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La abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez advierte que el decreto no sólo tiene vicios de fondo sino también de forma, que viola los principios de legalidad y de reserva de Ley, y expresa conceptos abstractos y de difícil categorización jurídica.“Si se quiere velar por la calidad de la educación superior en clave de sanciones, es necesario precisarlo en la Ley y no en un Decreto”, señala Vélez, quien ratifica que“la facultad de Regular la función de Inspección y Vigilancia le corresponde al Congreso de la República y no al Presidente”, y que “la facultad que se puede delegar en el Ministerio de Educación Nacional es también la de ejercer la función de Inspección y Vigilancia y no la de regularla”. |
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