Julio 21/25 A las pocas semanas de posesionarse como Mineducación, en 2014, Gina Parody gestionó un decreto, firmado por el presidente Santos, para justificar su intervención en la Fundación Universitaria San Martín (FUSM). Ahora, el Consejo de Estado declaro nula esa norma.
El contexto de la situación
Durante el primer gobierno Santos (cuando la ministra de Educación era María Fernanda Campo) ya eran públicos en el sector los problemas académicos (de registros calificados vencidos y ofertados ilegalmente), administrativos, laborales y financieros de la Fundación Universitaria San Martín, entonces dirigida por Mariano Alvear (QEPD) y su grupo familiar. Muchas de esas irregularidades se remontaban a 1989, y entre 2005 y 2013 fueron reiteradas las advertencias del Ministerio.
Entonces llegó como ministra Gina Parody (foto), y en el afán por responder desde el Gobierno por la situación de esa IES, y evitar que diversos términos vencieran, así como los dineros de la Fundación, que se desviaron, dejando de cumplir sus compromisos, y se usaron en empresas familiares de los fundadores, se gestó la expedición del Decreto 2219 del 31 de octubre de 2014, por el cual se reglamentó el ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación superior, y con el que Mineducación asumió facultades para tomar medidas preventivas en instituciones con irregularidades.
Entre noviembre y diciembre de 2024, y avalado en ese decreto, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de matrículas para primer semestre y la obligación de la IES de crear una fiducia para manejar los recursos. Asimismo, se confirmó que la IES había perdido 55 de sus 60 registros calificados y que había más de 400 procesos judiciales abiertos.
En diciembre de 2014, y de forma expedita, en plenas vacaciones del sector, el Ministerio de Educación logró que el Congreso de la República aprobara la Ley 1740, de inspección y vigilancia.
Dicha ley fundamentó toda la intervención posterior del Ministerio, que permitió a la IES, con otro equipo de dirección superar sus dificultades académicas.
La nulidad de lo actuado por el Estado
El expresidente de la Corte Constitucional, Antonio María Barrera Carbonell (foto), fue contratado por la anterior administración de la FUSM para su defensa, e interpuso una solicitud de nulidad del Decreto por un error de forma. El Ministerio de Educación, argumentó, no podía expedir un decreto que reemplace lo que debe regular una ley expedida por el Congreso, considerando que es inconstitucional y que restringe la autonomía para las universidades.
Y dicho argumento fue acogido jurídicamente por el Consejo de Estado, que en fallo de febrero pasado -11001032400020150000700- del consejero Oswaldo Giraldo López– (y solo conocido hasta la semana pasada) declaró la nulidad de dicho decreto.
Si bien el Consejo de Estado reconoció que el Gobierno, a la luz de la Ley 30 de 1992, no contaba con un marco legal mínimo y suficiente que habilitara al Presidente de la República para reglamentar las funciones de inspección, control y vigilancia sobre los establecimientos de educación superior, también advirtió que en momento de la expedición del Decreto 2219 de 2014, no existía un fundamento normativo que respaldara la regulación de estas materias en los términos establecidos por el acto acusado.
¿Qué sigue?
Por el momento no ha habido reacción alguna sobre la decisión judicial, ni siquiera de la Fundación Universitaria San Martín.
No es claro si la decisión podría ocasionar que la IES buque reivindicar alguna afectación derivada de la nulidad del decreto, aunque no parece, pues sus máximos directivos ya no son la familia Alvear, y la interpretación de muchos es que, más allá de las formas gracias a la intervención del Gobierno, la IES pudo recuperar su camino y cada día se aleja más del fantasma que vivió en la década pasada.
