Análisis de Graciela Amaya de Ochoa, investigadora en educación superior que ha laborado como directiva en varias IES del país y hace parte del Grupo de Estudios en Educación Superior. Ponencia presentada en la Universidad de Antioquia.
Introducción
La reforma a la ley 30 de 1992 propuesta por el Gobierno tiene entre la exposición de motivos la de buscar una mayor calidad, pertinencia, transparencia y gestión en las instituciones que conforman la educación superior con el argumento de ponerlas a la altura de los tiempos, en un contexto de globalización, en una sociedad del conocimiento y de convertirla en el motor que impulsa las demás locomotoras del desarrollo socioeconómico.
Cuatro aspectos, íntimamente ligados, se destacan en el escenario de esta transformación:
* Las relaciones entre el Estado y las IES, en las que queda afectada la autonomía de éstas y desbordada la injerencia de aquél en su función de Inspección y vigilancia.
* El Sistema de la educación Superior, al menos en lo que tiene que ver con la composición y caracterización de las partes que lo constituyen, dejando los mismos desajustes y vacíos en sus piezas de articulación.
* El financiamiento de la educación superior por el Estado y por los particulares, con la acepción de la educación como bien que se comercializa y se mercantiliza, y que se inscribe en las lógicas de los mercados y muy posiblemente, en las exigencias y metas de los tratados de Libre Comercio.
* El andamiaje institucional que soporta la gestión de la calidad de la educación superior y los mecanismos de control y vigilancia por parte del Estado, por un lado; pero por otro, la privatización de la calidad, al posibilitar la entrada de agencias privadas de acreditación que podrían convertir la certificación de la calidad en un negocio.
Si se mira el transfondo de estos cambios se entiende, perfectamente, cuál es el sentido de pasar de una “revolución educativa” en la que la prestación del servicio público se centraba en la expansión o y la cobertura, a la prestación de un servicio que ahora busca la “prosperidad” ( prosperidad para quién??) que es el lema de la actual política educativa.
Pensar los retos de la educación, y de la educación superior en particular, para la construcción de la Colombia del futuro, para la construcción de esa sociedad que deseamos democrática, equitativa y solidaria, basada en un modelo económico sostenible y sin exclusiones; para la construcción de un sociedad competitiva y productiva, más ilustrada y atenta a la institucionalidad, y con nuevas y mejores condiciones de bienestar de sus ciudadanos, no fueron las razones que motivaron la reforma. Si así hubiese sido, el contenido sería diferente y en todos los artículos se traduciría la intención y el propósito del Estado de insertar la educación en la cultura política y económica colombiana como la inversión pública más rentable; se advertiría la voluntad del Estado de incidir en las condiciones que son determinantes en la democratización de la educación, en la permanencia y en el rendimiento del estudiante, en el impacto y en la pertinencia de la labor educativa. El orden mismo de los capítulos incluso sería totalmente contrario, colocando el de la Investigación, la Innovación y el Desarrollo en los primeros lugares, en lugar de dejarlo de penúltimo lugar, y colocando el capítulo de financiamiento a continuación, para que todas las IES se colocaran en condiciones de ser competitivas por su calidad, en lugar de someterlas a la competitividad en el mercado de servicios.
El proyecto de norma es un reflejo de las políticas que la enmarcan y una vez más observamos que Colombia ha relegado a un segundo plano el papel que tienen sus universidades en la construcción de una sociedad moderna. Con respecto a los demás países latinoamericanos, sigue rezagado en temas fundamentales como el gasto público y privado en investigación y desarrollo, el número de científicos e investigadores por cada millón de habitantes y la cantidad de publicaciones técnicas registradas en revistas de impacto mundial sobre ciencia y tecnología.
Naciones como Finlandia, Singapur e incluso Chile, que realizaron grandes apuestas por la educación durante el siglo XX, mejoraron sustancialmente las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales de sus habitantes. Incluso, los países desarrollados continúan subvencionando el campo de la educación como estrategia para mejorar sus condiciones de productividad y de lograr mayor distribución del poder. En este contexto mundial, es indudable que el incremento del presupuesto público y privado destinado a formación e investigación se ha convertido en un asunto estratégico para los Estados y las sociedades, y en un asunto de supervivencia en los escenarios de competitividad entre los pueblos.
