Así describe el Mineducación saliente sus logros en educación superior

En agosto de 2018 se encontraban en trámite 3.094 solicitudes de registro calificado en las diferentes etapas, lo cual era objeto de múltiples quejas asociadas a los tiempos de respuesta. Así, se evidenció que, aunque la normatividad establecía un término de 6 meses para resolver estas solicitudes, el tiempo promedio de respuesta era cercano a los diez meses, y que existían trámites radicados desde 2015, que aún no habían sido resueltos. Esta situación generaba el enorme reto de eliminar ese atraso y reducir los tiempos de respuesta de los trámites que se presentaran.

El 25 de julio de 2018 fue expedido el Decreto 1280 que reglamentaba el registro calificado y el sistema nacional de acreditación. En el proceso de revisión del contenido normativo del Decreto para su implementación, el Ministerio de Educación observó que en este se establecía un régimen de transición en el que se dejaba sin regular una aplicación escalonada de los parámetros a evaluar en cada una de las condiciones de calidad institucionales y de programa. Asimismo, se realizó un análisis jurídico del Decreto 1280 de 2018, mediante el cual fue posible establecer que la norma referida podría contrariar normas superiores, al reglamentar en un mismo decreto temas de Acreditación en Alta Calidad – Ley 30 de 1992, y Registro Calificado – Ley 1188 de 2008, así como contemplar medidas sancionatorias mediante un decreto reglamentario propias de una Ley, lo cual eventualmente afectaría su validez y debida aplicación.

En las condiciones descritas, se evidenció la necesidad de concertar una nueva reglamentación que eliminara las dificultades mencionadas, y atendiera de mejor manera la realidad del sector de cara al cumplimiento de las dinámicas de aseguramiento de la calidad de los programas e instituciones.

En respuesta a esta situación, se llevó a cabo la concertación mencionada y se expidió el decreto 1330 de 2019 que reglamenta el Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior, brindando un enfoque hacia el aprendizaje, el fomento de la cobertura, la optimización del proceso de registro calificado y el reconocimiento de la diversidad institucional con base en su naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional y también de las diferentes modalidades de la oferta. Los aspectos que se fortalecen con esta nueva normatividad son:

1. Consolidación del concepto de calidad. 2. Respuesta a las nuevas tendencias educativas. 3. Articulación entre actores que determinan la calidad en materia de educación superior (CNA, CESU, CONACES, el Ministerio y otras entidades) y reconocimiento de la diversidad de instituciones que componen el Sistema de Educación Superior para garantizar la equidad. 4. Incorporación de las condiciones de evaluación de instituciones y programas de manera independiente en el proceso de Registro Calificado 5. Posibilidad de ofrecer bajo un registro calificado único un programa académico con el mismo contenido curricular en diversas modalidades y/o en diferentes municipios. 6. Formación en investigación 7. Confianza en el reconocimiento en alta calidad de las instituciones y los programas por parte del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 8. Modernización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad y fomento a la corresponsabilidad de todos los actores del Sistema, a través del desarrollo de una cultura de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo.

Después de la expedición del Decreto 1330 de 2019, el Ministerio emitió las Resoluciones 2179533 y 1522434 de 2020, que contribuyen a definir los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de Condiciones de Calidad de Instituciones y Programas académicos en el momento de obtener, renovar y modificar el Registro Calificado de los Programas de Educación Superior.

El cambio normativo explicado en esta sección del Plan Sectorial generó una radicación masiva de solicitudes relacionadas con registros calificados, lo que congestionó el avance de los trámites administrativos correspondientes. No obstante, el Ministerio adoptó acciones oportunas y pertinentes para la gestión de las solicitudes logrando como resultado el cierre de 3.071 solicitudes en el 2018 y 2.675 en 2019. Entre junio de 2020 y abril de 2022 se recibieron 6.061 solicitudes de registro calificado y en el mismo periodo de tiempo se cerró 5.409 procesos de Registro Calificado; a 30 de abril 2022 quedan 2.996 trámites en gestión de los cuales 377 se encuentran para notificación por parte de la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio y 605 en la última etapa del proceso (proyección y generación de resolución).

