El Gobierno manifiesta compromiso de garantizar una educación superior de alta calidad. Será más engaño, si no garantiza los recursos económicos necesarios, como política de estado, dice Marcos Silva Martínez en La Nación, de Neiva.
El estudio y debate del proyecto, hasta su aprobación, obliga analizar con racionalidad y responsabilidad, todos los factores que directa e indirectamente inciden en la consecución del objetivo propuesto.
La calidad de la educación colombiana, en general, es mala. Lo demuestra la posición de las universidades colombianas, en los ‘rankings’ de universidades del mundo. Una entre las primeras 500 (U. Nacional). Tres entre las primeras mil; U. Nal. ( puesto 413), Antioquia (640), Andes (690). Solo 9 entre las primeras 2.000. Lamentable para la región. La U. Surcolombiana (7.402), en la cola, junto a la U Antonio Nariño (7.457).
Además, lo confirman los precarios resultados de las pruebas PISA, Saber (Icfes) y Pro (Ecaes).
Gobierno, organizaciones políticas, sociales y gremiales, estudiantes, docentes y sociedad, en general, deben ser conscientes de la mala calidad de la educación y de las consecuencias para el desarrollo nacional.
La reforma de la educación superior debe contener mecanismos de control y vigilancia permanente sobre el contenido y desarrollo de los pénsum curriculares. Sobre requisitos de calidad para vinculación, evaluación y promoción de docentes y sobre resultados del proceso educativo.
Rectores de algunas universidades públicas y privadas, han debatido el proyecto de reforma. Deben ser inflexibles al exigir, racionalidad, pertinencia y sentido de progresividad del articulado de la ley, en todos los aspectos.
Hay consenso en que hay universidades de muy mala calidad. La reforma debe contener las disposiciones necesarias para evitar su funcionamiento, hasta tanto no satisfagan requisitos básicos. Los colombianos no debemos admitir, títulos, especializaciones, maestrías y doctorados de garaje. Las universidades de garaje deben desaparecer. La nueva ley de educación superior debe establecer requisitos de calidad académica únicos para alcanzar el título profesional y aprobación del bachillerato, obligatorios para todas las instituciones educativas, públicas y privadas. Debe quedar establecido, que el título solo sea obtenible mediante aprobación de pruebas de Estado.
La autonomía universitaria con frecuencia la confunden con tolerancia, laxitud y complicidad, particularmente en las universidades privadas y públicas creadas en los últimos 60 años. La corrupción, el clientelismo y la politiquería las cooptó. El Estado ha sido laxo y tolerante en el control de la calidad educativa y la austeridad en el manejo de los recursos. Docentes, estudiantes y padres de familia, deben ser responsables. El problema es más grave de lo que parece. El saber racional consolida la democracia.