Si bien los 4 aspectos que se mencionaron como relevantes en la propuesta de la Reforma (Autonomía vs Inspección y Vigilancia, Sistema educativo, Calidad de la educación y Financiamiento) se influyen mutuamente, en este panel centraremos nuestras reflexiones en 2 de ellos: en el de sistema y en el de la calidad, pero sin dejar de hacer algunas acotaciones que nos parece de la mayor trascendencia: la educación y su calidad son un asunto político y económico, y precisamente la calidad de la educación exige inversión en dinero, en tiempo, en investigación y desarrollo, en asesorías, en tecnologías e infraestructura, en salarios atractivos a los docentes e investigadores de alto nivel, en formación continuada y retención, en el fomento a la invención. Es preciso tomar conciencia sobre la Educación como la inversión de más altos retornos y rendimientos en la construcción del presente y futuro de una sociedad. Inversión que no repara en miramientos, solo en sus carencias y ausencias, por lo que toman sentido las palabras de Groucho Marx: “Si usted cree que la educación nos está saliendo muy costosa, piense cuánto más nos está costando la ignorancia.”
Bienvenida una Educación superior fortalecida económicamente, con aportes del capital estatal y del capital privado, con el potencial de realizar proyectos productivos de inversión privada, pero con una capacidad de elección y decisión libre y responsable, con mayores condiciones para hacer uso de su creciente autonomía, para hacer lo que le corresponde si lo hace con calidad, y fortalecida desde una política de Estado que entienda la educación superior como un proyecto de nación.
Si el progreso es abrir posibilidades de realización de los hombres como seres individuales y como colectivos sociales, el aumento de la cobertura en la educación superior seguirá siendo una aspiración legítima, siempre y cuando vaya de la mano de mayores niveles de calidad y de disminución de las condiciones de inequidad social. En plata blanca esto significa que cobertura sin recursos, se traduce en engaños y en frustraciones.
SISTEMA Y CALIDAD
La unanimidad o heterogeneidad de las concepciones acerca de la calidad y de las prácticas y estrategias que se disponen para su implementación, gestión y aseguramiento, están en correspondencia con la concepción que hayamos adoptado de ‘Sistema’ al cual nos refreímos en términos de su calidad. La primera pregunta es, entonces, acerca de lo que dice el proyecto de Reforma sobre él, sobre el Sistema de la educación Superior:
– Cuál es el objeto del cual predica se predica como sistema: como un servicio?, un bien?, público o privado?, como un derecho?, básico o complementario?
– Cuál es la arquitectura del sistema?: qué elementos o quiénes la conforman, cómo se reconoce tales elementos ?, cómo se les ordena?: cuál es la tipología del sistema y en función de qué las ordena o jerarquiza?
– Qué criterios maneja para referirse al sistema como totalidad, a su dinámica y movimiento; para referirse a su función o sentido de existencia (pertinencia, flexibilidad, equidad, eficiencia, calidad, acceso, sostenibilidad)?
– Qué acentos coloca o no coloca como sus sellos o distintivos? (la fuerza se da a los controles o al fomento, por ejemplo?; en qué lugar ubica elementos tan decisivos en el presente y el futuro como la Investigación, la innovación y el desarrollo?)
– Qué formas de “autorregulación” prevé o dispone (homeostasis)?: cuáles son las medidas que hacen que se mantenga la composición del sistema y las propiedades del organismo?
– Cuáles son las articulaciones con otros sistemas, órganos o entes que están por fuera del sistema?
El proyecto de Reforma no dice nada de Sistema; no dice que la educación Superior es un Sistema. Tampoco lo dijo la Ley 30 de 1992. Por qué? a lo mejor porque no interesa, no se necesita o no conviene.
La búsqueda más pronta sobre el Sistema de la Educación Superior nos remonta a 1.979, a la Ley 8 de 1979 que fue el preámbulo del Decreto 80 de 1980, por la cual se otorgaron facultades extraordinarias para establecer la naturaleza, características y componentes del Sistema de Educación Superior y para establecer los requisitos de creación y de funcionamiento de las IES
Con el Sistema se buscaba:
– Indicar el régimen que el gobierno aplicaría a las IES y a sus programas académicos
– Buscar la armonía entre los Centros Educativos y las Autoridades encargadas de su orientación y vigilancia.
