Julio 14/23 Ante la reforma que busca el gobierno, va apareciendo un consenso de que sus propuestas son incompletas y no responden a todo lo que necesita la educación superior colombiana.
Claramente la agenda del Ministerio de Educación y el Palacio de Nariño, se ha enfocado en acceso, cobertura, gobierno universitario, bienestar, inclusión y equidad.
Son los temas que tradicionalmente han caracterizado la plataforma ideológica de la izquierda, del presidente Petro cuando era candidato, y de los intereses profesionales y de investigación de la ministra Aurora Vergara cuando trabajó como investigadora.
Los legisladores afines al Pacto Histórico y al Movimiento Estudiantil y Profesoral, en todas sus vertientes, han recogido estas inquietudes y las han convertido en tema central de la agenda de reforma que se viene tratando en los diversos encuentros del Ministerio con la comunidad académica, los medios de comunicación y el respaldo en redes.
La ausencia de un texto de articulado de reforma para análisis del sector contribuye con la incertidumbre en torno del alcance de ésta, y todo se limita a las declaraciones que ha dado el gobierno sobre sus características.
Se viene un extenso debate, pues el tener temas definidos no garantiza unidad en los cómos (gratuidad, hasta dónde; acceso, ¿universal?; cogobierno con democracia plena?; financiamiento, ¿hasta qué niveles?, bienestar, hasta qué montos y públicos?…). Incluso, ¿cómo asignar recursos cuando el propio sector desconoce la realidad actual de la matrícula, y se gestiona con cifras de más de año y medio de atraso?.
Incluso, debería responderse a preguntas de fondo como, por ejemplo, ¿qué significa vivir “con dignidad”, como dice la ministra, desde la educación superior?
Pero, adicionalmente, responder a los puntos anteriores atiende algunos requerimientos, pero no es garantía de que eso permita migrar al sistema de educación superior colombiano a la modernidad educativa esperada y atender completamente a los desafíos de los nuevos tiempos.
Temas esenciales no discutidos
A manera de ejercicio académico, El Observatorio de la Universidad Colombiana presenta un listado (posiblemente extenso, pero responsablemente necesario para que el sistema los considere) de temas que el Gobierno, el Congreso y si, estos dos lo permiten, rectores, académicos y analistas, puedan contribuir con su discusión a fin de lograr una anhelada reforma a la Ley 30 que satisfaga íntegramente al sector. Su enumeración no responde a ninguna priorización.
Son temas y preguntas en torno de estos, y no posiciones radicales a su favor o en contra. Es una guía basada en las propias experiencias del sector.
1) Concretar el modelo de país que debe construirse y consolidarse desde la educación superior. ¿La orientación ideológica de un gobierno elegido por un poco más de la mitad de los votos y con una muy baja popularidad por su gestión, debe definir esto sin el respaldo unánime, ni la debida concertación?
2) Crear consenso en torno de la naturaleza de la educación superior en cuanto a sus objetivos, enfoques, modalidades, interacción sectorial, diseño curricular, formas de aprendizaje y evaluación de resultados, entre otros. ¿No necesita, acaso, la autonomía académica, principios de Estado, para realmente contribuir a la consolidación del modelo democrático?
3) Las nuevas dimensiones de la universidad. Revisar sus definiciones, retos y expectativas académicas y sociales, en un mundo en el que su rol ha cambiado por la recomposición social, la globalización y la tecnología, entre otros. ¿La universidad sigue siendo meritocrática o es democrática?; ¿cuál es la relación entre universidad, educación superior y educación postsecundaria y terciaria?, ¿No debería ser la universidad algo más que una entidad que oferta programas académicos?
4) Requisitos para ser y denominarse universidad: ¿tener tres o más áreas de conocimiento?, ¿programas en ciencias básicas?, ¿programas de doctorado?, ¿titulación conjunta internacional?, ¿acreditación institucional obligatoria?, ¿investigación del más alto nivel?, ¿programas en todos los niveles educativos de pregrado, posgrado y educación no formal?, ¿titulación bilingüe?…. Algo debe diferenciarlas de las demás IES. ¿O acaso actualmente no hay varias universidades con niveles y desarrollos menores de instituciones universitarias y tecnológicas?
