Sept 6/22 Reformar integralmente la norma, como lo quiere Gaviria, va mucho más allá de ajustar articulado, y por las condiciones sectoriales y políticas, parece que le está cogiendo la noche al Ministerio.
La idea de reformar la Ley 30 (de por sí ya muy remendada por más de 50 decretos y resoluciones posteriores a 1992), renació, tras más de una década (la última propuesta formal, y que se hundió por las protestas estudiantiles, fue la que intentó hacer la entonces ministra María Fernanda Campo con el presidente Juan Manuel Santos, en 2011), con la llegada al gobierno de Gustavo Petro y sus propuestas de gratuidad educativa, sumada a las políticas de matrícula cero que dejó el gobierno Duque y las reiteradas peticiones del SUE y de la Red TTU de pedir más recursos para sus respectivas bases presupuestas por considerar que los artículos 86 y 87 de la Ley 30 no están actualizados a la realidad del sector.
Foto de julio pasado cuando el designado ministro Gaviria se reunió con los rectores del SUE y los invitó a trabajar conjuntamente en una propuesta de reforma.
La necesidad de ajustar el modelo de financiamiento de las IES públicas (universidades o no), ha sido el tema recurrente cuando se habla de reformar la Ley 30. Tanto el SUE como la Red TTU se han vuelto expertos en hacer lobby en el Congreso para buscar senadores o representantes que apoyen “n” proyectos que se han trabajado hace ya varios años. Las IES tienen sobrediagnosticado, el déficit, la necesidad de más recursos para atender a más cobertura, y la real inequidad en la transferencia de recursos (gigantescas diferencias entre los dineros que se entregan por parte del Estado a las universidades “grandes” con respecto a las pequeñas, y de las del SUE con respecto a las de la Red TTU). Lo que, en cambio, está mal diagnosticado y no ha hallado escenarios de concertación, es si los recursos que se piden son realmente los que se necesitan, si se va a seguir con el mismo modelo de IES oficiales y si se va a seguir entregando recursos públicos sin la debida rendición de cuentas ni el cumplimiento de los objetivos que la propia ley le asignó al SUE.
Ministro pide reforma integral
En varios escenarios el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, ha indicado su deseo de que la reforma vaya más allá de los artículos 86 y 87 y, en su estilo reflexivo, ha invitado a que el país replantee el rol de sus universidades para que estas se conecten más y mejor con la comunidad y se comprometan más con el desarrollo del país, la productividad, la equidad y la justicia, entre otros aspectos.
Si bien ha invitado reiteradamente a que “hay que sentarse” a analizar las distintas propuestas de reforma (una de ellas sería la que presentaría el propio Ministerio) que surjan en diversos escenarios, especialmente el Congreso de la República, no ha dicho exactamente ni quiénes, ni cómo, ni cuándo se hará esta tarea.
Solamente ha avanzado en pedir un ajuste del artículo quinto de la Ley 30 actual ( “La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso”), en la intención de que quede explícita la decisión nacional de que la educación superior sea considerada como un derecho, a fin de que esto dé soporte legal a la gratuidad y universalidad, entre otros aspectos.
Pero una reforma integral de la Ley 30, se cree, debería ser aquella que signifique “volver a barajar” y sentarse con todos los actores del sistema para responder a la pregunta de ¿cuál es el escenario normativo de base en el que estamos de acuerdo, para garantizar que la educación superior responda a las necesidades y expectativas que como país tenemos?.
Y eso no se logra únicamente con modificar unos pocos artículos de la Ley 30 y ni siquiera con usar la “aplanadora” legislativa de un nuevo gobierno que se encuentra en su cuarto de hora para hacer reformas.
Además, porque la reforma a la Ley 30 no es la primera en las prioridades del nuevo gobierno, y porque cuando ésta llegue al Congreso (que para el ministro será en el primer semestre del próimo año), el Ejecutivo habrá sufrido un natural desgaste por haber impulsado la reforma tributaria y otras.
Volver a barajar
Hablar de “reforma integral” lleva a pensar en un rediseño del sistema de educación superior no sólo para que responda a los retos que la modernidad le plantea, sino para que haya una debida articulación y temas como calidad, cobertura, inclusión, titulación, matrícula y relación con otros sectores sociales, entre otros, cobren real sentido y consistencia y no sean, como pasa actualmente, una colcha de retazos. Un sistema articulado por su misión y procesos, y no por leyes, con la educación básica y media, la educación para el trabajo y la informal.
Por lo mismo, no se trata solamente de ajustar la financiación de la educación superior pública, sino también dar respuesta, como país, a los apoyos a cientos de miles de jóvenes que estudian en las IES privadas. Y ambos temas conllevan a otro: cómo asegurar el aumento de la cobertura, en consistencia con la oferta de gratuidad y universalidad con calidad?, y cómo responder -sí o no- a las diversas promesas del presidente Petro de construir nuevas sedes universitarias.
También se trata de definir -sin paños de agua tibia- si el Icetex sigue o no; de sentarse con el SENA, Mintrabajo y las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano para integrar, de una vez por todas, los niveles de formación, competencias y articulación con los programas de educación superior; para dar vida -por fin- al Marco y Sistema Nacional de Cualificaciones; de responder si se apoya o entierran las IES técnicas y tecnológicas; de revisar los alcances de las políticas de bienestar, de intervención del Estado en los Consejos Superiores y Directivos; de recomponer al CESU; de definir claramente, en vez de esconder la cabeza, frente a la oferta de programas e IES extranjeras; de hablar francamente sobre si se necesita o no la Superintendencia de Educación, si Inspección y Vigilancia del Ministerio hay que cerrarrla o, por el contrario, darle más dientes; y, por qué no, de revivir el debate sobre el lucro o no para evitar la doble moral de algunos, la evasión de otros y la salvaje competencia que está quebrando IES por su pobre calidad, entre otros.
Y eso que aquí no se ha entrado en el debate sobre el desarrollo curricular, la autonomía en todas sus dimensiones, el urgido replanteamiento del Sistema Nacional de Acreditación y la contribución real de la educación superior con el mercado laboral y la construcción de país, por citar otras dimensiones que deben abordarse.
La cultura del sector, los múltiples actores, la dificultad de consensos, la falta de claridad y liderazgo del Ministerio al respecto e, incluso, la comodidad de muchas IES, rectores y stakeholders con el stato quo, hacen muy difícil pensar en una reforma integral y pronta.
Los pasos a seguir
Para impulsar una tarea de estas dimensiones, se requiere un Ministerio de Educación que ejerza un mayor liderazgo e influencia en el sector, que pase de las reflexiones a los hechos, y que nombre un “gerente” de la reforma, capaz de convocar el diálogo, de sentar a los diversos sectores, de negociar con el Congreso y de vender los beneficios de la misma a la opinión pública.
Y, por ahora, entre el equipo responsable de los temas educativos, no parece existir la experiencia y competencias requeridas para esta labor. El SUE por su lado y la Red TTU, por otra, intentan mover sus contactos; las asociaciones están desligadas del debate; y no hay agenda sectorial sobre la mesa.
Así las cosas, el escenario se mueve entre la gran expectativa o una mini-reforma en la que, con apoyo del Congreso, se reforme la Ley 30 únicamente en sus artículos 86 y 87, para asegurar más recursos, calmar al SUE y a la Red TTU, y avanzar en -por lo menos- ese tema, que es el único en el que hay consenso.