– Diversificar los aprendizajes dentro de una planificación de las necesidades profesionales y de desarrollo del país
– Fijar los requisitos y procedimientos para la creación y funcionamiento de las IES públicas y privadas, dentro de una política de democratización de la enseñanza universitaria y tecnológica, y dentro de una política de descentralización de la misma
Objetivos del Sistema:
– Hacer prevalecer el sentido de la educación como medio para la realización plena del hombre, para el desarrollo de una sociedad más justa, equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente en la comunidad internacional
– Buscar la cooperación entre las IES de modo que se amplíen las oportunidades de acceso, que se propicie la incorporación de la población urbana y rural marginada y de los grupos étnicos, y de modo que su intervención contribuya al desarrollo espiritual y material en las regiones
– Facilitar la transferencia de alumnos entre programas y modalidades
– Contribuir al desarrollo de los niveles educativos precedentes.
– Propiciar la relación de la Educación Superior con los demás sectores básicos de la actividad nacional
– Promover la formación científica y pedagógica del personal docente e investigativo que garantice la calidad de la educación en sus diferentes niveles y modalidades
Llaman la atención 3 artículos del Decreto 80 de 1980:
(Art. 18): dentro de los límites de la Constitución y la Ley, todas las IES son autónomas para desarrollar sus programas, darse su organización y gobierno.
(Art 134) El gobierno podrá autorizar a las IES públicas para participar en la constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, para el mejor uso de sus recursos.
(Art 139) Las IES privadas, organizadas como corporaciones o fundaciones, de utilidad, común y sin ánimo de lucro, podrán adelantar operaciones económicas destinadas a incrementar y preservar sus rentas
Si bien el Proyecto de Reforma a la Ley 30 /9 , repito, no define un sistema, sí declara la Educción Superior como un servicio público cultural inherente a la función social del Estado.
Si estuviésemos pretendiendo un Sistema esperaríamos que sus partes o elementos constitutivos, fuesen diferentes, cada uno con una identidad propia y con funciones específicas; en estrecha relación entre sí, por supuesto, de modo tal que todos contribuyesen a mantener una unicidad, un cuerpo u organismo, así como a la obtención de un propósito o bien conjunto, que para la educación superior podría ser el de la formación integral de las personas y el desarrollo estratégico de la sociedad a partir del trabajo que realizan con el conocimiento. En el caso de la propuesta de Reforma esto no parece ocurrir:
– Ninguna Institución se diferencia de la otra: todas tienen el mismo grado de autonomía
– Todas pueden desarrollar los programas académicos, en cualquier nivel de formación y en cualquier campo de acción
– Todas pueden ofrecer ciclos y modalidades (virtual, distancia) de modo que se pueden tener IES corporativas o extranjeras virtuales titulando en Colombia
La diferenciación o tipología de las IES parece, en la propuesta de la Reforma, recaer en su origen, lo que sí comporta diferencias con la Ley 30/92:
En la Ley 30/92 ese origen estaba en función del acto de creación y daba lugar a dos posibles situaciones:
1) Instituciones Estatales u oficiales: a) La Universidades (entes universitarios autónomos con régimen especial, creadas por ley, Ordenanza o Acuerdo y vinculados al MEN para efectos de políticas y planeación; b) Los establecimientos públicos que no eran universidades (nacionales, departamentales y municipales); c) las IES de naturaleza especial con n adscripciones particulares como la U Militar)
2) las Privadas de utilidad común y sin ánimo de lucro: Corporaciones, Fundaciones y las de Economía Solidaria
En la propuesta de Reforma ese origen está asociado a los recursos:
1) Públicas con las mismas 3 categorías anteriores, añadiendo a las de Naturaleza Especial, las Normales en sus niveles complementarios, pero homologándolas a nivel de tecnólogos
2) Las privadas, de utilidad común y sin ánimo de lucro y las privadas con ánimo lucro, permitiendo a las corporaciones y fundaciones existentes constituir Sociedades Anónimas con propósitos especiales, admitir accionistas y repartir dividendos.
3) Las mixtas con recursos públicos y privados.
