Junio 27/23 Mientras que el gobierno invita a la comunidad a participar en la reforma de la Ley 30/92, y el sector aún desconoce sus dimensiones, la ministra de Educación ya tiene su “cerebro” para redactar el texto que presentaría al país a partir del 20 de julio.
Se trata de José Darío Sáenz (foto), licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Cali, sociólogo, quien ha trabajado por muchos años en el Departamento de Estudios Sociales de ICESI (en Cali), en donde compartió escenario académico con la hoy ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa.
Es Doctor en Ciencias Sociales con énfasis en Estudios Políticos de la Universidad FLACSO, Ecuador. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana y en Sociología de la Universidad del Valle; cuenta además con una Especialización en Teoría y Métodos de Investigación Sociológica de la Universidad del Valle. Fue Director de la Maestría en Estudios Sociales y Políticos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Icesi.
Fue Director Académico de la Fundación Ser Humanos (ONG), y profesor del Programa de Sociología, en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Sáenz también dirigió la maestría en Educación de ICESI, desde donde ha trabajado en el análisis de prácticas educativas e interacciones culturales en diversos escenarios. Al respecto ha publicado diversos trabajos académicos. El más identificado se llama Élite política y construcciones de sociedad.
Ahora asesora a la ministra en la propuesta que, se espera, trabaje con rectores y recoja experiencias, analice diversos proyectos de ley y defina las líneas esenciales de política pública que debiera tener el texto que se trabajará.
El sector no conoce a Sáenz como experto en educación superior, así como tampoco conocía a la ministra cuando el entonces titular de la cartera, Alejandro Gaviria, la eligió para ser viceministra de Educación Superior.
La existencia de un “estructurador” de la propuesta de reforma, desconocido para el sector, que no ha interactuado activamente con éste, y a tan pocos días del inicio de la nueva legislatura, genera preocupación, pues se teme que, como pasó en 2011 cuando la entonces ministra María Fernanda Campo presentó una propuesta de articulado, de un momento a otro, sin consulta sectorial y redactado desde una oficina del Ministerio, se genere una inconveniente reacción.
Igual, es posible que políticamente la ministra y el gobierno sepan reunir las expectativas del movimiento estudiantil y profesoral, y anuncios de gusto para los políticos (gratuidad y cobertura), pero claramente esa no es la única alternativa, verdaderamente integral como se ha dicho, para responder a lo que necesita la educación superior.