En 2018 el sistema de Educación Superior público estaba conformado por 61 Instituciones de Educación Superior (IES), 32 Universidades y 29 Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTU), que demandaban una intervención inmediata de la Nación en materia de financiación para disponer de recursos adicionales que permitieran llevar al subsistema de educación superior en una trayectoria incremental de alta calidad y atender necesidades manifiestas como:

a) mejorar la estabilidad financiera y presupuestal de las instituciones; b) fortalecer su base presupuestal con crecimientos adicionales al IPC, acordes con los mejoramientos en cobertura y calidad alcanzados por el sistema en los últimos; c) fortalecer la inversión para mejorar las condiciones de infraestructura física y tecnológica, así como las condiciones de calidad institucional y de programas.d) generar programas que permitieran apoyar el acceso a educación superior a un número mayor de estudiantes con especial énfasis en la zona rural

Tres nuevas instituciones hacen parte del subsistema de educación superior público, llegando a un total de 64 IES: Universidad Autónoma Indígena Intercultural – UAIIN, Institución Universitaria Digital de Antioquia y la Universidad Internacional del Trópico Americano – UNITRÓPICO.

$4,5 billones adicionales para el fortalecimiento de las instituciones de educación superior (IES) públicas. Construcción de la política pública Pacto Colombia con las Juventudes: estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la juventud, que contempla inversiones por $33 billones para los próximos 10 años.

95 proyectos de IES públicas por $172 mil millones aprobados para el fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación en el marco de las convocatorias del Fondo de Ciencia Tecnología de Innovación del Sistema General de Regalías.

Creación del programa generación E que permitió el acceso a 336 mil jóvenes.

Se hizo realidad la política de gratuidad de la educación superior pública en Colombia llegando a 720 mil estudiantes.

Llegando con estos dos programas a más del 91 % de las universidades del país.

En agosto de 2018, la entidad contaba con 562 mil usuarios vinculados a sus programas de créditos condonables, créditos con tasa subsidiada y programas internacionales. Existían múltiples malestares asociados a las características de los servicios que recibían, agobiados por la inflexibilidad normativa, confundidos con los términos y el manejo dado a sus obligaciones, así como con el servicio brindado en los canales de atención. La cultura organizacional se caracterizaba por el atraso tecnológico, la desconfianza y una profunda desconexión con la realidad de los usuarios.

Era necesaria una intervención que diera continuidad a programas, se reorientaran otros y se diseñaran nuevas estrategias factibles, con sustento técnico y jurídico, enfocadas en el usuario y su trayectoria educativa como el centro del quehacer de la entidad, de manera que se mejorara la operación y recuperaran el sentido social del instituto.

Uno de los retos más significativos consistía en conseguir una nueva fuente de fondeo sostenible y más económica, que permitiera simultáneamente ampliar la base de otorgamiento de nuevos créditos y reducir las tasas de interés vigentes; cerrar las brechas existentes para la administración de los recursos aportados por terceros para el otorgamiento de créditos condonables y becas internacionales con el fin de aumentar el número de oportunidades para los jóvenes más vulnerables, y revisar los procedimientos e inversiones en materia de comunicaciones, tecnología, servicios y gobernanza con miras a la generación de un instituto mucho más cercano, empático, seguro y comprensible para sus usuarios.

En respuesta a estas situaciones, el trabajo se enfocó en los siguientes frentes:

El ICETEX tras la revisión de varias alternativas, adelantó un proceso de emisión de bonos sociales por valor de $806 mil millones, lo cual permitió bajar la tasa de interés de niveles del IPC+12 %EA al IPC+7.5 %EA.

Esta rebaja de tasas de interés estuvo acompañada de importantes cambios en las condiciones de deudor solidario, creación de nuevas líneas especiales para regiones del país y grupos vulnerables, la flexibilización en las condiciones y formas de pago.