La presencia de las IES mixtas y de las IES con ánimo de lucro, introducen, como es de esperarse, otros lenguajes y lógicas de ordenamiento, para examinar sus productos y resultados, como también otras formas de regulación y de control: su registro no será sólo ante el ante el MEN, antes que nada se producirá ante la Cámara de Comercio; su gestión y sus recursos serán evaluados con otros parámetros distintos a los que definan CONACES o el CNA: por los que les señale la Superintendencia de Sociedades; su efectividad no será seguramente en términos de la pertinencia socio-laboral de su egresados, sino en términos de la sostenibilidad económica y de los aportes de sus socios y clientes; y los valores de sus realizaciones no se cifrarán en la competitividad social, sino en la cifra de sus dividendos.
Mientras que en la Ley 30 /92, la denominación de la Institución correspondía al nivel de formación que ofrecieran y al campo de conocimiento que abarcaran (Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias y Universidades); en la propuesta de reforma, solo se tienen 2 tipos: “las Universidades” (a quienes se les reconozca como tales) y las “otras Instituciones”. Lo que interesa es que la denominación guarde correspondencia con la carta misional, con la vocación, con los programas que ofrece, con la diversidad de áreas de conocimiento y con los campos de acción que las instituciones abarquen.
Aquí se advierte un quiebre fundamental….. la tipología en el proyecto de Reforma pareciera devenir en términos de la función social diferenciada que las IES asignan al conocimiento:
a) Por la profundidad, nivel y complejidad con que asumen el trabajo con el conocimiento
b) Por los intereses que se desprenden del trabajo con el conocimiento y los contextos en que opera dicho conocimiento
De allí que se dé cabida a 2 tipos de de IES con papeles y funciones diferentes: 1) Las Universidades a las que se les hace una serie de exigencias como el abordaje de múltiples áreas de conocimiento, la producción intelectual calificada que se obtiene por sus altos niveles de labor investigativa; en las que la función docente reviste importancia significativa en los niveles de maestría y doctorado y donde la dedicación de los docentes se concentra en el desarrollo de sus proyectos, en la producción de sus escritos, libros, en los productos de registro científico, en la forma y los medios como difunde el conocimiento a través de circuitos nacionales e internacionales científicos para la respectiva confrontación y validación entre sus pares. Instituciones en las que la complejidad de las relaciones inter y transdisciplinarias se desprenden de suyo en la actividad investigativa, sin tener que forzarla en rutas curriculares; instituciones en las que la presencia de las ciencias exactas y naturales, de la filosofía, las artes y las humanidades les es indispensable para cumplir su verdadero poder cultural, humanizador y civilizador; instituciones en las que la labor de creación científica, de experimentación e innovación, especialmente en los niveles de doctorado demanda una destinación especializada y costosa de sus recursos; en fin, instituciones de saber en las que prima el interés en el propio conocimiento, sin esquivar el papel que les corresponde jugar en el medio donde operan como la de ser conciencia crítica y propositiva de la sociedad y como constructora de nuevas posibilidades y realidades sociales económicas, políticas y culturales. Para cumplir con su cometido serenamente, y con el rigor y la altura que precisa, el Estado tendría que salvaguardar la autonomía que la Constitución consagró para ellas (la Universidades).
Y 2) las otras instituciones (las profesionales) a las que les interesa el uso, aplicación y transferencia del conocimiento en escenarios de intervención laboral, en espacios que reclaman respuestas y soluciones a problemas concretos de carácter económico, social, ambiental, político; instituciones en las que la función docente se centra en la formación de profesionales y de cuadros calificados para una intervención idónea y un eficaz desempeño; en las que las relaciones con los diversos sectores externos de la sociedad (con el sector productivo y las organizaciones sociales) se vuelve apremiante y porque es allí en donde se cumple su responsabilidad social, en donde se valida y se pone a prueba el conocimiento que surgió y circuló en las aulas; sin menoscabo, por supuesto, de la formación investigativa que se requiere para desarrollar las competencias profesionales que exige el mundo actual como el pensamiento y la actuación autónoma, la capacidad de crítica, de creación e innovación, la capacidad de decisión y de criterio ilustrado para la acción; instituciones en las que también se hace indispensable la investigación no solo para el perfeccionamiento y cualificación de la función docente, sino como proceder necesario para enfrentar los objetos de indagación de las ciencias y disciplinas que soportan las profesiones; como estrategia de indagación y de producción de nuevo conocimiento en los ámbitos teóricos y prácticos de los campos de acción de que se ocupa; y como proceder científico para la aplicación del conocimiento y la búsqueda de soluciones a los problemas de la realidad y del entorno.
