Junio 27/23 Mineducación, representantes del gobierno en las IES y estudiantes avanzan en propuestas. Hasta los congresistas hablan del tema. ¿Y los rectores? Hasta ahora se están “pellizcando”.
Mientras que gran parte del sector anda de vacaciones, Mineducación parece no detenerse en su afán de presentar una propuesta de reforma a la Ley 30/92.
La “amenaza” de retiro que el presidente Petro habría hecho a la ministra Aurora Vergara cambió el tono, la intencionalidad y la velocidad con la que la titular de la cartera educativa decidió meterle acelerador a la cacareada, desde 2022, “reforma integral” a la Ley 30 de 1992.
Tanto el presidente como la ministra han dicho que a partir del 20 de julio se presentará la reforma a la Ley 30. ¡En menos de un mes!
Hasta antes de esta nueva dinámica tras el anuncio gubernamental, el sector poco o nada le había creído a una verdadera reforma integral de la norma, y se asumía que todo terminaría siendo un ajuste en los artículos 86 y 87 de la norma, y nada más.
Es como si el sector (concretamente los rectores y las asociaciones) consideraran que, salvo el modelo de transferencias del Estado a las IES públicas, el resto de la Ley 30 funcionara y no necesitara reformas.
Una apuesta adicional es la de los movimientos estudiantiles y profesorales quienes claman por mayores espacios de participación suya en los cuerpos colegiados, así como más y mejores espacios de bienestar. Asimismo, avalados por el discurso del “Gobierno del Cambio”, universalizar el acceso, convertir la inclusión de todos los públicos en norma sectorial y adoptar prácticas de derechos humanos, entre otros aspectos.
¿Y las propuestas de los rectores?. La respuesta, a la fecha a pocas semanas del inicio de la nueva legislatura, es: ninguna. Por lo menos, hecha pública. Ni el SUE, ni ASCUN, ni ACIET, Ni ACESAD, ni la RedTT, ni las redes regionales, ni las mini-alianzas de IES y, menos aún, rectores de forma individual, han dado a conocer al sector propuestas formales de nuevo articulado, otras formas de abordar la reforma o problemáticas específicas, pese a que desde hace más de una década Colombia viene hablando de la necesidad de reformar dicha ley.
Ni siquiera en la, creada por Mineducación, Mesa de Diálogo Permanente por la Educación Superior ni en los distintos diálogos regionales que se vienen haciendo, se han ventilado estos temas.
La articulación con los otros niveles educativos (la interacción con la Ley 115 de 1994 y otras leyes sectoriales), el eterno debate sobre el difícil diálogo con el mercado laboral, la necesaria integración global con otros países, la oferta de IES extranjeras, la virtualidad, la oferta no formal, la responsabilidad de las universidades con los egresados, la reconfiguración de los órganos colegiados de definición de política pública en educación superior, el financiamiento de estudiantes de IES privadas, acciones institucionales de fomento, integración sectorial, articulación con actores de otros sectores, nuevos alcances de la investigación universitaria, el alcance de la formación para toda la vida, las expectativas de las actuales generaciones de estudiantes, nuevas dimensiones-exigencias de compromiso social de los egresados, recomposición de la oferta-cobertura y pertinencia de programas, y hacia dónde debe dirigirse el sistema en los próximos años, entre otros muchos más aspectos claves, NO han sido puestos en el debate público para una posible y deseada reforma integral a la Ley 30 de 1992.
Por el momento, y solo hasta ahora, los rectores de ASCUN se han reunido, de emergencia (foto), para analizar posibles dimensiones para una reforma.
Al parecer, los afanes gubernamentales, el interés político y mediático por responder a la propuesta presidencial y la ausencia de debates rigurosos al respecto, están llevando a que los rectores solo piensen en cómo “blindar” a sus IES frente a posibles nuevas normas sorpresivas, que a construir propositivamente el sistema deseado.
Ojalá el sentido común de una seria y técnica construcción colectiva supere los afanes políticos.