5) Reconocimiento, y no desconocimiento, de la educación superior privada y, sobre todo, sus estudiantes. Ellos han sido olvidados en el discurso gubernamental en las políticas de acceso y gratuidad.
6) Revisión del concepto de Autonomía Universitaria según tipología. ¿Por qué diferente para unas que para otras?, ¿No necesita la opinión pública mayor claridad de lo que pueden y no hacer las IES?
7) Diferencia entre universidades e instituciones universitarias. Forman igual, ofertan igual, titulan igual. ¿Para qué mantener la diferencia?
8) Clarificar el rol y diferenciación entre las instituciones tecnológicas y las escuelas tecnológicas. Una clasificación, heredada por un error de técnica legislativa heredada del Decreto Ley 80 de 1980, que poco o nada sirve para clarificar el panorama. ¿Para qué mantenerlas separadas?
9) La responsabilidad de la universidad con la formación para toda la vida y los públicos de todas las edades y niveles. Es hora de replantear íntegramente el concepto de Extensión. ¿Si no es en la Universidad, en dónde puede hallar estas respuestas la sociedad?
10) La articulación de la educación superior con la formación básica y media. ¿Por qué continuar pensando y gestionando cada nivel educativo como un sistema fragmentado?
11) Articulación de la educación superior con la formación para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Si aumenta la gratuidad y el acceso a las universidades, la formación para el trabajo estará condenada a desaparecer?, ¿cuál será el futuro del SENA en el mediano plazo si se prioriza solo la formación académica más que la laboral?, ¿qué pasará con el costo social y financiero de la mano de obra técnica laboral?
12) Articulación de la educación superior con la educación no formal, las microcertificaciones y microtitulaciones, los cursos en línea, los programas de corta duración y la formación empresarial. ¿Si cada vez cobran más valor y demanda, por qué no reconocerlos, ya, en un modelo de reconocimiento de aprendizajes previos, de manera oficial y no al capricho de cada IES?
13) Articulación de la oferta nacional de educación superior con la matrícula de colombianos en IES extranjeras, presenciales o virtuales. ¿En un mundo cada vez más global, el “proteccionismo” académico no es una forma de parroquialismo y de cerrarnos a la región?, ¿Por qué restringir la oferta de IES colombianas en el extranjero?
14) Apertura, incentivo y protocolos que favorezcan la interacción de la educación superior colombiana con la región, convalidación de estudios y movilidad académica. ¿La atracción de capital intelectual extranjero no mejora el sistema propio nacional?
15) Revisión del valor académico – social – laboral de las pruebas Saber Pro. Mucho se cuestiona sobre su real aporte al aprendizaje y a las políticas públicas. ¿No tendrían más reconocimiento y valor si el propio sector no solo entiende plenamente su intencionalidad, sino también las IES son realmente orientadas en torno de sus resultados?
16) Re-evaluación de la medida del crédito académico. El internet y la inteligencia artificial modificaron radicalmente el tiempo de dedicación del estudiante a su proceso formativo. ¿No hacerlo, no es una forma de mentirnos?
17) Regímenes especiales de las universidades públicas. ¿Conviene mantenerlos?, ¿cuál es el aporte real que dan al sistema?
18) Universidades de economía solidaria. En tres décadas solo ha funcionado una, como IES privada. Igual con las IES de régimen especial, que parecen ir en caminos distintos. ¿Se justifica mantener estas categorías?
19) Modelo de transferencia de recursos entre universidades públicas e instituciones de educación superior oficiales (Técnicas, tecnológicas e instituciones universitarias). Si, por ejemplo, el título profesional de un egresado de la Universidad de Antioquia tiene el mismo valor académico que uno de las Unidades Tecnológicas de Santander UTS, ¿por qué mantener la abismal diferencia en las transferencias del Estado entre ambas?