Esta es una lectura de las muchas que se puede hacer a la propuesta de reforma. Es una interpretación que conviene tener en cuenta, si se quiere ir más allá de la reglamentación misma; si no queremos mantener una masa amorfa e indiferenciada de instituciones, en donde todas terminan haciendo prácticamente lo mismo pero de manera incompleta, imperfecta, y ofreciendo más de lo mismo. Si en verdad queremos un Sistema, debemos profundizar las diferencias en identidades institucionales, en sus funciones y roles, para poder encontrar las complementariedades necesarias, para permitir la diversificación de la oferta, para facilitar la ampliación en el acceso y la desconcentración en los campos de acción. Pero eso sí profundizando y acentuando para cada una la condición de calidad, como el elemento vinculante y determinante del potencial sistema de la educación superior, exigiendo para cada una el cumplimiento responsable y pleno de su misión y vocación, de sus principios y metas, como la forma de ganar en autonomía y en reconocimiento social. Todas, insisto, de una óptima calidad pero con condiciones diferentes para hacer posible dicha calidad; con resultados y productos distintos, pero todos de calidad.
Aquí aparece entonces una necesidad inaplazable: el reto de re-pensar o por lo menos afinar el Sistema que hemos venido aplicando para preparar, juzgar y valorar la calidad de las instituciones y de sus programas: menos anclado al punto de llegada de “asegurar” la calidad, y más inclinado a fomentar, mejorar y gestionar la cultura de la calidad; que parta de la revisión conceptual, metodológica y operativa del actual sistema pues aun cuando es justo reconocer sus enormes avances, también es necesario y saludable enfrentar los vacíos, carencias y desequilibrios que su puesta en práctica ha generado.
En tal perspectiva, se vislumbra un sistema más preocupado por poner de manifiesto la calidad a partir de las diferencias entre las instituciones, de acuerdo con sus particulares misiones, vocaciones y atributos y en virtud de sus singulares logros, productos y resultados, que de otorgar certificaciones con límites de tiempo; un sistema que por supuesto traza orientaciones e indicaciones a través de guías, de pautas, de decretos, de actas de visita, pero que reconoce que el seguimiento fiel de las mismas no traduce la calidad porque es necesario ‘meterse’ en la complejidad institucional, en su dinámica y devenir.
Un sistema que recurra al mayor número de insumos que arrojan señales y evidencias de calidad para ser tenidos en cuenta, con sus correspondientes pesos, y que provienen de la diversidad de acciones gubernamentales e institucionales orientadas al reconocimiento público de la calidad como son las pruebas de estado, los resultados de clasificación de grupos y revistas por parte de Colciencias, los datos del Observatorio Laboral, la posición en los rankings de citación científica; especialmente ahora cuando se deben atender los frentes que intervienen como determinantes en una educación de calidad.
Tal es el caso para las Universidades de la creación y consolidación de sus programas doctorales, de la formación postgradual de alto nivel de los docentes y su vinculación a redes académicas, de la amplitud de las capacidades y de la infraestructura institucional para crear y circular los saberes y para albergar a comunidades científicas y grupos de investigación itinerantes, de los arreglos administrativos que faciliten los procesos y las formas cambiantes de organización del conocimiento, de la internacionalización de las funciones de docencia, investigación y extensión.
Y también el caso para las otras instituciones de corte profesional que deben atender las exigencias de bilingüismo y la articulación de sus programas de pregrado y de postgrado con el desarrollo científico, cultural, económico y social de las regiones; que deben definir la forma como van a contribuir a la reconversión tecnológica para asumir los retos de la globalización y de la producción competitiva, así como la manera que van a tender el aumento de cobertura educativa, la disminución de las condiciones de inequidad de las poblaciones y al mejoramiento en la educación básica y media.
Un sistema de fomento y gestión de la calidad que si bien debe mantener criterios y referentes universales para examinar las IES y diferenciarlas de las que no lo son (como las instituciones para el trabajo y como los centros para el perfeccionamiento de oficios), permita epistemológica, metodológica y prácticamente, diferenciar entre las condiciones básicas del Registro Calificado y las condiciones óptimas de calidad de la Acreditación, de modo que no solo se puedan hacer requerimientos más proporcionales a las instituciones cuando enfrentan dichos procesos, sino que en su calidad de Sistema, mantenga unidades o elementos diferentes pero complementarios, que se articulan y se influencian entre sí al punto que la modificación de una de sus partes, provoca cambios en el resto de los elementos y en su totalidad.
