Abril 7/20 Rector de la U. Autónoma de Colombia, Ricardo Gómez Giraldo, advierte que situación financiera es dramática, pide suspender otros beneficios, y hasta bajarse su propio salario.
Así lo expresó en comunicación enviada ayer a los presidentes de los sindicatos: SINPROFUAC (Luis Oswaldo Morantes) y SITRAFUAC (Bladimir Castiblanco Forero), como una medida urgente frente al empeoramiento que se prevee como consecuencia del Covid-19.
La solicitud de Gómez se justifica en que las deudas vigentes de la IES suman 35 mil millones y uno de los principales acreedores son los propios trabajadores agrupados en los sindicatos.
Rebaja general de salario y suspensión de beneficios económicos
Esta es la solicitud del rector, y de la que se espera respuesta de los trabajadores;
1) Rebaja general de salarios. Proponemos que todos los trabajadores y profesores (por voluntad propia y en consenso con el Empleador) disminuyan sus salarios a partir del 1 de mayo, por un término de dos años o hasta que, según una comisión conjunta (compuesta por delegados de los sindicatos y los directivos), que se reunirá cada seis meses, constate que las condiciones económicas permiten volver a los niveles actuales. Como punto de partida, se propone que el salario del Rector disminuya en 30% y, con respecto a los todos los demás trabajadores y profesores, sus salarios disminuirán en el monto que se acuerde entre las partes. En todo caso, para que las rebajas salariales entren en vigencia, será necesario que se realicen con total consenso entre las partes, que apliquen para todos y cada uno de los trabajadores y docentes y que se lleve a cabo con el cumplimiento de todos los requisitos jurídicos que sean necesarios.
B. Suspensión de beneficios económicos convencionales extralegales. Proponemos que, a partir del 1 de mayo de 2020 no se paguen primas extralegales, ni se otorgue ninguna beca, ni se reconozcan las primas extralegales como factor salarial, tal como hasta hoy lo ordena la Convención Colectiva de Trabajo. Esta suspensión operará inicialmente por un término de dos años o hasta que, según una comisión conjunta (compuesta por sindicatos y directivos), que se reunirá cada seis meses, constate que las condiciones económicas permiten volver a reconocer beneficios económicos extralegales.