20) Distribución equitativa de recursos entre las universidades públicas. ¿Por qué mantener, por ejemplo, que la Universidad Nacional de Colombia recibe 7 veces más aportes de recursos públicos que la Universidad de Pamplona?
21) Revisión del carácter municipal, departamental o nacional de las IES públicas. ¿Para qué mantenerlo si históricamente hay gobernaciones que no han cumplido con dicha responsabilidad o si hay universidades de un ámbito jurídico regional que tienen más impacto en ciertos terrenos que las propias IES locales?
22) Valor académico de las especializaciones. ¿Seguirlas reconociendo como un posgrado, cuando esto no se usa en el resto del mundo?
23) Oferta posgradual por parte de centros e institutos de investigación que no son IES. El sector convenientemente ha olvidado el tema (por efectos de mercado), pero el país debería hacer un análisis a fondo. ¿No es igual o mejor la calidad de un formado en una maestría o doctorado por un prestigioso centro de investigación no universitario?
24) Obligatoriedad de las IES, especialmente las privadas, sea cual sea su régimen tributario, de publicar, de forma transparente y con acceso público, cada año fiscal, sus estados financieros. ¿Si la educación es un servicio público, por qué ocultar esta información?
25) Sistemas de clasificación o rankings, públicos del Estado y no privados, que permitan, objetivamente, a la comunidad conocer los reales resultados del desempeño de todas las IES. ¿No es una forma de descontrol el silencio del Estado al no informar oportunamente el estado real de cada IES en el contexto sectorial?
26) El rol del Ministerio de Educación frente a las funciones de inspección y vigilancia. ¿No es un conflicto de intereses, presión o falta de objetividad que la misma dependencia dé zanahoria y garrote?, ¿no es más transparente que haya una real superintendencia?
27) Incentivos reales para la obtención de la acreditación. Más que la acreditación, ¿no impacta más la no acreditación?. ¿no es ésta una forma de desincentivar a las IES en sus apuestas de calidad?
28) Aumentar los estándares de acreditación. ¿El volumen de IES con acreditación institucional y el cuestionamiento social a algunas de éstas, no demanda subir más los lineamientos para la reacreditación?
29) Precisión sobre los niveles de investigación real que deben realizar las IES conforme su tipología y naturaleza de los programas. ¿No es hora de evitar las confusiones, sobrecostos e innecesarias complejidades que genera una profusa estigmatización de la investigación en las IES?
30) Eliminar la dependencia del CESU del Ministerio de Educación. Debe dejar de ser un apéndice. ¿Su rol de órgano asesor en políticas públicas del Estado debe permitirle suficiente autonomía en su criterio, o no?
31) Eliminar la dependencia del SUE del Ministerio de Educación. Debe ser plenamente autónomo en su organización y gestión. ¿No debería contar con una secretaría técnica propia de su autonomía académica y administrativa y no depender del Ministerio?
32) Eliminar la dependencia del CNA del CESU para la elección de sus consejeros. ¿No deben ser las reales comunidades académicas las que elijan sus voceros ante el CNA en vez de los intereses sectoriales y políticos del CESU?
33) Re-estructuración de la composición y representatividad del Consejo Nacional de Educación Superior CESU. ¿Por qué hay un gran sector de IES que no están representadas? ¿No deberían ser públicas sus sesiones?
34) Evitar que se elijan consejeros del CESU cuya posible re-elección o fin de periodo en las IES que representan, venza antes de terminar su periodo como consejero. ¿Para qué elegir consejeros que no van a durar todo el tiempo, y desgastan la estructura operativa de Mineducación?
35) Buscar más escenarios de transparencia de CONACES. ¿Por qué no hacer públicas sus sesiones? ¿Por qué tienen que ser privados? ¿Revisar su composición y proceso?
36) Promoción de escenarios de defensa de derechos humanos en las universidades. Esto ha sido parte de la agenda del Gobierno. ¿No deben considerarse intervenciones claras de investigación y sanción de estudiantes a quienes se les demuestre participación en actos de vandalismo?