Un sistema de fomento y de gestión de la calidad cada vez más robusto y tranparente puesto que informa no solo del estado de calidad alcanzado, sino de los resultados de la evaluación de la calidad, reportando indicadores cada vez más objetivos, más cuantitativos que faciliten hacer comparaciones entre programas e instituciones en los mismos campos de acción y entre programas e instituciones homólogas o equivalentes, así como la formulación de criterios que vuelvan comprensible la expedición de certificados de calidad con vigencias de tiempo diferentes. En fin, un sistema de calidad que convierten los resultados evaluativos en una solución de continuidad con los planes de mejoramiento, lo que podría obviar, quizás, procesos repetitivos, agobiantes y costosos de renovaciones indefinidas de acreditación.
Un sistema de fomento y gestión de la calidad, independiente del aparato administrativo gubernamental y ajeno a intereses corporativos, así sean entes sin ánimo de lucro, en el que los evaluadores sean inter-pares capaces de reconocer e interpretar la dinámica histórica, social y cultural de las instituciones y de sus programas, de apreciarlas a la luz tanto de referentes internacionales como nacionales, de valorar su trabajo en virtud de las transformaciones y cambios alcanzados en el campo de la ciencia y de los saberes que maneja, de los aportes institucionales en el medio en que se desenvuelve y de su compromiso con la nación.
Un sistema de fomento y gestión de la calidad que estimule y gratifique, bien distinto de los monitoreos de rutina, de las auditorías internas de las instituciones, hoy tan en boga, del rendimiento de cuentas propio de la inspección y de vigilancia y control que le corresponden al Estado; un sistema con incentivos claros y de impacto real para quienes demuestran ascender por la ruta de la excelencia y a quienes van constituyéndose en ejemplo y émulo para el resto de los programas e instituciones (desde préstamos, reconocimientos de títulos, participación en los Comités departamentales de educación; el acceso a becas, créditos, la movilidad de profesores, estudiantes e investigadores, la financiación privada y estatal para proyectos de creación, transferencia de conocimiento y generación de p de innovaciones, así como la aplicación de exenciones tributarias, y por supuesto, el connatural reconocimiento social y académico).
Pero las reformas y adaptaciones que se puedan hacer al actual sistema de aseguramiento de la calidad para convertirlo en un sistema de fomento, promoción y gestión de la calidad, no será viable ni exitoso si al mismo tiempo, y con la misma fuerza, no se trabaja en dos frentes: De un lado, en la articulación entre los distintos niveles y ramas de la educación, especialmente entre las IES y los niveles precedentes de la educación básica y media, de modo que se pueda incidir desde temprano y en la base misma del aparato educativo, en la transformación de imaginarios, de competencias, de prácticas pedagógicas y evaluativas, de entrelazamientos, de arreglos institucionales y de significados culturales. A la articulación entre los niveles educativos, le sucedería la articulación entre sistemas de calidad de dichos niveles.
De otro lado, en la afectación de las condiciones profesionales y laborales de los docentes (desde los del nivel preescolar hasta los de doctorado, desde los vinculados a la educación formal como a la no formal o educación para el trabajo). Actores definitivamente marginados en toda la política educativa que plantea el gobierno y tan solo referidos en el proyecto de reforma en términos de su salario (valor hora cátedra), pero de ninguna forma tenidos en cuenta para la cualificación y dignificación de la profesión docente, ni para el mejoramiento de sus condiciones de vida personales ni gremiales, ni como actores claves de los proceso y resultados de la calidad al interior de las Instituciones educativas.
Para hacer frente a muchos de los retos que aquí se han esbozado, no es necesario una reforma a la Ley, ni la creación de nuevas organizaciones. Se requiere más bien, el doblaje de voluntades, la concurrencia de otros sectores, la sinergia de recursos y de esfuerzos, pero sobre todo la recuperación de la valiosa experiencia que ya se ha recorrido en relación con la calidad y su evaluación, para que, dentro de un ejercicio meta-evaluativo, construyamos no solo acuerdos significativos sobre el tipo de educación que queremos ofrecer a la sociedad, sino para que armemos el proyecto del país que soñamos, con condiciones de calidad, de mayor equidad y con una visión y convicción esperanzadora para todos los colombianos.
