Editorial del diario La Patria, de Manizales (29 de agosto de 2008), que advierte la necesidad de dar orden a la situación desatada en la Universidad por la decisión del Consejo Superior de cancelar unilateralmente el contrato del Rector Hugo Salazar García.
La Universidad es un patrimonio de la ciudad y la región que no debe estar expuesto a intenciones oscuras que desdibujen su objeto. La verdad debe imponerse y la calidad de sus procesos educativos garantizarse.
Se rebozó la copa en la Universidad de Manizales. Con la arbitraria medida adoptada por el Consejo Superior (CS) de sacar de la Rectoría del centro educativo a Hugo Salazar García queda en evidencia un conflicto de intereses y una disputa interna de poderes que de no encontrar a alguien ecuánime, que sea el fiel de la balanza, terminará por hacerle un mayor daño del que ha sufrido hasta ahora tan prestigiosa institución.
No se trata solamente de defender y exaltar la labor del derrocado rector a quien hay que reconocerle el empuje, el crecimiento, la transformación y la proyección nacional e internacional que le dio a la universidad en sus 14 años y medio ininterrumpidos de gestión, con todos los beneficios adicionales que eso conlleva. También hay que cuestionarle, hasta donde es posible, su responsabilidad frente a la situación de desorden administrativo y financiero que enfrenta dicho claustro académico.
Las investigaciones sobre un posible detrimento patrimonial de la Universidad por delitos cometidos por personas que desde altos cargos abusaron de la confianza que en su momento les tuvo Salazar García, está en poder de la Fiscalía, pues fue el mismo ex rector quien realizó la respectiva denuncia. Por eso resulta inexplicable que el CS haya decidido separar del cargo a Salazar alegando que podría interferir en las investigaciones, dando muestras de una deslealtad incomprensible.
Otras de las cuestionadas decisiones del CS fue decretarse inmunidad mediante un fuero especial que les permita tomar decisiones evitando riesgos académicos o laborales, sin que exista esa posibilidad en los estatutos de la Universidad. Ese hecho le quita firmeza a sus actuaciones, además de dejar dudas sobre el debido proceso que los llevó a suspender al rector de su cargo, antes de separarlo definitivamente del mismo. Igualmente, aflora un problema estructural en cuanto a la composición y funciones del CS, pues lo integran en su mayoría estudiantes y profesores del mismo claustro, que el día del Consejo son superiores al rector, y el día después son sus subordinados.
Se le critica al Rector ligereza en las decisiones para el despido de los implicados, uno de los motivos que pesó para su separación temporal del cargo; no obstante el propio CS, sin que la Fiscalía haya entregado aún los resultados de las investigaciones sobre los supuestos delitos, e incluso favoreciéndolo en lo que tiene que ver con el sonado caso de acoso sexual, determina cesar el contrato del máximo directivo sin justa causa.
De Hugo Salazar hay que decir, sin ambages, que merced a su interés por la institución tras haber sido uno de los fundadores, se puso al frente de la misma en un momento de profunda crisis y la sacó adelante, y haciendo uso de los procedimientos estatutarios se mantuvo al frente de la misma por tan largo tiempo, así ello sea cuestionable frente a la dinámica deliberativa y cambiante que exige un centro de educación superior.
El desorden administrativo en la universidad, reflejado principalmente en las compras de equipos y programas de informática es enorme. El informe de auditoria que realizá la prestigiosa firma Nexia Internacional Montes & Asociados, deja al descubierto malos procedimientos en las compras, uso y seguridad de la información administrativa de la Universidad. Tampoco se entiende que, por ejemplo, se hayan adquirido equipos más propios para empresas de vigilancia que para apoyar la labor académica de la universidad, como paralizadores eléctricos, y que la responsabilidad de tales inconsistencias no preocupe al Consejo.
Hay que pedir celeridad a la Fiscalía en las investigaciones para establecer con claridad dónde hubo irregularidades y quiénes se pudieron beneficiar de las mismas. Por otra parte, se deben mantener al margen los problemas administrativos de la universidad del normal desarrollo académico de los diferentes programas.
Como activo fundamental para el desarrollo social, educativo y universitario de Caldas y de la región la U. de Manizales requiere de profundas discusiones internas y externas que ayuden a superar los problemas que hoy la agobian. Allí se necesitan mesura, sindéresis, autocrítica, participación y por sobre todo entrega y transparencia. La Universidad es un patrimonio de la ciudad y la región que no debe estar expuesto a intenciones oscuras que desdibujen su objeto. La verdad debe imponerse y la calidad de sus procesos educativos garantizarse.
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