37) Mayor claridad en la legislación laboral para el pago de docentes de planta y de cátedra en el sector, especialmente en las IES privadas. Muchas instituciones, incluso acreditadas en alta calidad, pagan por debajo o con modalidades no admitidas por la Ley. ¿No es una forma de dar transparencia y dignidad a la profesión docente?
38) Reconocimiento académico y posicionamiento sectorial a la modalidad virtual. ¿En un mundo cada vez más digital, aún siguen creyendo que la virtualidad está por debajo de la presencialidad?
39) Impactos penales de acciones de fraude de docentes e investigadores para alterar su producción académica e incrementar indebidamente sus salarios con recursos públicos. ¿No es, tal vez, una de las prácticas menos académicas y antiéticas que pueden registrarse en el sector?, ¿No es hora de dejar de evadir el debate y enfrentar, sin miedo civil, una re-estructuración radical del decreto 1279?
40) Consignar en la norma la flexibilidad prometida en el diseño, ajustes, oferta y titulación de programas de pregrado y de posgrado, así como el silencio administrativo a favor de las IES. ¿No consignarlo en la Ley no es una forma de seguir dilatando este ruego del sector?
41) Actualización al día de todos los sistemas de información del Ministerio y el sector. ¿No va contra la transparencia que el país no conozca, al día, cifras de matrícula, cobertura, deserción, programas e IES acreditados, ingresos laborales de los egresados, procesos de registro y demás plataformas de información que dependen del Ministerio?
42) Definición de los parámetros mínimos de información, actualizada, que todas las IES deben publicar en su página web, así como los mecanismos de control y de sanción a las que no la hagan. ¿El ocultamiento de información institucional -incluso en subdominios y links de difícil acceso público- no es, acaso, una forma de corrupción? ¿No pasa lo mismo con la no publicación de las resoluciones, completas, de acreditación?
43) Gobierno universitario y buenas prácticas. El sector anhela, desesperadamente, orientaciones conceptuales y prácticas al respecto. No es solo hablar de la composición de los consejos directivos y superiores, sino de protocolos, conflictos de interés… ¿La ausencia de estos marcos de referencia no han sido, en gran medida, causales de prácticas de corrupción o de mala gestión por desconocimiento?
44) Asegurar la integridad personal y conocimiento sectorial de los miembros de los consejos directivos y superiores, incluidos delegados y representantes del gobierno. ¿No es absurdo, por ejemplo, que como dice la actual Ley 30, en los Consejos Superiores de las universidades públicas participe “un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el sector universitario”? ¿qué son esos vínculos…?
45) El internet, la IA y las nuevas tecnologías como acompañantes propios del proceso educativo. ¿Desconocerlas es retrasar el sistema?
46) Responsabilidad de las IES con los egresados. El empleo -emprendimiento, la formación continua y el compromiso social deben seguir siendo una corresponsabilidad de cada institución con su egresado. ¿No debería revisare la forma como los egresados participan en el gobierno de sus propias IES?
47) Rol del Ministerio de Educación en la conducción del sector. ¿Debe crear y orientar la política o sólo gestionar las normas?, ¿es conveniente que, en temas de fomento y de inspección y vigilancia, el mismo Ministerio sea juez y parte?
48) Oferta pública compartida. No es posible que existan varias IES púbicas, con recursos, gobiernos e infraestructuras totalmente diferentes en zonas geográficas muy cercanas. ¿No es hora de compartir infraestructura física, académica y de recursos humanos entre las propias IES?
49) Rol de Fodesep, como mecanismo de fomento a la oferta. Si la apuesta es por acceso pleno y gratuidad, ¿no debería revisarse radicalmente lo que significa el Fondo?
50) Registro nacional de aspirantes, graduados y desertores. ¿No debería haber una agencia estatal que haga todo este seguimiento y estudios que permitan identificar políticas públicas, evitar falsificación de diplomas, redistribuir cupos, hacer seguimientos a los estudiantes…?
Son muchos más los temas y preguntas que nacen de este debate, y que no pueden concretarse, como ingenuamente lo plantea el Ministerio, como un simple recuento de aportes, sin la debida reflexión y debate.
