Abril 14/20 ¿Puede el gobierno obligar a que estudiantes y profesionales de la salud presten servicio para atender la pandemia, más allá de la situación laboral, económica, política y social?
Esta es la pregunta que gira en torno de los debates que se han suscitado luego que el domingo el gobierno expidiera el decreto 538 donde, amparado en la solidaridad social, hace que todos los que estén formados en el área, independientemente de su vínculo laboral o entorno social, que cumpla con los requisitos y condiciones de salud, tienen que estar disponibles para trabajar en la atención de las víctimas del coronavirus.
El mismo domingo en que se expidió el decreto, con la firma de todos los ministros, 34 asociaciones, sindicatos, colegios y agremiaciones de diferentes disciplinas de profesionales de la salud, emitieron una comunicación de rechazo Clic para leerla en la que advierten que no están dadas las condiciones de bioseguridad y condiciones laborales dignas para atender este requerimiento, así como pedir que se excluya al personal en formación, “dado que precisamente no tiene acreditadas las competencias profesionales para hacer frente a la pandemia, y porque es una propuesta de voluntariado sin garantías. Eso adicionalmente auspicia el ejercicio ilegal de las profesiones, usando mano de obra no calificada”.
“El personal de salud está dispuesto a cumplir con su deber y cumplirle a la sociedad, pero ninguna norma nos puede obligar a actos temerarios y acciones suicidas frente a una pandemia que ya ha dejado miles de pérdidas humanas en el mundo”.
La denuncia fue ratificada por el presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, quien señaló que “como médicos no iremos a ninguna parte sin no se nos garantiza la bioseguridad en todos los aspectos”.
Las redes sociales se han llenado de opiniones encontradas al respecto, que como generalmente sucede, están polarizadas, en este caso de parte de defensores y críticos del gobierno Duque, quienes cuestionan si el presidente puede o no obligar a que personas que no laboran con el Estado, no coinciden con él o tienen otras actividades, deban prestar este servicio obligatorio.
Además, se aumenta el cuestionamiento porque la mayoría del personal de salud en el país (se estima que cerca del 80 %) labora por prestación de servicios profesionales, sus salarios no siempre son competitivos e, incluso, de su propio bolsillo, han tenido que adquirir los elementos de seguridad frente a la pandemia.
La situación llevó a varias reuniones del ministro de Salud, Fernando Ruiz, para explicar las acciones que el Gobierno hará para asegurar que los empleadores aseguren dichas condiciones de seguridad del personal de salud.
Así mismo, Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, explicó, tras una reunión con el ministro, que el gobierno se comprometió a hacer una reglamentación en la que quede claro que esto se hará solo en caso de que la crisis lleve a la falta de personal de salud, y que se hará de manera escalonada, de acuerdo con la evolución de la epidemia.
