Por Carlos Lopera. Director de El Observatorio
En Colombia parecemos justificar la protesta universitaria como algo propio a su ethos y, por consiguiente, admisible y tolerable, a tal punto que hemos permitido correr la frontera de la aceptable manifestación de descontento y confrontación de ideas académicas, para terminar validando tácitamente actos que rallan en la criminalidad y el terrorismo.
Con razón o sin razón, la protesta universitaria es sana para evitar la imposición dictatorial de ideas, para escuchar la comunidad estudiantil y para ayudar a ver otras posiciones, como una expresión connatural a la academia, incluso si a veces va acompañada de folclor y de cierto grado de rebeldía juvenil.
Pero de ahí a justificar las pedreas, el lanzamiento de papás bombas, la retención de directivos y personal administrativo, el bloqueo, rompimiento de vidrios y daño a los activos públicos de una universidad, debe ser llamado por su nombre: Vandalismo y terrorismo. Baste dar una mirada al historial de noticias de El Observatorio sobre las universidades Nacional, Caldas, USCO, Valle, Córdoba, UIS y Distrital, para ratificar esto.
La retención del rector Wasserman, los daños de las instalaciones de la UIS y el intento de quemar con ácido a policías en la Surcolombiana son sólo algunas muestras de cómo, con o sin infiltrados de la guerrilla, los estudiantes terminan usando tácticas guerrilleras y criminales, que bajo ninguna circunstancia tienen explicación. ¿Qué seguirá?, ¿la bomba en la casa de un rector?, ¿una intoxicación masiva provocada?, ¿más parálisis de los sistemas de transporte?, ¿pequeños propietarios de negocios vecinos de las IES en la quiebra?…
Ni siquiera la autonomía universitaria justifica esta situación, y la retrograda visión de la izquierda, de oponerse al ingreso de las autoridades a los campus sólo alimenta los fueros rebeldes de cientos de estudiantes que, patrocinados por el dinero del Estado (léase todos los colombianos), terminan sus carreras y salen a ganar buenos salarios en el sector privado, dejando como algo anecdótico sus pedreas como estudiantes.
El problema no es Uribe, por más de derecha que sea. El discurso de la protesta es el mismo que se pronunciaba contra Pastrana, Samper, Barco, Gaviria, Betancur, López….. Es más, es un discurso tan trillado, poco original y poco académico, que es perfectamente predecible. Fuera gringos, no a la privatización, arriba el Che, no a la intervención… con algunos matices según el momento: Bases, paramilitarismo, neoliberalismo, narcotráfico…
Es cierto que hay rectores débiles que, como Wasserman son excelentes académicos, pero sin carácter para enfrentar la protesta que él mismo ha dejado crecer fuertemente en su administración. Es cierto que, con o sin deseo reeleccionista, es el presidente Uribe quien sale a dar la cara porque su ministra y viceministro poco o nada enfrentan el debate público. Es cierto que a las universidades públicas les falta inyección económica. Y también es cierta la inocencia y falta de inteligencia de las autoridades para detectar estas situaciones, muchas de ellas anunciadas y convocadas por Internet.
Las cosas por su nombre: La protesta que afecte el orden público es criminal y hasta terrorista. Los protestantes que excedan la normal y respetuosa expresión de inconformidad deben ser apresados y judicializados, incluso dentro de los campus -eso sí, sin los desafueros de las autoridades-, los rectores del SUE deben concertar normas disciplinarias estrictas y de plena aplicación en todas las universidades públicas y, lo más importante, no ceder a la presión y el chantaje para que los castigos sean levantados.
De lo contrario, al igual que pasa con las barras bravas, seguiremos engañandonos y poniendo remedios inoficiosos cada que hay un incidente o un muerto.
