Sobre la cancelación del semestre de medicina de la Nacional
El tamaño del problema exige que sea el Estado el que se ponga al frente de él. Ninguna explicación alcanza para excusar el hecho de que una de las más antiguas y prestigiosas escuelas de medicina de América haya tenido que cancelar, la semana pasada, el semestre académico, dice el Editorial de El Tiempo.
Esta es, apenas, una de las lamentables consecuencias que deja la carencia, por más de una década, de un hospital en el que puedan formarse debidamente los futuros médicos y especialistas de la Universidad Nacional.
Los estudiantes, que se declararon en asamblea permanente desde comienzos de junio tras el cierre de uno de los centros que tenía la Nacional, la Clínica Carlos Lleras, no habían vuelto a clases desde ese día. Los jóvenes, que alegan haber tenido incluso que mendigar sitios de práctica, se han dado a la tarea de exigir un hospital universitario que armonice con el nivel de su escuela y que acabe con la progresiva desintegración en la que cayó este concepto, desde que se cerró el emblemático hospital de San Juan de Dios hace más de una década.
Lo curioso es que existe hace años el proyecto de abrir el hospital universitario e, incluso, se adquirió con dicho objetivo la infraestructura de la antigua Clínica Santa Rosa de Lima, de la liquidada Caja Nacional de Previsión. No obstante, la falta de recursos para adecuarla, y que nadie quiere poner, tiene congelada esa posibilidad.
Buscando una salida al serio problema que significa formar médicos sin centros de práctica, la universidad firmó un convenio con la Secretaría de Salud de Bogotá para que sus 22 hospitales públicos recibieran a los estudiantes.
Pero tal solución no tuvo eco entre ellos, porque la atomización continúa. En dichas condiciones, la necesaria integralidad y unidad conceptual y de criterio que deben caracterizar la educación de un médico difícilmente se concretan. A lo que se suma el que los alumnos de la Nacional, e incluso sus docentes, no pasen de ser más que unos aledaños en esas instituciones.
Este es, de lejos, el efecto más lamentable de la crisis que atraviesa la educación médica en Colombia y que está innegablemente unida a la complicada situación del sector hospitalario.
Hoy, de las 53 facultades de medicina que existen, menos de 20 están acreditadas; las que cuentan con hospitales universitarios, como claramente lo señalan las normas, se pueden contar con los dedos de la mano. Las demás tratan de encontrar buenos sitios de práctica dentro de la red hospitalaria, en donde el vínculo y el compromiso que tales instituciones deben tener con la esencia de un centro universitario apenas se perciben.
Estas funciones, ligadas a la docencia, a la investigación, a la construcción de conocimiento, a la generación de un pensamiento crítico y a la formulación de soluciones a problemas prioritarios de la salud del país, hace rato dejaron de ser la base de la formación médica colombiana.
Lamentable tener que preguntarlo, pero ¿cuántos están dispuestos a meter las manos al fuego por la idoneidad de cada uno de los 5.000 profesionales que egresan al año de las facultades? Triste balance para un país que se ufanaba de graduar a los mejores médicos de América Latina.
El tamaño del problema exige que sea el Estado el que se ponga al frente de él, por el efecto que puede tener sobre el bienestar y la salud de toda la sociedad. Vigilar qué está pasando con su facultad de medicina -que así como se dio el lujo de permitir el cierre de La Hortúa, canceló como si nada este semestre- debería ser la primera tarea de las conducentes a buscar soluciones definitivas. Antes de exigir a otras escuelas, conviene que primero el Gobierno ponga en orden la suya.
