, fusionar, reestructurar o modificar la naturaleza jurídica de entidades del orden nacional, dentro de un plan macro que contempla recortar o fusionar cerca de 105 organismos públicos.
A partir de ese marco de facultades extraordinarias, el pasado sábado 14 de noviembre, durante una cumbre programática realizada en Rionegro (Antioquia) con la participación del expresidente Álvaro Uribe, congresistas del Centro Democrático, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior Alejandro Ordóñez, esa bancada presentó al Gobierno Nacional un paquete alternativo de reducción del gasto estatal. Según esa agrupación política, la idea es buscar fuentes de ahorro administrativo para evitar el incremento o la extensión del IVA a productos de la canasta familiar. Entre las medidas planteadas en esa mesa figuró expresamente la supresión de la ESAP como establecimiento público autónomo y su absorción como dependencia académica de la Universidad Nacional de Colombia.
2. El cálculo del ahorro fiscal y la realidad presupuestal de la ESAP
En el paquete global presentado en Rionegro —que también incluye, entre otros, fusionar las agencias nacionales de Minería y de Hidrocarburos, integrar entidades del sector agropecuario al Ministerio de Agricultura y eliminar las contralorías departamentales—, los promotores proyectaron un ahorro agregado cercano a los $20 billones en el cuatrienio.
Sin embargo, al desagregar el caso específico de la ESAP, las cifras muestran que el ahorro neto para el Presupuesto General de la Nación sería limitado —casi marginal, consideran algunos— si se mantiene la operación académica:
- Presupuesto y fuentes de financiación de la ESAP: A diferencia de las universidades estatales financiadas por los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la ESAP es un establecimiento público adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) que se nutre principalmente de aportes parafiscales establecidos en la Ley 21 de 1982 (0,5 % de las nóminas oficiales) y de transferencias del sector Función Pública, y cuenta con un presupuesto anual superior a los $450.000 millones y una ejecución territorial reportada del 96 % en 2026.
- Margen real de ahorro: La eventual economía fiscal se concentraría en la eliminación de duplicidades administrativas (nóminas directivas de nivel nacional, oficinas jurídicas, de planeación y contratación paralelas), pero no en los costos misionales. Si la Universidad Nacional absorbiera la planta docente, los pasivos laborales, el sostenimiento de las sedes y la gratuidad de los estudiantes actuales, el Estado debería trasladar a la UNAL esas mismas rentas parafiscales o partidas equivalentes para evitar agravar el déficit estructural que ya enfrenta la institución.
3. Impactos posibles y posiciones frente a la medida
La propuesta ha abierto un contraste entre criterios de eficiencia administrativa, viabilidad constitucional y cobertura educativa en las regiones:
- Límites constitucionales y autonomía universitaria (artículo 69 de la Constitución Política): Juristas y directivos universitarios advierten que, aun si el Congreso otorgara facultades extraordinarias al Presidente para suprimir o reestructurar establecimientos públicos de la Rama Ejecutiva, el Gobierno Nacional no puede ordenar por decreto a la Universidad Nacional crear una facultad o asumir una entidad. Por su régimen de autonomía especial (Ley 30 de 1992 y Decreto 1210 de 1993), cualquier integración requeriría la aprobación soberana del Consejo Superior Universitario (CSU) de la UNAL.
- Cobertura territorial frente a centralización académica: Uno de los puntos más sensibles es el impacto en la presencia regional. La ESAP opera a través de 16 direcciones territoriales y más de 230 Centros Territoriales de Administración Pública (CETAP) ubicados en municipios de categorías 5 y 6, con horarios nocturnos y de fin de semana diseñados para servidores públicos en ejercicio y bachilleres locales. La Universidad Nacional cuenta con 9 sedes y un sistema de admisión centralizado y altamente selectivo. Quienes cuestionan la fusión señalan que desmontar la red de CETAP o someterla a los estándares de admisión de la UNAL podría dejar sin oferta pública presencial a miles de estudiantes de Administración Pública Territorial (APT) en la Colombia apartada, o de jornada nocturna.
- Capacidad de asistencia técnica al Estado: Defensores de la institucionalidad actual sostienen que la ESAP cumple una función misional distinta a la de una facultad universitaria: es el brazo operativo del DAFP encargado de capacitar masivamente a alcaldías, gobernaciones y funcionarios en carrera administrativa, control interno y gestión pública. Quienes respaldan la integración, en cambio, consideran que esa asistencia técnica podría canalizarse con mayor rigor investigativo a través de los centros de extensión de la UNAL, evitando la superposición de contratos estatales entre ambas entidades.
4. Naturaleza de la ESAP, sus orígenes y su vínculo histórico con la Universidad Nacional
La ESAP fue creada mediante el artículo 17 de la Ley 19 de 1958, expedida el 18 de noviembre de 1958 durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, en el marco de la gran reforma administrativa del Estado colombiano y con inspiración en el modelo francés de la École Nationale d’Administration (ENA). Su propósito fundacional fue profesionalizar el servicio civil, establecer la carrera administrativa y brindar asistencia técnica a los entes territoriales.
Desde su origen, la ESAP ha mantenido un estrecho vínculo académico y directivo con la Universidad Nacional de Colombia:
- Fundadores y cuna académica: En las décadas de 1950 y 1960, cuando la ciencia política y la administración pública apenas se institucionalizaban en el país, sus primeros cuadros docentes, investigadores y directivos provinieron mayoritariamente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL.
