Por José Manuel Restrepo. Vicerrector U. Rosario. En El Nuevo Siglo
Haciendo memoria de mis profesores, amigos o simplemente personas que se leen a diario en los medios de comunicación por sus ejecutorias o sus escritos de opinión, y derivado de haber leído el Proyecto de Ley 272 de 2008 que hace curso en el Congreso, me encontré con una prueba más de cuán inútiles y perversas pueden ser las iniciativas legislativas, cuando ellas no consultan las realidades internacionales de la ciencia, ni el sentido común.
Intentaré describir las ejecutorias de aquellos conocidos. Algunos exministros de Hacienda, exdirectores de Planeación, exdecanos de Economía de universidades con acreditación de Alta Calidad, Magíster y/o Doctores de prestigiosas universidades del mundo (MIT, Yale, Lovaina, Chicago, Michigan, Boston, Harvard, LSE, entre otras), excodirectores del Banco de la República, exdirectivos de academias de Economía, y muchos de ellos consultores y evaluadores de proyectos nacionales e internacionales.
Pues a la luz del proyecto de ley en mención, y con ponencia positiva del senador Jorge Eliécer Guevara, se pretende reformar el Estatuto Profesional del Economista, y forzar a economistas de pregrado o doctores en economía a obtener una matrícula profesional que se convierte en el peaje necesario para ejercer funciones que muchos han ejercido con bastante éxito y para las cuales nunca fue necesario ni el trámite burocrático de la convalidación (que puede durar más de un año en las instancias respectivas), ni el de pagar una matrícula profesional que sólo alimenta las arcas de un espacio burocrático que se empodera con la ley.
Sin estos dos trámites burocráticos, los conocidos en cuestión no podrán ser decanos, ni profesores de las asignaturas de política económica, macroeconomía, microeconomía, política fiscal, desarrollo y doctrinas económicas; ni consultores; ni ministros que se relacionen con la política social y económica; ni miembros de junta directiva del Banco Central; ni evaluadores de proyectos; ni asesores en el diseño de planes de ordenamiento territorial, ni expertos en temas de comercio exterior. Como quien dice, si no obtienen el papelito, previo el pago de la matrícula profesional y la convalidación de su título, se convierten en unos “expertos doctores” incapaces de actuar en el mundo socio-político-económico y de paso la ley los reconoce como “ilegales” sancionables.
Sobra decir que si el académico es extranjero, el proyecto propone un conjunto de nuevos trámites, aún más largos para complicar el asunto de su ejercicio en Colombia.
Como era previsible, el Ministerio de Educación Nacional señaló el proyecto como inconstitucional, por discriminar e invadir indebidamente las actividades de ingenieros, financieros, administradores, arquitectos, abogados, etc., y por definir casi forzosamente una tasa o contribución a favor de un ente más privado que público. Valdría la pena agregar que puede ser, además, inconveniente al definir una cuasi-contribución forzospor iniciativa legislativa y por ser un ejemplo de “incremento de trámites burocráticos” y de “parroquialización”.
¿Será posible que este esperpento pare su marcha en el Congreso de la República?
