El analista Daniel Mera Villamizar señala, en El Espectador, que las universidades públicas necesitan más plata y más “control sistémico”, pero obviamente prefieren más plata y más autonomía, como se ve en el Diálogo Nacional sobre Educación Superior que lideran el CESU y el MEN. No es popular, pero hay que decirlo.
“Control sistémico” no es más inspección y vigilancia, ni más control fiscal. No es interferencia o coadministración del gobierno nacional. Es un marco legal, sustituto de la Ley 30 de 1992, que impide fenómenos indeseables en las instituciones y promueve eficiencias y buenas prácticas de éstas como partes mínimamente coordinadas de un sistema. Es darle un marco regulatorio a la autonomía universitaria, fijarle límites y alcances, como prevé el artículo 69 de la Constitución.
La experiencia de estos 20 años muestra que la gobernabilidad universitaria tomó una tendencia negativa para las propias instituciones, al amparo de una autonomía mal precisada. La reelección de rectores por más de dos períodos aumentó el clientelismo y la captura interna de muchas universidades, y el voto de los empleados administrativos exacerbó, en algunas, un ambiente electoral extraño al mundo académico.
Por supuesto que “las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos”, pero “de acuerdo con la ley”, y la ley debe y puede corregir lo que está pasando. Para una transición de 15 años de las reelecciones impresentables a una gobernabilidad madura que aguante una reelección, tal vez sirva poner períodos únicos de cinco años para el rector (hoy predominan de tres).
Reemplazar al exrector universitario en el consejo superior por un rector de colegio, el que más egresados tenga en la universidad, por ejemplo, y hacer que el designado por el presidente de la República sea un presidente de asociación de padres de familia o un delegado de estos, son medidas que fortalecerían la autonomía y la relación con la sociedad, al tiempo.
A menos que se busque autonomía absoluta, tiene sentido que el Estado y la universidad acuerden resultados por recursos adicionales. Lo tiene claro el presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, el rector de la Tecnológica de Pereira, Luis Enrique Arango, pero aquí el Congreso tiene que salirle al paso a la Corte Constitucional, que con la sentencia C-926 de 2005 sentó un precedente adverso a los indicadores de gestión exigibles. El legislador debe precisarlos.
Tampoco daña la autonomía, y sí incrementa la confianza del público, que el control interno deba ser contratado con empresas privadas altamente calificadas. Sin desmedro de escoger su planta administrativa, es necesario un régimen nacional para profesionalizar la gestión universitaria y permitir la movilidad del talento. No más académicos improvisados de decanos de bienestar universitario.
En suma, un proyecto de ley estatutaria de autonomía universitaria, como el preparado por Ascún, y un proyecto de reforma integral de la Ley 30 de 1992, si se tiene la capacidad de darle el contenido necesario, son incompatibles. Y con la MANE encima, difícil que se logre ese cambio en este gobierno.