- Tránsito permanente de directivos: De manera recurrente, distintos gobiernos han acudido a profesores titulares, exdecanos y exvicerrectores de la Universidad Nacional —en propiedad o en encargo— para dirigir la ESAP, como ocurrió en años recientes con Pedro Medellín Torres (2019) y Jorge Iván Bula Escobar (designado en 2022). El actual director, nombrado por el actual gobierno, es Neiro José Alvis Barranco.
- Complementariedad disciplinaria y un hito reciente: La Universidad Nacional posee una consolidada trayectoria en la formación disciplinaria e investigativa en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía y Ciencia Política (con grupos de investigación categorizados en A1 y programas acreditados de alta calidad). A su vez, el 17 de noviembre de 2026 —apenas tres días después de la cumbre de Rionegro—, el Ministerio de Educación Nacional otorgó registro calificado por siete años al primer Doctorado en Administración Pública de la ESAP, respaldado por 28 grupos de investigación. Una articulación orgánica uniría ambas capacidades, aunque obligaría a resolver complejas asimetrías entre dos estatutos profesorales y escalafones salariales (Decreto 1279 de 2002) distintos.
5. El espejo para otras entidades de régimen especial: el caso del SENA y los antecedentes de transición
El debate sobre la ESAP reabre la discusión sobre el grupo de instituciones que, sin ser entes universitarios autónomos, prestan el servicio público de educación superior bajo el régimen híbrido del artículo 137 de la Ley 30 de 1992 (administrativamente son establecimientos públicos adscritos a ministerios o departamentos administrativos, pero en lo académico se someten a las normas de educación superior):
- El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): Adscrito al Ministerio del Trabajo (Ley 119 de 1994), es la entidad más comparable con la ESAP. Ofrece cientos de programas técnicos profesionales y tecnológicos con registro calificado del Ministerio de Educación y se financia con aportes parafiscales, pero su Director General es de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República y sus 33 regionales responden a la estructura administrativa del Ejecutivo.
- Otras entidades del artículo 137: En esta misma categoría operan el Instituto Caro y Cuervo (adscrito al Ministerio de las Culturas, que imparte posgrados a través de su Facultad Seminario Andrés Bello) y las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (adscritas al Ministerio de Defensa).
- Antecedentes de migración hacia la autonomía: En el pasado, dos instituciones incluidas originalmente en el artículo 137 de la Ley 30 lograron desvincularse de la tutela ministerial para transformarse en entes universitarios autónomos: la Universidad Militar Nueva Granada (mediante la Ley 805 de 2003) y la Escuela Nacional del Deporte (mediante el Decreto 1227 de 2008 y la Ley 1967 de 2019). A diferencia de esos casos, la propuesta sobre la ESAP no plantea crear un nuevo ente autónomo independiente, sino su absorción por una universidad autónoma ya existente.
6. Designación de directivos, gobernabilidad y críticas históricas al aparato burocrático
El trasfondo institucional más relevante para el sistema universitario radica en el modelo de gobierno. A diferencia de las universidades públicas tradicionales —donde la autonomía abarca tanto el manejo presupuestal como el autogobierno y la designación del rector por parte de un Consejo Superior Universitario con participación de profesores, estudiantes y egresados (e incluso a diferencia de las Instituciones Técnicas Profesionales y Tecnológicas Públicas, donde sus consejos directivos eligen al rector)—, en la ESAP el Decreto 2083 de 1994 (artículo 8) establece que su Director Nacional es un agente del Presidente de la República, de libre nombramiento y remoción, y su Consejo Directivo está presidido por el Director del DAFP con mayoría gubernamental.
A lo largo de las últimas décadas, ese diseño institucional ha sido objeto de reiteradas críticas por parte de sindicatos docentes, estamentos estudiantiles y órganos de control:
- Inestabilidad directiva e interinidad: La dependencia directa de la Casa de Nariño ha provocado frecuentes relevos en la dirección nacional y en las 16 direcciones territoriales al ritmo de los cambios de gabinete o de los acuerdos políticos en el Congreso, generando largos períodos de encargos administrativos que afectan la planeación académica de mediano plazo.
- Cuestionamientos por burocracia y contratación: Diversos informes de auditoría de la Contraloría General de la República y debates de control político en el Congreso han señalado históricamente en la ESAP una alta concentración de contratos de prestación de servicios, sobrecostos administrativos en sedes regionales y tensiones por la destinación de recursos de asesoría y capacitación territorial en épocas preelectorales.
En ese contexto, más allá de la viabilidad fiscal o jurídica de la propuesta surgida en Rionegro, el debate pone en evidencia la tensión estructural de mantener escuelas de gobierno e instituciones de educación superior bajo el control nominador del Ejecutivo frente a la alternativa de someterlas a las reglas de mérito académico, rendición de cuentas colegiada y gobierno propio propias de la universidad pública autónoma.
De avanzar la propuesta y de ser aceptada también por el Consejo Superior de la UNAL, donde el Gobierno tiene varios asientos, el mismo Ejecutivo estaría «entregando» una pequeña cuota de poder burocrático al dejar de designar al director nacional y a los directores territoriales de la ESAP.
