Análisis de Daniel Mera Villamizar, en El Espectador, sobre las acciones poco argumentadas del Gobierno Nacional para impulsar, con rigor, una reforma de la LEy 30 que dé un nuevo aire a la educación superior.
Es que no sabemos cómo el subsector se convertirá en una “locomotora” del “crecimiento alto y sostenido con prosperidad colectiva”. Si tuviéramos acuerdo al respecto, el esfuerzo fiscal debería fluir sin necesidad de marchas estudiantiles como la del pasado 20 de octubre. La discusión sobre educación terciaria y desarrollo enfrenta, sin embargo, un par de retos relacionados: volverse “nacional” (apertura extramuros) y sofisticar más el concepto de autonomía universitaria. Hoy simplemente se está hablando de recursos.
Sin modificar los términos heredados es complicado liderar el cambio. “O reformo la Ley 30 (de 1992) o trabajo”, fue el lema pragmático (de corto plazo) de la ministra Cecilia María Vélez. Al final, dejó un proyecto de ley para aumentar la financiación estatal, sin tocar asuntos de fondo (“la reforma”). Comprensiblemente, los rectores, salvo el de la Nacional, concertaron con la perspectiva de recibir “2,8 billones de pesos” adicionales en la década. Todos coinciden en que, tras 18 años, el marco legal no impulsa sino va detrás de las tendencias de la educación superior, pero existe temor a exponerse a una situación nueva.
Llegó el nuevo gobierno, y decidió apoyar el proyecto de ley. Al no poner sobre la mesa la plata y los cambios necesarios, se arriesga a que le tomen la plata y después no pueda hacer los cambios, al menos en este periodo. No era urgente que la educación sobresaliera en los primeros 100 días, pero sí es importante, fundamental, que en el primer año tengamos rediseñado ese sector (o motor). Para lograrlo, está el método de la Mesa suprapartidista de Unidad Nacional y la Mesa de Diálogo, incluyendo a varios ministerios y al DNP, a sectores productivos y a mandatarios locales, y una comisión técnica de alto nivel (propuesta por Armando Montenegro).
Así, las universidades podrían ser protagonistas de las grandes metas del país, en un “acuerdo nacional por una educación superior para la prosperidad”. Hoy tenemos un proyecto de ley con un único ponente (antes tuvo varios), descoordinación entre Hacienda y Educación ante la Cámara de Representantes, y “lo mismo de antes”. Un paso hacia el acuerdo sería que el Gobierno presupueste los recursos comprometidos, sin ignorar la desfinanciación acumulada, y que los recursos nuevos formen parte de la discusión grande que lleve de las declaraciones a la reforma institucional.
Por el actual camino, será imposible, por ejemplo, una buena regulación e inspección de la educación privada para poder aumentar la eficiencia del sistema; crear un régimen de carrera para especializar a los administradores universitarios; mejorar la gobernabilidad de las universidades públicas con periodos de cuatro años y una sola reelección de rectores, entre otras medidas; establecer un estatuto docente dual que beneficie a los estudiantes al revalorar la calidad de la enseñanza (expuesto por Víctor Manuel Gómez). En cuanto a políticas de equidad social, no les falta razón a los marchistas en una de las consignas. Pero falta bastante para este acuerdo nacional.
