Juan José García Posada, en su columna del diario El Colombiano, cuestiona la decisión del gobierno de proyectar el funcionamiento de universidades con ánimo de lucro y la ausencia de un debate realmente ético en el proyecto.
Con tozudez digna de mejor causa, el gobierno se empeña en autorizar el funcionamiento de universidades con ánimo de lucro en el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, al que le ha hecho algunos ajustes y ciertos retoques más bien insustanciales, que no resuelven el problema capital de la flexibilidad ética y el consiguiente riesgo de lanzar la educación superior a una feroz competencia mercantil.
Debo enfatizar en que ha faltado imprimir el tono ético, en buena parte de las discusiones referidas al proyecto de reforma y está descuidándose lo fundamental, la garantía de responsabilidad moral y social de las instituciones educativas. Y la autorización del ánimo de lucro en la prestación del servicio público de la educación superior, así se le aprieten ciertas condiciones, es un indicio probatorio de la flojedad ética del proyecto.
No debemos engañarnos sobre el imperativo de la formación profesional ética en tiempos de crisis. Hay que fortalecerla. Sería una temeridad decir que la corrupción ha germinado en las universidades. Pero sí es verdad que, en su inmensa mayoría, los servidores públicos a los que se ha condenado por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones han obtenido título universitario. Algo ha fallado, primero en el desarrollo de motivaciones subjetivas, pero sospecho que también en el blindaje ético del que debían haberse dotado al cursar y aprobar carreras y posgrados y como afiliados a sus respectivas agremiaciones de colegas.
Desde el Ministerio de Educación se informó el viernes que al proyecto de reforma se le han hecho modificaciones, en materias de financiación, acreditación institucional, limitación de doctorados, autonomía, internacionalización, creación de comités departamentales de educación superior, etc. Entre otros asuntos, los recursos públicos no irán a universidades con ánimo de lucro. Sería el colmo si se les permitiera ganar dinero por punta y punta.
En un proyecto de tanta trascendencia, que debería ser Ley Estatutaria, sigue faltando lo esencial: La base ética, apenas mencionada de paso en el texto. De algún modo que está por inventarse, es preciso ponerles freno a los conatos de competencia desleal y piratería universitaria, que ya son notorios y pueden propagarse al amparo de un régimen permisivo. Es urgente debatir sobre conflictos éticos en la docencia y la investigación. Es preciso salvaguardar el colegaje interuniversitario, por ejemplo, para que se proscriba la práctica viciada de copiar iniciativas o sonsacar colaboradores.
El pirata Morgan anda suelto. El Colombiano sobre edición ilícita de libros, la nefasta piratería editorial. En el ámbito universitario también puede percibirse una amenaza parecida, guardadas las proporciones, si no se combate a tiempo. Es tremendo el daño que pueden causarle a una sociedad los doctores de Morgan University.
