Milton Zambrano Pérez, en el portal Zona Cero, señala cómo el tema de la reforma ha superado lo técnico par convertirse en un pulso político por ver quién cede en sus pretensiones. Llama a la cordura.
La protesta en una sociedad democrática es fundamental para rechazar medidas gubernamentales que lesionen los intereses de las mayorías. Puede ser, también, una herramienta legítima para promover cambios políticos o de otro tipo, reivindicaciones justas de los sectores populares o un arma para enfrentar la tiranía, como se está viendo hoy en el mundo árabe.
No se puede criminalizar la protesta con calificativos exagerados e inconvenientes, como lo hacían algunos funcionarios bajo el mandato del ex-presidente Uribe. En este punto hay que decir que el Gobierno Nacional ha obrado con mucha prudencia y tolerancia ante el movimiento estudiantil que lucha contra el proyecto de reforma de la educación superior.
Es pertinente destacar el carácter pacífico que ha asumido la protesta nacional de los estudiantes universitarios contra el Proyecto de Ley No 112 de 2011, mediante el cual se pretende reestructurar la educación superior en nuestro país. Es importante poner de relieve este hecho, pues la muchachada ha sabido (hasta ahora) refrenar sus impulsos para eludir el recurso fácil de la “papa”, del enfrentamiento a piedra con la policía o de otras formas de violencia física que deslegitimarían su movimiento, colocándolo contra la pared en la retina de la opinión pública.
En esto de saber moverse para evitar los hechos violentos que no le convienen a nadie (y prescindiendo de la oscura muerte del estudiante en Cali) tanto el gobierno como el estudiantado han sabido meter en cintura a los radicales bota candela de ambos bandos, para que esta protesta nacional transcurra por los canales pacíficos que no dañan la imagen o los objetivos de los manifestantes y tampoco le entregan argumentos al gobierno para reprimir con violencia.
El pulso se concentra ahora en quién aguantará más en esta batalla de desgaste en un paro que le hace daño a la mayoría de los estudiantes y que tensiona la capacidad de los gobernantes para enfrentar el conflicto sin desmadrarse repartiendo bolillo o llevando los matones a los claustros universitarios.
Por lo visto se trata de un pulso político entre el Ministerio de Educación y los estudiantes, cuyo epicentro consiste en mantener la discusión del Proyecto de Ley en el Congreso o en retirarlo para reabrir la discusión sobre el contenido del mismo o para elaborar una nueva estrategia de reforma a la educación superior.
La ministra dice que no lo retira; los estudiantes manejan como condición para levantar la toma de las universidades públicas que el proyecto sea retirado de su curso normal en el Congreso de la República. Esta apuesta es demasiado alta para los intereses de la mayoría estudiantil que observa cómo pasa el tiempo y se coloca en peligro de muerte su semestre académico.
Qué importa un semestre si esta lucha es por la defensa de la educación pública y por el futuro de la universidad colombiana, se le escucha decir a los líderes universitarios. O sea, si se pierde un semestre pero ellos triunfan todo será ganancia porque la mayoría apática o la que ve los toros desde la barrera saldrá de todos modos beneficiada aunque no lo quiera y no haya peleado por la educación superior.
A quienes amamos y defendemos la Universidad Pública nos sorprende que se haya llegado a un punto de no retorno en que las partes cierran y atrancan la puerta por dentro sin dejar espacio para el diálogo creativo, pues todo depende de ceder o no ceder en cuanto al retiro del proyecto de las instancias legislativas. De este modo se imponen los radicalismos más extremos aupados por ideologías o posiciones políticas que descartan la discusión tranquila de los asuntos planteados en la propuesta gubernamental.
El proyecto no es cosa del otro mundo si nos atenemos a sus ocho títulos y a sus más de ciento sesenta artículos. Porque mucho de su articulado no hace sino recoger y sistematizar el camino ya recorrido en materia de educación superior, agregando algunos aditamentos de la cosecha del gobierno actual relacionados con el control y mejoramiento de la calidad y con la financiación de la educación pública (ver títulos V y VII de la versión digital colgada en www.mineducacion.gov.co, www.reformaeducacionsuperior.edu.co ).
