Sept 25/23 No es una historia nueva. Pasan los meses y la U. Autónoma del Caribe tiene descubiertos en seguridad social a muchos de sus empleados, a quienes no atienden las entidades de salud, y Mineducación dice que no puede entregar la información.
Son entre 600 y 700 colaboradores, entre docentes y personal administrativo que llevan meses sin que la Universidad Autónoma del Caribe, en cabeza del rector Mauricio Molinares Cañavera, esté al día en sus compromisos de seguridad social.
El propio rector reconoce la crisis financiera de la Universidad, que ha llevado a que los empleados tengan que rebuscarse para lograr que los atiendan las entidades de salud.
Las denuncias han arreciado estos días, y el propio rector tuvo que salir a emitir un comunicado el sábado 23 de septiembre, en el que reconoce las dificultades (es decir, el incumplimiento), y el acuerdo que logró con la EPS SURA para que ésta pueda reactivar sus servicios de atención a 320 de los empleados afectados.
Es decir, habría un poco más de 300 empleados que hoy NO cuentan con respaldo en su salud, y la Universidad no da respuesta de cuándo ni cómo lo hará.
Pese a que esta situación lleva meses (años, mejor), y a que la Subdirección de Inspección y Vigilancia conoce bien la información, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NO DA INFORMACIÓN SOBRE LO QUE PASA REALMENTE EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE.
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Tras los reclamos públicos de los sindicatos, en mayo pasado, se realizó una visita del Ministerio, entonces ordenada por la viceministra de Educación Superior, Ana Carolina Quijano y hoy, cuatro meses después, se desconocen los resultados de la intervención, sobre lo administrativo y financiero, pues el problema no es sólo en el retraso en los pagos en seguridad social, sino también por las denuncias de venta de activos de la Universidad, bienes hipotecados y polémicos contratos de la rectoría y el consejo superior.
Llama poderosamente la atención que pese al historial de la Universidad, los escándalos mediáticos, el mensaje de un gobierno que abiertamente dice luchar contra la corrupción y el reconocimiento del propio rector de la crisis financiera, pasan los meses y no sucede nada, salvo el silencio del Ministerio. Por ello, el Sindicato de Trabajadores SINTRAUAC dice que “siguen las mismas prácticas de los pasados gobiernos, la negligencia, omisión, y alianzas entre el Ministerio de Educación y las mafias que trafican con la educación, estableciendo un pacto de silencio entre ellos, para no publicar los informes que llevan consigo los hallazgos encontrados producto de la investigación mencionada”.
Esto porque no convencen las respuestas que desde la subdirección de Inspección y Vigilancia se han dado a las diferentes peticiones del sindicato, incluso respaldadas por jueces que fallaron a favor del sindicato tutelas y definieron acciones de desacato del Ministerio.
Luis Fernando Salguero Ariza, subdirector de inspección y vigilancia (e), y quien viene laborando con el Ministerio desde gobiernos anteriores (y entre otras, fue inspector in situ de la U. Autónoma de Colombia, otra con serios problemas, y con este gobierno ha sido hasta viceministro (e) de Educación Superior), ha debido responder a por qué el despacho del Ministerio dejó vencer términos para responder. Según Inspección y Vigilancia, están a la espera de conocer la respuesta de la Universidad a sus informes, preparados por la inspectora In Situ, Diana Lucía Barrios Barrero.
Ver el informe en el que se dice explícitamente que “durante varios periodos, UNIAUTÓNOMA continúa con el pago extemporáneo del pago de aportes al sistema de seguridad social, situación que debe ser revisada por la institución de educación superior de forma inmediata con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones que como empleador le corresponde. Asimismo, y una vez se consoliden los acuerdos con las EPS, se insta a la institución para que dé cumplimiento a los acuerdos conciliatorios garantizando con ello el cumplimiento del derecho a la salud que le asiste a los trabajadores y sus familias. Información que deberá ser comunicada al Ministerio de Educación y Trabajo”.
No obstante esta realidad, según Inspección y Vigilancia, “la visita realizada a la institución los días 18 y 19 de mayo de 2023, no fue en el marco de una investigación administrativa, sino una actuación preventiva, en concordancia con lo establecido en la Ley 1740 de 2014”. Asimismo, dice el Ministerio, en este caso, “no toda información puede ser pública y, por lo tanto, susceptible de ser revelada, toda vez que en algunos eventos dicha información tendrá el carácter de semiprivada, privada o reservada, lo cual implica a su vez que solo podría ser obtenida por orden de autoridad administrativa, judicial según sea el caso”.
Es sorprendente la demora del Ministerio de Educación Nacional para dar una respuesta a la comunidad afectada. Aunque la Universidad Autónoma del Caribe es una entidad privada, su servicio educativo es público, y está bajo su inspección y vigilancia.
Su demora, silencio y falta de consideración humana con esta comunidad son reflejo de desconocimiento y negligencia, para no pensar en otras cosas.
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