Para el exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, es necesario revisar los alcances del subsidio a la demanda, que no alcanza para cubrir als necesidades de los estudiantes de bajos recurdsos (En El Tiempo).
El financiamiento de la educación superior no es un problema menor. Los países han desarrollado y adoptado variadas estrategias para resolverlo. En nuestros últimos gobiernos ha tomado fuerza la estrategia del subsidio a la demanda. Esta es la de préstamos educativos para pagar las matrículas; contrasta con la de subsidio a la oferta, que es el financiamiento directo a las universidades para que cobren matrículas acordes con los ingresos de sus estudiantes.
A primera vista suena lógico subsidiar solo la demanda. El Gobierno facilita el acceso a un préstamo, el egresado de una carrera tiene ingresos laborales superiores a los de los bachilleres, y luego sus ganancias retribuyen con creces la inversión.
Sin embargo, la primera impresión puede ser engañosa o, al menos, limitada. La reciente expansión de la matrícula no ha sido homogénea en la población. En los estratos más ricos no hay jóvenes que no estudien por falta de recursos. En cambio, muchos de los de bajos recursos tienen dificultades de acceso porque no pueden pagar la matrícula en una universidad privada y no pueden entrar a la pública por su limitación de cupos. Es esa la población que está en expansión.
Una función fundamental del Estado moderno y democrático es la de propender a la igualdad de oportunidades para sus ciudadanos. El acceso a una buena educación superior es la forma más sencilla de lograrla. Los préstamos educativos son una estrategia que, aunque puede servir a jóvenes de clase media, es muy deficiente para los de bajos recursos. Más que un esfuerzo del Estado, el préstamo es un esfuerzo de las familias de los estudiantes. Solo cuenta como aporte estatal el subsidio a los intereses, pero las familias pagan el préstamo. Así, se constituye en una especie de impuesto selectivo para la educación superior. El Estado les pasa la cuenta de cobro por sus políticas de equidad a quienes son objeto de estas.
En Colombia, más o menos la mitad de los jóvenes estudia en instituciones públicas. Para que un sistema basado en préstamos funcione adecuadamente como estrategia principal de financiamiento, la diferencia entre matrículas públicas y privadas no debe ser muy grande y deben estar cubiertos todos los que los soliciten, sin excepción. El préstamo se debe empezar a pagar cuando no supere el 20 o 25 por ciento de los ingresos y debe postergarse su cobro cuando el egresado quiera hacer un posgrado. El costo de las matrículas no debe sesgar la escogencia de carrera.
No cumplimos con ninguna de esas condiciones. Apenas un poco más del 20 por ciento de los estudiantes puede obtener un préstamo de Icetex. Los salarios de enganche reportados por el observatorio laboral del MEN son muy bajos. Los estudiantes pobres no pueden ni económica ni sicológicamente embarcarse en préstamos altos y, por lo tanto, en su caso, la tendencia será necesariamente de acceso a carreras y universidades de bajo costo. En una época en la que normalmente consolida una familia y necesita su trabajo, quien tiene que pagar la deuda no puede hacer un posgrado. Eso limita las posiciones de liderazgo social y empresarial a quienes pueden darse ese lujo.
Los países que han adoptado el sistema de préstamos, como EE. UU. y Chile, cumplen con las condiciones descritas. A pesar de eso, tienen carteras morosas, que recientemente los han acercado a una crisis.
Para lograr cobertura amplia y con calidad en Colombia hay que reclutar a todos los actores del sistema de educación superior. Así como este es mixto (público-privado), el financiamiento posiblemente también ha de serlo. Los préstamos pueden servir para una parte de la población, pero para otra debe haber becas y más universidades públicas de calidad.