La Transformación y fortalecimiento integral del ICETEX, se desarrolló con base en un modelo de Financiación Contingente al Ingreso, el otorgamiento de nuevos créditos sin codeudor, la reducción en tasa de interés, planes de alivio y estímulos, desarrollos tecnológicos y mejoras en la calidad del servicio.

De otro lado, y con el propósito de cerrar las brechas existentes para la correcta administración de los recursos aportados por terceros para el otorgamiento de créditos condonables y becas internacionales, se introdujeron cambios significativos en los procedimientos, herramientas informáticas y estrategias de comunicación, así como mecanismos de relacionamiento con Gobernaciones, Alcaldías y países amigos de Colombia. Como resultado se observa un aumento 140 nuevos fondos y un fortalecimiento de los fondos existentes.

Ante la Emergencia Económica Social y Ecológica a causa del Coronavirus COVID-19, se generó un plan de auxilios educativos dirigido a usuarios que necesitaban alivios en su flujo de caja. 157.150 jóvenes fueron beneficiarios de una inversión de $75.109 millones de pesos del Gobierno Nacional y $583 millones de pesos por parte de ICETEX.

Los auxilios consistieron en (i) interrupción de pago, destinado al 52% de los beneficiarios, (ii) reducción de los intereses al IPC, para el 34% de los usuarios, (iii) ampliación de plazo, utilizado por el 14% de los usuarios. Adicionalmente, se inició el otorgamiento de crédito sin el uso de la figura de deudor solidario.

Finalmente, se reformularon los procedimientos e inversiones de la entidad en materia de comunicaciones, tecnología, servicios y gobernanza, para construir un ICETEX mucho más cercano, empático, seguro y comprensible para sus usuarios, de manera que las personas mejoren su experiencia. Como legado, existe un cambio sustancial en materia de gobernanza, fomentando Ligas de Usuarios y su participación en la veeduría y mejora de la gestión, así como su inclusión en la Junta Directiva, máximo estamento para la toma de decisiones de la entidad.

En la actualidad el ICETEX cuenta con más de 937 mil usuarios que no solo tienen acceso a los servicios tradicionales, sino que hoy tienen a su disposición nuevas medidas como los auxilios otorgados durante la pandemia, alivios, estímulos, cambios en las condiciones del portafolio, mayores niveles de flexibilidad, cambios en los procesos, mejoras en los canales de atención y, sobre todo, una entidad volcada a impulsar el logro de sus proyectos de vida.

En 2018 se encontraba en operación el programa “Ser Pilo Paga”, cuyo objetivo era dar oportunidades de acceso a educación superior de calidad a cerca de 40.000 jóvenes de escasos recursos y con altos resultados en las pruebas Saber 11.

No obstante, en agosto de 2018 fueron identificados varios problemas, en particular, la falta de vigencias futuras aprobadas, que garantizaran los recursos para la financiación de las cohortes completas, haciendo necesaria que fuera el entrante Gobierno quien tuviera que conseguir la plata para fondear el programa.

Por otra parte, los beneficiarios, presentaban importantes tasas de deserción, los valores por estudiante pagados no respondían a una política articulada, y el país reclamaba por un mecanismo incluyente que permitiera beneficiar a muchos más jóvenes del país de las distintas regiones.

En el cuatrienio se hizo una inversión de $2,7 billones para que los jóvenes del programa Ser Pilo Paga (SPP) pudieran completar sus programas académicos.

Con relación a los beneficiarios que desistieron del Programa SPP, el Ministerio de Educación a través de los miembros de la Junta Administradora, analizó las condiciones socioeconómicas de los estudiantes del programa Ser Pilo Paga que incumplieron las condiciones de condonación del crédito, y, en el marco de la reforma integral del ICETEX planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, se les ofreció una alternativa de financiación mediante un crédito educativo reembolsable, con el acompañamiento de las IES.