La tesis de permitir el ingreso del capital privado a las instituciones públicas desapareció de los títulos. En ninguna parte se contempla la privatización de la educación pública superior, lo cual era uno de los máximos temores de los universitarios. Si no hay privatización y si se retira la propuesta de abrir lo público al capital privado entonces, ¿cuál es el motivo de la guerra?
Que la plata no va a alcanzar y que con los mecanismos de financiamiento expuestos, a la vuelta de un tiempo habrá que liquidar universidades por incapacidad operacional dada la escasez de recursos. Además, los instrumentos de control de la calidad y los requisitos establecidos para obtenerla podrían ser una espada de Damocles que lleve al cierre de muchas instituciones públicas. Estas son algunas de las tesis esgrimidas para justificar el movimiento, expresadas por los líderes estudiantiles.
Según lo leído en el proyecto, un hecho es que los recursos económicos en vez de disminuir aumentan. Otro hecho es que el combate por la calidad educativa no implica necesariamente emplear la fiscalización y la asesoría como herramientas para acabar lo público, como sostienen algunos estudiantes universitarios que no aceptan la idea del mejoramiento continuo y de obtener la excelencia académica porque detrás se esconden (supuestamente) los peligros de la privatización neoliberal.
Es indudable que la Universidad Pública arrastra un déficit que dificulta su desarrollo. Este es un problema estructural que amerita una discusión serena para alcanzar las mejores soluciones sin destruir la educación estatal. Lo más sencillo para un gobierno es privatizar para quitarse de encima el pesado camarón de lo público, como suelen sugerir los ideólogos neoliberales.
Pero esta es una solución contraproducente para las mayorías, pues acaba con uno de los pocos nichos a través de los cuales se puede redistribuir el ingreso para mejorar la calidad de vida de los estratos sociales con menor capacidad económica. Por eso la defensa de la educación pública en Colombia es también un asunto político que toca directamente los intereses populares.
El propósito de la reforma desde el punto de vista financiero no es destruir la educación pública, como se está diciendo en ciertos círculos. Si así fuera, no se reconocería su estatus especial de manera tan explícita ni se ampliarían y mejorarían los recursos como se plantea en el articulado.
Esto hay que decirlo de este modo porque está escrito bien claro y es algo que no soporta los acomodos interpretativos de los opositores al gobierno, a veces imbuidos del espíritu contestatario de enfrentar lo que viene de arriba porque viene de arriba sin otro criterio de justificación o convalidación que sirva de norte a sus posiciones.
Otra cosa es profundizar la discusión acerca de la mejor manera para conseguir recursos tendientes a financiar la universidad pública, sin que eso implique incremento indebido de las matrículas y demás obligaciones y derechos de los estudiantes. Aquí incluso cabría el debate sobre cómo el dinero privado podría ingresar a la educación pública sin ponerla en peligro, sino ayudando a su expansión y mejoramiento. Estos son asuntos de fondo que se pueden discutir sin tirarse de los cabellos.
Otro problema debatible es el de la consecución de la “alta calidad”, que es también un aspecto estructural de la educación pública universitaria. Hay evidencia de que muchas personas piensan el tema de la eficiencia y de la calidad como si fueran luciferes asociados a la visión de los tecnócratas neoliberales. Porque es cierto que para algunos la educación pública debería marchar como si fuera una empresa capitalista regida por los estándares de rentabilidad y de costo-beneficio de ese tipo de empresa.
Pero al margen de esa visión tendenciosa y dañina, las universidades públicas deberían ser más eficientes y apostarle a la alta calidad aunque sus tasas de eficiencia no deban ser medidas con el racero de la empresa capitalista tradicional. Pues su “rentabilidad social” se obtiene solo a mediano y largo plazo y está representada en el mejoramiento de la calidad de vida de los egresados y sus familiares mediante la formación adquirida en los claustros universitarios, la cual predetermina el ingreso a un empleo digno.
