El senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, defiende el movimiento estudiantil frente a la reforma a la Ley 30, en artículo del dario La Tarde, de Pereira.
Santos ha dicho que la reforma a la Ley 30 es para darles plata a las universidades públicas. Por su parte, los líderes estudiantiles, con razón, han explicado que para eso no se necesita una ley, que basta con que el gobierno tome la decisión política de transferirles más recursos. Y preguntan: entonces, ¿para qué es la ley?
Quien conozca la historia de la educación en Colombia, sepa qué es el TLC, lea el proyecto de reforma y tenga el valor civil para decirlo, como ocurre con los estudiantes que el gobierno desprecia, tendrá que aceptar que el principal propósito de la reforma es aumentar la privatización de la educación superior. Tanto por lo que dice como por lo que calla, cosa que no sorprende, porque esa es la política que las instituciones del Consenso de Washington le ordenan a Colombia. Que la mitad de la educación universitaria sea privada constituye prueba reina de que la política general, y no de ahora, es privatizarla.
La reforma no les da a las universidades públicas la plata que requieren para superar el déficit que las estrangula y les impone nuevos costos que no les financia, luego las presiona a que tengan que privatizarse aún más, así en sus puertas pongan “Universidad superhipermegapública”. También impone, como cosa nueva, que a los estudiantes, además de las altas matrículas que ya pagan por la privatización, se les puedan cobrar “derechos complementarios” hasta por el 20% de la matrícula. Y crea la figura de endeudarse con la universidad para pagar una vez graduado. Asimismo privatiza al aumentar los créditos del Icetex, que cambian el derecho ciudadano a la educación gratuita por una deuda bancaria.
También se habla de privatización porque se excluye del sistema educativo a millones de pobres inteligentes y capaces y porque se les impone a las universidades públicas prácticas propias de las universidades privadas de garaje, tales como especializarse en los programas más baratos, menores inversiones en bibliotecas, laboratorios e investigación, hacinamiento en las aulas y profesores de menor nivel y con muy poco o ningún tiempo para preparar las clases.
Falta a la verdad el gobierno cuando dice que renunció a la universidad con ánimo de lucro, porque apenas intenta esconderla. Está presente en la figura de las universidades mixtas y en el Fondo de Desarrollo de Educación Superior, constituido como sociedad anónima. Y el TLC con Estados Unidos ordena darle todas las garantías a la educación como negocio, a pesar de su conocida pésima calidad (ver Francisco Piedrahíta en http://bit.ly/vkumCu).
Se privatiza como parte de la globalización neoliberal. Porque esta, como en la Colonia, especializa a Colombia en la exportación de materias primas agrícolas y mineras y en la importación de los bienes complejos (http://bit.ly/vQf4rh). A un aparato productivo de pacotilla le corresponde un sistema educativo de pacotilla, ordenan. Y unos pocos podrán salvarse de la mediocridad estudiando en unas cuantas universidades colombianas o en el exterior. ¿Por qué sorprende que el estudiantado colombiano se rebele contra el engendro?