Así mismo, con el objetivo de mitigar el riesgo de retiro de estudiantes o aplazamiento de semestres, y dando cumplimiento a la finalidad de garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes del programa SPP, desde el Ministerio de Educación, en conjunto con el ICETEX, se lideran las siguientes acciones: i) sesiones de trabajo con las IES sobre las disposiciones del Reglamento Operativo, ii) seguimiento sobre las estrategias, programas y acciones de las IES de bienestar y permanencia, y iii) atención de casos de beneficiarios y solicitudes especiales sobre la operación de los créditos condonables.

Sobre la aplicación de la suspensión definitiva de los desembolsos y su consecuente paso a cobro, en cumplimiento de lo dispuesto por el programa SPP y los reglamentos operativos, periódicamente se realiza análisis de los casos y se aplica el Plan de Auxilios diseñado por el ICETEX, atendiendo las condiciones de vulnerabilidad de los jóvenes beneficiados por el programa y las afectaciones que se han generado por la pandemia.

Del seguimiento que se realiza, con corte a abril de 2022 y el avance de los estudios, cerca de 10.000 estudiantes han recibido el 100% del beneficio y la condonación del crédito por haber presentado su título de graduación, 14.000 se encuentran en proceso de entrega de documentos para condonación, 8.630 se encuentran activos, y cerca de 4.300 se encuentran en paso al cobro.

Es así como, el Ministerio de Educación Nacional mantiene el compromiso asumido con los jóvenes beneficiarios del SPP, dando continuidad al giro de recursos desde 2018 hasta el año 2022 a las Instituciones de Educación Superior para matrículas y a los beneficiarios para sostenimiento.

GENERACIÓN E

El 20 de octubre de 2018 con el propósito de fortalecer los mecanismos de fomento de la educación superior en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, el Gobierno Nacional diseñó y puso en marcha el programa de Acceso y Excelencia a la Educación Superior: Generación E, que integra acciones para fortalecer las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y el reconocimiento al mérito y la excelencia académica. Este Programa busca que estudiantes de bajos recursos económicos de todas las regiones del país accedan, permanezcan y se gradúen de programas académicos de educación superior, promoviendo la movilidad social del país y el cierre de brechas, en un marco de financiación sostenible y gradual. La meta del cuatrienio es beneficiar a 336.000 jóvenes. Generación E cuenta con 3 componentes:

• Equidad: Avance gradual en la gratuidad en Instituciones de Educación Superior públicas.
• Excelencia: Reconocimiento a los mejores bachilleres del país.
• Equipo: Fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior públicas.

El componente de Equidad del programa “Generación E”, subsidia el 100% del valor de la matrícula de los estudiantes más vulnerables económicamente de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas del país, entregando además un apoyo de sostenimiento para gastos académicos.

Este componente se articula con la experiencia del programa de inclusión social “Jóvenes en Acción” del Departamento de Prosperidad Social, a través del instrumento de transferencias monetarias condicionadas (TMC), donde se otorgan subsidios que complementan el financiamiento de la matrícula con apoyos para gastos de sostenimiento. Con este componente se benefician en el cuatrienio 320.000 estudiantes.

El Programa se focaliza en jóvenes, entre 14 y 28 años con puntaje Sisbén III menor a 32 puntos y con puntaje C1 Sisben IV a partir del 2022, que se matriculan en IES públicas en programas de pregrado (técnico profesional, tecnológico y universitario) y bajo todas las metodologías (presencial, distancia, virtual, etc). Estos requisitos se articulan con la experiencia del programa de inclusión social “Jóvenes en Acción” del Departamento de Prosperidad Social.

A corte de mayo de 2022 el componente de equidad cuenta con 275.263 estudiantes beneficiarios, en agosto serán cerca de 296.000 y se espera llegar a 320.000 beneficiarios a diciembre de 2022.

En el componente de Excelencia: el Gobierno Nacional reconoce el mérito de 16.000 estudiantes de escasos recursos económicos que cuentan con los mejores resultados de las pruebas Saber 11° y de los tres mejores bachilleres por departamento y de los diez mejores de trece departamentos priorizados, para que accedan y permanezcan en la educación superior.

Los beneficiarios pueden escoger una institución pública o privada con acreditación de alta calidad o un programa académico con acreditación de alta calidad ofertado por una institución no acreditada con más del 25% de sus programas acreditados.

