Opinión de Alvaro T. López, en El Mundo, de Medellín, a propósito de la propuesta de la Ministra de Educación de hacer un análisis de la forma como las IES están distribuyendo el dinero que reciben del Estado.
Por impopular que resulte, hay que examinar las cuentas de las universidades que se nutren del erario. Hay que perderle el miedo a la quema de carros que se sucede en las calles, cada vez que alguien dice que se condiciona el giro de recursos a la constatación del cumplimiento del cometido social de la Universidad. No abunda el Ministerio de Educación Nacional en ideas brillantes, pero esta vez le asiste toda la razón, es más, está actuando conforme a los principios de la Hacienda Pública de privilegiar la buena gestión de los administradores del Tesoro. Por otro lado, es un asunto de elemental decencia, la exhibición de las cifras cuando los dineros administrados no son propios y, mucho más, si se trata de los sagrados recursos del Estado.
La Universidad es mucho más que la institución que recibe unos recursos para gastarlos en cumplimiento de unas funciones burocráticas; hace parte de la sociedad y en su concepción filosófica la sirve y la orienta hacia estadios de desarrollo y bienestar colectivos. En ese sentido resulta curioso que quienes se sienten responsables de ese futuro, quienes ven en la Universidad la herramienta eficiente que debe ser, los que acuden en pos del conocimiento que sirva para la evolución personal y nacional, reaccionen tan negativamente cuando se piden resultados concretos a quienes están al frente de la administración universitaria. Deberían ser los estudiantes y los profesores de las universidades los primeros interesados en conocer la realidad de los ejercicios presupuestales.
Están bien encaminadas las medidas del Ministerio. La petición de la ministra, es clara y valiente, pero falta arrojo y generosidad para idear e implantar un sistema de medición del impacto de la práctica universitaria, en pro del logro de una educación superior edificante y pertinente. El país tiene que llegar a contar con un estatuto de educación, que derribe las barreras comerciales de las llamadas educaciones públicas y privadas, porque el Estado responde por todo el sistema. Hay que fortalecer la injerencia y la vigilancia de la sociedad propietaria en el presente y el futuro de la Universidad, en el que tiene legítimo interés, desterrando el autismo y la actitud sospechosamente despectiva con que se trata al ciudadano, egresado o no, desde la Universidad.
Otro asunto importante es la elección de rectores y decanos, y la designación de profesores y vicerrectores, temas sobre los que cabe pensar seriamente. Es hora de ir aceptando, sin despojar al CSU de la función, que los protocolos de elección de los rectores no se compadecen con la importancia que debe dársele a la Universidad. No hay criterios para una real evaluación de las condiciones intelectuales de los candidatos, aunque a veces, hay que admitirlo, se acierta en la designación. En cuanto a los decanos, hay que mirar la enorme responsabilidad que tienen, no solo en cuanto al manejo mismo del saber que maneja la unidad académica respectiva, sino en la interactuación con estudiantes, maestros e interesados. Muy bueno sería, entonces, la adopción de un mecanismo que garantizara la elección de decanos de buen saber, buen parecer y buen actuar.
El asunto de la llamada autonomía, tema que ha servido de parapeto para disimular las mataduras, como dicen las señoras antioqueñas, no puede oponerse como prebenda que sirve para que el presupuesto de las universidades se vuelva cuentas secretas, y para fomentar pequeñas perversiones, como el turismo académico, por ejemplo. Las universidades tienen que explicar al detalle, en un examen integral de gestión, cómo se han gastado los recursos que nos pertenecen a todos, y cómo han contribuido a la superación de los problemas nacionales. Con ello cumplen el doble propósito de entregar las cuentas debidas, y dejar al Gobierno Nacional sin excusas para el no giro de lo que realmente se necesita. Es una forma de detener el deterioro y de garantizar el debido proceso de transformación social de Colombia.
