Julio 8/22 Presidente electo, Gustavo Petro, confirmó a Alejandro Gaviria como nuevo Mineducación, con la tarea de “lograr la educación superior pública y gratuita”.
Para ello se requerirá de una reforma de la Ley 30 de 1992, y se constituirá en uno de los desafíos del nuevo ministro, exrector de Uniandes y exministro de Salud, cuyo nombramiento no causó sorpresa desde que, en la contienda electoral, decidió apoyar a Petro luego de que Gaviria hubiera perdido la consulta de precandidatos presidencial de su colectividad. Hace pocos días, Petro lo había designado coordinador del empalme para el tema educativo, en una labor que venía haciendo, con una serie de diversas reuniones con funcionarios del Ministerio.
Como todos los nombramientos de carácter político, la decisión presidencial ha recibido posiciones a favor y en contra.
A favor se enumera el hecho de que, indudablemente, Gaviria (ingeniero civil, que fue decano de Economía de Uniandes, en donde también fue rector), conoce el sector, ha trabajado en él, tiene una personalidad reflexiva y conciliadora y de todos los cercanos al presidente Petro es, tal vez, uno de los que mejor perfil podría tener para ocupar el cargo.
En contra, dicen los críticos, está el hecho de que Gaviria, por corresponder a las características de un “privilegiado” político -por estudios, herencia familiar, contactos y carrera en el sector público, así como haber sido rector de la más privada, prestigiosa y costosa universidad privada del país- no representa los intereses de la izquierda tradicional, que más identificada ha estado con las banderas del presidente Petro, y no responde a los discursos del sindicalismo, ni de sindicatos como Aspu y Fecode.
Por ahora el nuevo ministro, en sus primeras declaraciones, ha señalado como retos fundamentales de su cartera los de reformar la Ley 30 de 1992 para asegurar la política de gratuidad, una posible reforma del sistema general de participaciones para obtener más recursos, trabajar más de cerca con Fecode, y una reforma al Icetex (anunciada por Petro, y que re-enfocaría a la entidad y buscaría condonar deudas).
Hasta ahora sólo se ha mencionado la posibilidad de reformar la Ley 30 en lo relacionado con el modelo de financimiento de la educación superior, pues esa sería la vía legal para modificar el modelo de transferencias, posiblemente permitir que estos lleguen a más -¿y nuevas?- IES, y extender la atención de la cobertura plena.
En desarrollo de esta iniciativa, ya lo confirmó Gaviria, programas de Generación E, por lo menos en el componente de Excelencia, no continuará.
La reforma a la Ley 30 en estos aspectos le significará al nuevo ministro trabajar estratégicamente con el sector público. Vale recordar que la última vez que se habló de reforma a la Ley 30 fue en 2010, cuando Juan Manuel Santos y su ministra de Educación, María Fernanda Campo, hicieron una propuesta, que fue presionada a retirar, por parte del Movimiento Estudiantil y la universidad pública, por considerar que no beneficiaba sus intereses.
Lo cierto es que esta será la apuesta esencial que significará al nuevo gobierno arriesgar su popularidad de inicio, y estar cerca del Sistema Universitario Estatal SUE, que deberá ser clave para este proceso.
Es posible, especulan algunos, que sea de allí de donde venga su viceministro(a) de Educación Superior, quien deberá ser clave para manejar en el legislativo el tema.
La reforma, en la lógica del gobierno, debe buscar más recursos, más cobertura y mejor capacidad de respuesta.
La reforma, en la lógica del SUE, debe garantizar más recursos a las universidades actuales. El presidente del SUE, Jairo Miguel Torres Oviedo, quien llegó a sonar como posible ministro de Educación de Petro, antes de que se dieran los movimientos políticos que demandó la segunda vuelta presidencial (en la que entró Gaviria a oficializar el apoyo a Petro), ha sido uno de los grandes promotores de una posible reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Podría ser un aliado clave del nuevo gobierno, si es que la intención de éste no va más allá de generarle algunas incomodidades a las actuales universidades públicas.
Por ahora, temas como los de aseguramiento de calidad, que marcaron fuertemente la agenda con la ministra María Victoria Angulo, no aparecen como prioridad.
A un mes de posesionarse el nuevo ministro comienzan a sonar voces de distintos rectores y asociaciones, que guardan la esperanza de que la anunciada propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992 vaya más allá del tema financiero y aproveche, de una vez por todas, para ajustar aspectos como los relacionados con el sector privado, la gobernabilidad y la presencia protagónica de otros actores en la educación superior, entre otros.