Para los estudiantes que deciden ingresar a una Institución de Educación Superior pública, se financia el 100% del valor de la matrícula y se entrega un apoyo de sostenimiento. En este componente se le reconocerá a la IES pública un valor de referencia por estudiante de Excelencia, entendido como un valor per cápita asociado a la prestación del servicio educativo, incluyendo el valor de la matrícula.

Por su parte, para los estudiantes que ingresen a Instituciones de Educación Superior privadas, el costo del valor de la matrícula es financiado así: el 25% del valor de la matrícula semestral lo aporta la institución privada, el Estado aporta el 50% y el restante 25% se financia con recursos de aportes de entidades públicas y privadas.

Adicionalmente, se entrega un apoyo de sostenimiento para gastos académicos.

Los requisitos para participar en el componente de Excelencia del programa Generación E para la vigencia 2022 son tener nacionalidad colombiana, obtener el título de grado de bachiller en la vigencia 2021, haber presentado las pruebas de Estado Saber 11º en 2021 y cumplir requisitos frente al departamento y puntaje de la prueba, además debe estar registrado en la base nacional del Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN) metodología IV, suministrada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con anterioridad al 30 de octubre de 2021 y encontrarse en los grupos y subgrupos indicados.

En este componente Generación E a corte de abril del presente año, se han beneficiado a 13.572 jóvenes de todo el país.

El Programa Generación E, tiene un componente importante de cobertura territorial. Los beneficiados provienen del 100% de municipios de los 32 departamentos del país, el 54% de los beneficiarios son mujeres y el 46% hombres. y más de 90.000 (33%) corresponden a estudiantes que provienen de municipios rurales y PDET.

Con el fin de garantizar el financiamiento de todas las cohortes del programa, en el 2020 se aprobó el documento Conpes 4013 mediante el cual se declaró la importancia estratégica del Programa Generación E con sus respectivas vigencias futuras para ambos componentes por más de $1,9 billones destinados al financiamiento efectivo de los compromisos adquiridos con estudiantes beneficiarios de los años 2019 y 2020, asegurando los recursos necesarios para su permanencia y graduación en el sistema educativo entre 2021 y 2025.

Así mismo, el documento Conpes 4055 de 2021 confirmó la importancia estratégica de Generación E y asignó $2,8 billones mediante vigencias futuras hasta 2027 para garantizar la permanencia y graduación de los beneficiarios de los años 2021 y 2022.

Igualmente, como parte de las medidas desarrolladas para avanzar en la gratuidad gradual en la educación superior pública, desde el Ministerio de Educación Nacional se creó el Fondo Solidario para la Educación a través del Decreto Legislativo 662 de 2020 y se adoptaron medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19 (ver Capítulo de Fondos Especiales), en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y se asignaron recursos adicionales del gobierno nacional para el segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 2021 por $97.500 millones y $98.800 millones respectivamente, para apalancar varios programas dentro de los cuales esta: “Auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en instituciones de educación superior pública.”

Los recursos aportados por el Fondo Solidario para la Educación movilizaron además importantes recursos adicionales aportados tanto por las Gobernaciones y Alcaldías como por las propias Instituciones de Educación Superior en una concurrencia de recursos, información e iniciativas para evitar crecimientos en la deserción, como consecuencia del COVID 19. Esto permitió beneficiar en cada período a más de 661 mil estudiantes de los cuales al menos 507 mil tuvieron gratuidad en la matrícula en los dos períodos anteriores.

Posteriormente, en el marco de la Estrategia de Gratuidad, surge la denominada “matrícula cero” que extiende los beneficios de gratuidad a los estudiantes de estratos 1, 2 o 3 de las IES públicas y que estuvo vigente durante el segundo semestre del 2021. En ese período se benefició a cerca de 720 mil estudiantes, superando los 695 mil estudiantes de programas de pregrado de las IES públicas proyectados inicialmente en la cobertura nacional.

