Carlos Angulo Galvis, rector saliente de la Universidad de Los Andes, analiza, en El Tiempo, la propuesta de reforma a la Ley 30 presentada por el MEN, sobre la que expresa su agrado sobre la necesidad de reformarla, pero aclarando que el problema de fondo está en la calidad.
Se discute por estos días la reforma de la Ley 30, propuesta por el Gobierno, que busca, entre otros, recursos en la empresa privada para la educación superior. Mi opinión es que el país necesita ir mucho más allá y debe enfatizar en un tema más apremiante: la calidad. La propuesta actual no plantea claros incentivos para mejorarla. Lo que hará es formalizar situaciones que ya existen.
Dos ejemplos para ilustrarlo: las universidades con ánimo de lucro y la alianza entre universidades y sector privado. La realidad actual es ésta: muy pocas universidades son, verdaderamente, entidades sin ánimo de lucro. Pero eso no es lo más grave. Lo grave es que muchas no ofrecen programas de calidad y, además, tienen índices de deserción muy altos. Son, en realidad, un engaño para la sociedad y para el país. La pregunta no tiene que ver con el lucro, sino con su oferta real. Es decir, no tiene que ver tanto con cómo les va a los accionistas sino con cómo les va a los estudiantes.
Respecto a las alianzas, ya existen, como lo demuestran dos ejemplos, relativamente recientes: Luis Carlos Sarmiento donó recursos para un edificio a la Universidad Nacional y Julio Mario Santo Domingo hizo una donación a los Andes para su programa de apoyo financiero Quiero Estudiar. Este modelo ha existido en las universidades norteamericanas que están a la vanguardia de la educación y la investigación. California e Illinois, públicas, así como Yale, Harvard y Princeton, privadas, reciben dineros de la industria, para investigación, para apoyar financieramente a estudiantes. Ni en su caso ni en el de las colombianas eso ha afectado la autonomía que tienen como centros académicos. Las universidades públicas y privadas deben fortalecer los vínculos con el sector productivo para apoyar la investigación y la innovación.
Necesitamos una ley que se centre en la calidad. Para ello propongo que no todos ofrezcamos lo mismo.
Se requiere, por ejemplo, propiciar la existencia de unas universidades para ofrecer maestrías y doctorados; otras que ofrezcan solo pregrados, como hay en Estados Unidos, Chile y Brasil, y unos institutos técnicos y tecnológicos muy buenos, pues en ese campo Colombia tiene un gran déficit. Se necesitan incentivos para disminuir la deserción, que en el país es cercana al 50 por ciento. Además, es imperativo fortalecer organismos como el Consejo Nacional de Acreditación y la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
Persiste en algunos sectores del país una diferenciación inconveniente entre universidades públicas y privadas. Esta debería ser entre universidades de calidad y las que no la tienen.
La educación de calidad es costosa, pues requiere profesores con alto nivel de formación, así como infraestructura, tecnología y recursos de información y bibliográficos apropiados.
En el caso de las universidades públicas, no debe restringirse su presupuesto a la inflación y debe buscarse un esquema de distribución de recursos que apunte a la calidad y que, por ejemplo, ofrezca paralelamente mayor presupuesto a las que dispongan de más cupos y a las que exijan calidad a estudiantes y docentes. Es necesario entender, de una vez, que la educación más cara es la que no ofrece calidad, pues, a largo plazo, entorpece el desarrollo del país.
Es evidente que la Ley 30 requiere una revisión que apunte a mejorar la calidad. Pero lo fundamental es tener una política de Estado que asuma el desafío de convertir la educación en pilar del desarrollo, como lo han hecho países que, incluso, estaban por debajo de Colombia en los índices de calidad, productividad y competitividad. Yo estoy seguro de que ese es el debate central sobre el futuro de Colombia.