En el proyecto no se plantea por ningún lado convertir a las universidades públicas en empresas privadas capitalistas. Aquí se descarta ahora la zafada de cadena de la ministra cuando expresó de mala manera y a destiempo el asunto del papel de la inversión privada en las universidades públicas como un medio para ampliar el abanico de recursos, abonando el terreno para que los estudiantes se levantaran en paro.
Así mismo, se podría discutir más a fondo acerca de los mecanismos y los plazos planteados en el proyecto para impulsar la consecución de la alta calidad en la educación superior. Pero nadie puede temerle y negarse a la lucha por mejorar la eficiencia de las instituciones y por conseguir la acreditación de alta calidad de sus programas académicos exhibiendo siempre el sambenito de que ahí se esconde el fantasma de la privatización neoliberal, cuando de esto depende el desarrollo y el futuro socioeconómico del país y de su gente sin que ello implique destrozar lo público sino fortalecerlo.
El desorden, la ineficiencia, la mala educación y el despilfarro no le convienen a los sectores populares que utilizan el servicio de la educación pública. Y tampoco benefician a quienes se pronuncian a favor de su mejoramiento y defensa, pues esas son lacras que componen un veneno que la destruye quizás mucho más letalmente que cualquier otro.
Pero este asunto de la calidad se podría re-debatir también con mucha calma para afinarlo y mejorarlo, despejando las dudas o mal entendidos que aún existan al respecto. Re-debatir es un nuevo verbo que recoge el querer del gobierno y que debería entrar también al léxico de los estudiantes que dirigen la protesta. Esta es, quizás, la mejor estrategia para quitarle la máscara al diablo hablando sin tapujos y con la brújula de proteger siempre los intereses mayoritarios.
Según la opinión aquí expuesta, no parece que hubiera puntos de principio insalvables que nieguen la posibilidad del debate entre el gobierno y los estudiantes. Está más en juego ahora el interés político por no ceder (dadas las implicaciones que una posición de esta clase tiene) que cuestiones de fondo que los lleven a decir o todo o nada.
Aquí lo difícil es conciliar los escenarios de victoria de cada contendiente, pues si gana uno pierde el otro según la perspectiva de ambos. El desgaste por el factor tiempo, sin embargo, opera contra los dos, pero más que nada contra la mayoría estudiantil a la cual le están llevando su semestre a la horca.
¿Qué fórmula intermedia es posible esgrimir para que de la lucha no salgan ni vencedores ni vencidos? Ninguna, aunque al final si el paro sigue todos perderemos: el ejecutivo, la Universidad pública (dinero, tiempo, entre otros costos), la dirección del movimiento y la masa estudiantil resignada a que su suerte la definan otros.
Es decir, de esta batalla no saldrá ningún ganador porque no queda ningún premio si alguno de los adversarios se alzara con la supuesta victoria, ya que el pez gordo de la privatización no pasa de ser un embeleco inexistente en el proyecto de reforma. ¿No habrá en la contienda alguien con el espíritu de Salomón capaz de salvar de la muerte al hijo de ambos?
Aunque resulte inútil solo cabe solicitar a las partes un gesto de grandeza para no dañar a los que, supuestamente, pretenden beneficiar: el grueso del estudiantado de nuestras universidades. Nadie habla por este aunque todos dicen defender sus intereses, incluido el gobierno.
¿Será mucho pedir a la ministra que retire el difamado proyecto del Congreso para que la dirección estudiantil levante ese paro? ¿Será mucho pedir al liderazgo estudiantil que siga debatiendo en el Parlamento el difamado proyecto y que levante el paro?
Lamentablemente, es mucho pedir porque ninguno de los contendientes quiere escuchar otra voz que no sea su propia voz. Entre tanto, los profesores y estudiantes que amamos la educación pública y que luchamos porque esta se mantenga abierta seguiremos esperando.