La matrícula de estos beneficiarios se financió mediante los descuentos recurrentes o permanentes a los que acceden históricamente los estudiantes, algunos aportes adicionales de las entidades territoriales y principalmente con las fuentes del Gobierno Nacional desde Generación E en su componente de Equidad y el Fondo Solidario para la Educación que aportaron recursos por más $650 mil millones para ese período. Ya empieza a verse un significativo incremento en el número de matriculados en las IES públicas, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para reducir la deserción y aumentar gradualmente la gratuidad en educación superior.

Como consecuencia de los resultados favorables obtenidos en la implementación de las herramientas y programas de gratuidad antes descritos, el 14 de septiembre de 2021, el presidente de la República sancionó la Ley 2155 de 2021 Ley de inversión social, en donde el art. 27 tiene el objetivo de garantizar los recursos necesarios y avanzar en la gratuidad en la educación superior pública para los estudiantes más vulnerables como política de Estado. El 7 de diciembre de 2021, se expidió el Decreto 1667 de 2021, a través del cual se reglamentó la política de estado de Gratuidad en la matrícula de Instituciones de Educación Superior públicas, apuesta que se consolidó con la entrada en vigencia de la Ley de Inversión Social. Su implementación inició en el primer semestre del 2022. Con la Política se garantiza los recursos necesarios que permitan cubrir el pago del valor de las matrículas a por lo menos de 720 mil estudiantes por semestre, de los estratos 1, 2 y 3 en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas. Para el 2023 se tiene previsto que el criterio de identificación de beneficiarios se realice mediante el instrumento de focalización de la población vulnerable vigente “Sisbén IV”.

Para la implementación de la gratuidad en la educación superior, que tiene el carácter de gradual lo cual significa que el número de estudiantes a beneficiar irá creciendo cada período, se suscribieron convenios con las 64 IES públicas del país.

A corte de 31 mayo 54 de las 64 IES han reportado un número total de matriculados de 624.529 estudiantes en los programas de pregrado. De este número 572.494 (91,6%) tendrán gratuidad en el pago de su matrícula ordinaria neta, gracias a los descuentos recurrentes y permanentes y a las dos fuentes de financiación que suman a la política de gratuidad. En el mes de junio se espera se complete el reporte de información de las demás instituciones de educación superior y se identifique plenamente el número de estudiantes a beneficiar.

Al 7 de agosto de 2018, se encontraban en curso 3.587 procesos de convalidación de títulos de educación superior. Estos trámites eran objeto de quejas frecuentes relacionadas con la dificultad del trámite y las demoras en los tiempos de respuesta, pues existían radicados desde 2015 y frente a los cuales los solicitantes no habían recibido respuesta, dejando el índice de oportunidad de respuesta en el 38%.

Esta situación evidenció la necesidad de generar un plan de descongestión y definir un nuevo sistema y trámite para lograr responder en términos de tiempos y los requisitos del trámite, con el propósito de facilitar los mecanismos de convalidación.

En respuesta a esta problemática, se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955 de 2019, el artículo 191, con la obligación de expedir un nuevo modelo de convalidaciones, el cual se materializó con el diseño e implementación de un nuevo sistema para el trámite de las solicitudes de convalidación de títulos de educación superior vigente desde 2019 y la mejora progresiva de los índices de satisfacción de los ciudadanos.

Para dar atender el represamiento de 6.977 procesos que se adelantaban bajo la Resolución 20797 de 2017, se amplió la capacidad operativa, seleccionando un mayor número de expertos para la evaluación académica, lo que permitió aumentar la frecuencia de reuniones de salas del conocimiento CONACES.

Adicionalmente, con la entrada en vigencia de la Resolución 10687 del 16 de octubre, también se implementó una herramienta tecnológica más amigable para el usuario, que permite el seguimiento en tiempo real, agiliza el trámite y mejora la seguridad y confiabilidad. Con corte a mayo 2022 se han recibido 36.542 solicitudes de convalidaciones bajo esta nueva resolución y se han cerrado 34.256. El porcentaje de oportunidad pasó del 34% en febrero de 2020 al 97% en mayo 2022.

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